Iberdrola deberá indemnizar con 12.000€ por daños morales a una pareja de inmigrantes ecuatorianos con una hija que padece una enfermedad degenerativa muy grave a la que cortó la luz en su casa de Torrevieja al detectar una manipulación del contador, según una sentencia a la que ha tenido acceso Efe. Los perjudicados recibieron en enero de 2011 una factura por importe de 1.311 euros en la que se hacía constar un “cargo por expediente de inspección”, pero no la abonaron tras comunicar a la empresa su disconformidad.

El exdirector de un colegio japonés fue condenado el viernes a dos años de cárcel en suspenso suspendida por haber tomado fotos de unos 12.000 encuentros sexuales pagados con mujeres, incluyendo a tres menores de edad, durante varios viajes a Filipinas.

En el conjunto del año solo conseguirá recaudar 12.000 millones, la mitad de lo presupuestado. ¿Por qué va tan mal la recaudación de Sociedades? No sólo los últimos cambios del Gobierno explican el agujero, los asesores fiscales creen que también se debe a que las empresas tributan en otros países por muchos de sus ingresos.

Alberto Ruiz-Gallardón tendrá su retrato al óleo en la sede del ministerio de Justicia, cuya cartera ocupó hasta su dimisión, presentada en septiembre de 2014 después de que Mariano Rajoy le desautorizara en público y retirase su anteproyecto sobre la reforma de la ley del aborto. La subsecretaría del ministerio de Justicia, comandado en la actualidad por Rafael Catalá, ha encargado la realización de la obra al artista jienense Francisco Montañés, al que abonará 12.000 euros por el retrato del ex ministro...

El Constitucional ha multado con 12.000 euros diarios al número 2 de Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, y a los síndicos electorales encargados el seguimiento del 1-O, con lo que ha aplicado por primera vez la reforma legislativa que le permite imponer sanciones a altos cargos independentistas.

El pensionista falleció el primer día de 2020, pero el funcionario que registró su muerte no actualizó el año y la anotó erróneamente a día 2 de enero de 2019. Al retirar los fondos, además, se generó un descubierto en la cuenta. «No nos informaron de nada ni preguntaron si los datos era correctos, y sólo fuimos conscientes de la retirada cuando el banco nos informó del enorme descubierto». La Seguridad Social les deriva ahora al Ministerio de Justicia ya que la responsabilidad en el registro erróneo de la fecha es de ese departamento.

Sobre esas 12.000 víctimas reportadas esta mañana, los motivos podrían ser varios, según el doctor: “Una parte de ellas puede ser por no acudir a tiempo al hospital o por miedo al contagio. En otros casos, por la saturación de los hospitales que pudo llevar a los pacientes a pensárselo dos veces antes de saturarlo más. Esa saturación vivida en algunos centros obviamente no favoreció la situación de nuestros mayores”.

Según la investigación llevada a cabo por epidemiológos de la Universidad de Texas en Austin (EE UU) la pandemia estaba mucho más extendida en su epicentro (Wuhan, China) semanas antes de que el gobierno chino cerrara la ciudad el 22 de enero, con, supuestamente, 422 casos. Pero, extrapolando los datos de los frotis

Así lo ha asegurado este miércoles el coordinador del Programa de Vigilancia y Control del Departamento de Salud y de Osakidetza, Ignacio Garitano, durante una rueda de prensa en la que ha expuesto los datos del último informe epidemiológico de la pasada semana.

El Ayuntamiento de Getafe denuncia el abandono de doce mil pruebas de antígenos por parte de la Comunidad de Madrid. Los tests, provistos para cribados masivos, aguardan desde hace dos meses en dependencias municipales, según el Consistorio. Desde la consejería de Sanidad aseguran que la devolución de ese remanente es responsabilidad de las entidades locales. La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, afirma que las autoridades regionales se han desentendido de las pruebas sobrantes en los cribados. "La logística la puso el Ayuntamiento…

El presidente del Gobierno hizo este lunes una encendida defensa de la OTAN, y en concreto del aumento del gasto en esta materia, que a su juicio debe acometer España ante las amenazas que se presentan y dado que "la seguridad no está garantizada de forma indefinida". Una cantidad, que pasará del 1% actual del PIB, al 2% de aquí a 2030, es decir, aproximadamente algo más de 12.000 millones de euros.