La Fiscalía Anticorrución acusa de delitos relacionados con la corrupción urbanística al expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y a los empresarios Enrique Ortíz y Ángel Fenoll en el escrito que ha presentado hoy por el llamado caso Brugal.

El 'caso Gürtel' no es el único frente judicial que tiene abierto Enrique Ortiz. El empresario se enfrenta a 17 años de prisión por el caso Brugal en el que se va a sentar en el banquillo junto con él expresidente de la diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, para quien el fiscal pide 16 años de cárcel. El Ministerio Público les atribuye los delitos de cohecho, prevaricación, información privilegiada, tráfico de influencias y fraude. Relacionada con: www.meneame.net/story/empresario-enrique-ortiz-confiesa-financiacion-i

Radio Alicante ha tenido acceso a las grabaciones del causa sobre el Plan Rabasa, vinculado al caso Brugal. "Tres parcelas. Tíntamelas de azul" declaraciones de Enrique Ortiz a Sonia Castedo en el Plan Rabasa, caso Brugal

El titular del juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada, juzgará a dos exalcaldes de Alicante, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, además de al empresario Enrique Ortíz y a otros imputados por el llamado caso Brugal.

El 19 de enero se tendrá que sentar ante el juez por dejar sorda a una mujer supuestamente de un golpe; y hoy su nombre aparece relacionado con el ‘caso Brugal’. Es diputada autonómica y su participación en las próximas elecciones pende de un hilo pese a contar con el pleno apoyo de Fabra

El exregatista olímpico y exconcejal del PP del Ayuntamiento de Alicante Francisco ‘Kiko’ Sánchez Luna ha sido condenado a 2 años, 9 meses y 1 día de cárcel por irregularidades en la adjudicación de instalaciones de telecentros en la zona norte de la ciudad, en 2009. Sánchez Luna, campeón olímpico en la clase 470 de vela en los Juegos Olímpicos de Barcelona’92, fue concejal de Alicante de 2007 a 2011, en la etapa como alcalde del popular Luis Díaz Alperi, imputado en la rama del caso Brugal sobre el presunto amaño del Plan General de Ordenación

El Ministerio del Interior no apuesta por la Brigada de Blanqueo de Alicante, un grupo policial que acarrea sobre sus espaldas casi una treintena de investigaciones judicializadas relacionadas muchas de ellas con la corrupción, como el caso Brugal, cuya instrucción -sobre una trama política y económica con ramificaciones en toda la provincia y que se divide en 20 causas judiciales- acumula ya siete años de diligencias atascadas.

El caso es que toma la palabra, Manolete, Manolete… Acusa una ronquera que pretendía ser reflejo de campechanía y, sin embargo, con el tiempo es más una flema de poder, una flema autosuficiente, una flema con convicción igual que la de Rita Barberá. La Castedo no es de las que intenta escupir el moco por la mañana, es más de restregarse la cara con la toalla sin arrepentimientos.

La diputada del PP en Les Corts Valencianes Elisa Díaz, hija del exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, ha asegurado este jueves entre sollozos que se paga su vivienda y ha reivindicado que es “una persona normal”, que se compra la ropa en tiendas de oportunidades y en rebajas, y que no gasta lo que no tiene.La diputada se ha pronunciado así tras publicarse que el promotor Enrique Ortiz dio a su padre 174.000 euros en octubre de 2008 para pagar la vivienda que ella tenía en Alicante,

El instructor de la rama del caso Brugal sobre las supuestas ilegalidades en la urbanización del barrio de Rabasa, mantiene la legalidad de las escuchas telefónicas que desvelaron esta causa, a la espera de que la Audiencia Provincial se pronuncie definitivamente sobre este asunto. En esta pieza separada del Brugal están imputados, entre otros, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, el empresario y constructor Enrique Ortiz, el gerente municipal de Urbanismo, Enrique Sanus, y la responsable jurídica de ese área.

La alcaldesa de Alicante, la popular Sonia Castedo ha asegurado que su imputación en dos de las ramas del caso Brugal por presunta corrupción urbanística no se refieren a ningún delito económico personal suyo. Se le atribuyen los supuestos delitos de revelación de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencias en la rama del Brugal sobre el presunto amaño en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana y de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias en la investigación sobre las presuntas irregularidades en el plan Rabassa.

"No, no y no" es, en un resumen muy sucinto, la respuesta de la Fiscalía Anticorrupción a las cuestiones previas de la defensa que pedían la nulidad de las escuchas en la rama oriolana del Caso Brugal en un litigio que vive esta semana su tercera y cuarta sesión de juicio oral.

Cuarto y último día de declaración del inspector de a UDEF en Alicante, en el juicio del Caso Brugal. La última intervención del que fue supervisor y coordinador de las pesquisas para averiguar posibles amaños en los contratos de la gestión de las basuras de Orihuela: " A veces, ni ellos entendían. Estaba claro que no era un lenguaje habitual entre ellos".

La semana pasada comenzó el juicio del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja, la última gran causa dentro del caso Brugal, el macroproceso de corrupción que ha marcado la actualidad provincial de la última década y que mantiene a la comarca sin un plan integrado de gestión de su basura

Una juez ha acordado procesar a 35 personas dentro de la rama del caso Brugal relativa a las supuestas ilegalidades en la adjudicación del servicio de recogida de residuos urbanos de Orihuela, entre ellos a los exalcaldes del PP Mónica Lorente y José Manuel Medina. En el Auto, la juez de Primera Instancia número 3 de Orihuela aprecia indicios de, entre otros delitos, cohecho, prevaricación, negociación prohibida, fraude, coacciones y tráfico influencias.

La Abogacía del Estado ha presentado un escrito de alegaciones en el que pide a la Audiencia Provincial la nulidad de las intervenciones telefónicas policiales que dieron origen a la rama del caso Brugal sobre las supuestas ilegalidades en el plan urbanístico de Rabasa.

Colaboradores de Ripoll, uno de los pocos imputados que fueron apartados por Fabra en la Comunidad Valenciana, se colocan como si nada en la Diputación gracias a la formación naranja.

La Fiscalía Anticorrución acusa de delitos relacionados con la corrupción urbanística al expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y a los empresarios Enrique Ortíz y Ángel Fenoll en el escrito que ha presentado hoy por el llamado caso Brugal. En este sumario se juzgarán delitos de cohecho, prevaricación, negociación prohibida, fraude, coacciones y tráfico de influencias.

Una cámara de vídeo oculta en una alarma que se activaba desde la mesa del despacho de Ángel Fenoll en la empresa Colsur, con la que él podía controlar y grabar a quien entrara a su despacho; sobres preparados y billetes de 500 euros; supuestas cartas de extorsión bautizadas como "gaviotas"; cintas, muchas horas de grabaciones a personas influyentes que esperaban para ser usadas, audios descifrados o sin poder desbloquear.

Se leyeron declaraciones de varios empresarios de la UTE que recibió la adjudicación contrata de basuras formada por Gobancast, Sufi y Liasur, que ganó el concurso de basuras en 2009, durante el mandato de Mónica Lorente. De esas declaraciones a las que se dieron lectura, se desprendía que los empresarios reconocían, de forma más o menos directa, que Fenoll estaría detrás de la gestión de esa UTE.

Romero apuntó que "aunque (Lorente) ni figura ni interviene directamente en conversaciones o reuniones grabadas, los indicios permiten concluir que era conocedora, patrocinaba y respaldaba" las facilidades para dejar desierto el concurso de basuras anterior (que daban por ganadora a Urbaser) y las posterior adjudicación a la UTE de Sufi, Liasur y Gobancast.

El promotor Enrique Ortiz selló este miércoles en la Audiencia Provincial el acuerdo de conformidad por el que reconoce su culpabilidad en la causa sobre el supuesto amaño del Plan General de Alicante (PGOU). Con esa rúbrica, el empresario certifica su confesión sin dar un paso atrás, lo que traslada toda la presión sobre el resto de los procesados. Entre ellos, los exalcaldes del PP, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo. Rel: www.meneame.net/story/piden-comision-investigacion-determinar-hasta-do