Veinticinco policías locales de Palma, entre quienes se encuentran algunos de los acusados del caso Cursach, el mayor caso de corrupción de Mallorca, han lanzado una página web en la que vierten acusaciones contra los investigadores del caso. Se trata de la plataforma digital de la asociación Víctimas de Arbitrariedades Judiciales (JAVA), heredera del Movimiento 27N, que ya impulsó las manifestaciones en la calle contra el anterior juez del caso, Manuel Penalva, y el fiscal Miguel Ángel Subirán bajo el lema "contra la corrupción judicial".

Una testigo que colabora en la investigación de la trama corrupta en la Policía Local ha asegurado que el expresidente del PP de Palma, José María Rodríguez, y el diputado autonómico Álvaro Gijón, asistían a fiestas con droga y sexo en una finca propiedad de Cursach o en prostíbulos. Según este testimonio cada lunes se organizaban partidas de póker en la finca Puntiró, propiedad del empresario Bartolomé Cursach, , y que cuando concluía la partida "había auténticas bacanales".

Constantes seguimientos, pintadas amenazantes o insultantes en la puerta de su domicilio, un vehículo quemado, maniobras que buscan desacreditarle... Son algunos de los hostigamientos que el juez Manuel Penalva, que instruye el caso Cursach, ha denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ante estos hechos, el órgano judicial ha admitido a trámite este jueves la petición de amparo del magistrado, que actualmente es titular del juzgado nº 12 de Palma. En el escrito que Penalva presentó ante el CGPJ, el juez denunció

El juez instructor del caso Cursach, Miguel Florit, ha ordenado la devolución de los teléfonos móviles y del material informático requisado a dos periodistas de Diario de Mallorca y Europa Press el pasado 11 de diciembre para averiguar el origen de varias informaciones que publicaron sobre ese caso. Los dos periodistas han sido requeridos vía telefónica para que recojan sus móviles, si bien la defensa que les representa solicita que la resolución "se notifique en debida forma"

La testigo protegida número 31 del 'caso Cursach' ha sido juzgada este jueves en un Juzgado de Palma por presuntos delitos de apropiación indebida y denuncia falsa, un procedimiento ajeno a la instrucción de la macrocausa. Durante el juicio, la mujer ha negado los hechos y la Fiscalía ha mantenido la pena solicitada, de dos años de cárcel y multa de unos 700 euros. Además, reclama que indemnice a la víctima con 3.000 euros en concepto de daño moral.

Recusación del juez en el caso Cursach,trama de la noche en Baleares en la que están implicados PP,mafiosos, policía... www.google.es/amp/m.eldiario.es/politica/Bartolome-Cursach-Palma-corro

Un año y medio de cárcel piden para Bartolomé Cursach en la sección primera de la Audiencia Provincial de Palma y 29 años a doce jóvenes en la sección segunda por una protesta antiturística. Son las dos caras de una fiscalía fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Alérgica al confeti y compasiva con magnates de la noche. Ambos juicios empezaron ayer, dos espejos en los que la justicia se mira y sale muy poco favorecida.

Cinco de los 14 agentes y mandos de la Policía Local de Palma de Mallorca juzgados por constituir una mafia policial al servicio del magnate Cursach y que finalmente fueron exonerados con el apoyo de la Fiscalía reclaman más de dos millones en indemnizaciones. La prueba de cargo en la que se escudan podría ser anulada. El día 5 de junio comienza en el Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears el juicio contra el juez Manuel Penalva, el fiscal Miguel Ángel Subirán y cinco agentes de la Unidad de Blanqueo de la Policía Nacional.

El exconcejal del PP de Majadahonda José Luis Peñas (Gürtel); el empresario José Faya(caso Arístegui); y el inspector Rubén Eladio López (caso Villarejo) tienen algo en común. Son los denunciantes de tres de los principales casos de corrupción de España. Pero también tienen en común que los tres han sufrido las consecuencias, en mayor o menor medida, de hacer públicas las presuntas actuaciones corruptas de personajes de gran influencia en la política española. La confiscación de los teléfonos móviles de los periodistas que informan del caso..

La Policía Nacional detuvo a dos agentes del cuerpo por su presunta implicación en el caso de filtración de datos de la investigación de la trama de presunta corrupción en torno al empresario Bartolomé Cursach. Fuentes cercanas al caso informaron de que los detenidos son un subinspector de la unidad de Blanqueo de Capitales de la jefatura de Palma y una antigua jefa de este grupo que actualmente está destinada en Madrid, donde se produjo su arresto.

La Agencia Europa Press, el Diario de Mallorca y los periodistas José Francisco Mestre y Blanca Pou han presentado este jueves una querella en el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares contra el juez de Instrucción número 6 de Palma de Mallorca, Miguel Jesús Florit Mullet, que fue quien ordenó el pasado martes la incautación de teléfonos móviles de estos profesionales, el registro de sus redacciones y la aprehensión de ordenadores y documentación de Europa Press, en el marco de una investigación relacionada con el caso Cursach, con

El juez del caso Cursach, Miguel Florit, pidió el registro de un año de llamadas de la delegación de la Agencia EFE en Baleares y de las comunicaciones y la ubicación del teléfono móvil de una redactora con el propósito de identificar las fuentes de una información relativa a la investigación judicial. Lo hizo con el argumento de que "todavía no está identificado el autor o autores de la filtración" de un informe fiscal.

La Audiencia Provincial de Palma ha revocado el sobreseimiento de las actuaciones contra 'Última Hora' y la entidad editora del periódico tendrá que responder ante la Justicia por un "posible delito de revelación de secretos" por no haber protegido la identidad del testigo 29, al colgar un vídeo de su declaración en el juzgado y revelar su nombre de pila. La causa responde a la denuncia de ese testigo por la "campaña de acoso, amenazas, coacciones y amenazas" que está sufriendo.

Los inspectores señalan que cambió sus declaraciones para incluir a un policía local en su denuncia y cómo este fue arrestado más tarde.

El fiscal, que será enjuiciado en unos meses y para el que la Fiscalía pide 121 años de prisión por presuntos delitos de revelación de secretos y detenciones ilegales, aporta un audio en su escrito de defensa que incide en la campaña de descrédito en su contra, propagando un policía un bulo sobre un procedimiento por pederastia. El juez Penalva y el fiscal Subirán han recibido todo tipo de amenazas, seguimientos, allanamiento de sus domicilios, robos y campañas difamatorias en buena parte de la prensa local.

La fiscalía reclama para los seis procesados más de 500 años de cárcel por presuntos delitos de revelación de secretos, detención ilegal, obstrucción a la justicia y prevaricación judicial cometidos durante el tiempo que estuvieron al cargo de una de las investigaciones más controvertidas de los últimos años en las islas. La fiscalía los acusa de cometer hasta 27 presuntas filtraciones de datos a medios de comunicación, que publicaron después la información en forma de noticia.

Tres agentes de la Policía Nacional también han sido condenados. Penalva, por un delito de omisión de perseguir un delito de revelación de secretos, en grado de continuidad delictiva, se le impone una pena de dos años de inhabilitación especial para empleo y cargo público. Al fiscal Miguel Ángel Subirán se le condena como responsable de un delito de omisión de perseguir un delito de revelación de secretos a dos años de inhabilitación.

El agente, que investigaba una de las tramas corruptas más importantes de las islas, ya ha sido puesto en libertad.El juez que ordenó requisar móviles a dos periodistas investiga un posible delito de revelación de secretos a raíz de una publicación de Europa Press.En esta noticia se informaba de que, en un informe del Grupo de Blanqueo de Capitales, se acusaba al Grupo Cursach de defraudar al menos 51 millones..

El histórico de la noche palmesana, que comenzó su trayectoria como recogepelotas en el Mallorca Club de Tenis y llegó a convertirse en el propietario de las mayores discotecas de Balears, gimnasios y hoteles e incluso de una desaparecida aerolínea de vuelos chárter bautizada con sus siglas, supo tejer sus relaciones. Durante décadas, el magnate se relacionó con sutileza con el PP y con Unió Mallorquina (UM), eterno partido bisagra.

La Sala de lo Penal considera que deben investigarse a fondo las posibles coacciones a testigos del caso contra el magnate de la noche balear. El presidente del Tribunal, Carlos Gómez, había reducido la causa a una acusación contra los investigadores de revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos

El testigo se ha quejado de la desprotección y de los insultos, amenazas y todo tipo de agresiones que sufren. Joaquín Giménez,magistrado emérito de la Sala segunda del Tribunal Supremo: "Es un tema complicado pero que hay que abordar.Los testigos protegidos a veces no se sienten respaldados por el Estado al que están ayudando,y muchas veces piensan que están corriendo un riesgo excesivo por hacer lo correcto". "La protección debería mantenerse después del proceso,ampliar la ley vigente del 1994. Una ley que viene por el problema de ETA..

La Policía ha requisado los móviles a una periodista de Europa Press y a otro del 'Diario de Mallorca'