Más del 45% de los contratos públicos de la comunidad se licitaron mediante contratos menores; Feijóo bajó el listón y “ modificó la ley de asistencia jurídica de la comunidad,ya que se eliminó sin justificación alguna,el requerimiento de concurrencia de al menos tres ofertas para los contratos menores de 9.000 o 25.000 euros”.En la la ley de transparencia “exige la publicitación de los contratos menores,sin embargo el ejecutivo gallego no lo hace con todos los contratos. De hecho no consta ninguno en organismos como Aguas de Galicia,Puertos de

Oposición y sindicatos critican que el PP traslade desde el Senado la reforma laboral de 2014 a la contratación con la Administración.La Ley de Contratos del Sector Público supera su tramitación en el Senado admitiendo sólo tres enmiendas de las más de 250 presentadas por los grupos.Las tres son propuestas del PP y darán prioridad a los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales;una empresa que contrate con el sector público no deba atenerse a las normas laborales de su sector de actividad si la compañía en cuestión goza de un conveni

Una decena de patronales de sector presiona para derogar la cláusula que las obliga a continuar prestando servicio si la Administración así lo decide. Una década de adjudicaciones de servicios públicos al mejor postor y de ajustes permanentes en la cuantía de los contratos han alimentado el miedo de los empresarios a quedarse 'atrapados' en contratos públicos sin rentabilidad alguna o prestados incluso a pérdidas.

Según datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, la comunidad de Galicia es la que más contratos públicos directos adjudica de toda España. Concretamente, se trata de un 34,73% de contratos adjudicados por esta vía, frente a tan solo un 42,10% adjudicados en modalidad abierta.

Fraccionamiento de contratos, adjudicaciones 'ad hoc' con un único pretendiente, pliegos a la carta... son los clásicos mecanismos que se utilizan para burlar los controles. El 50,62% de los contratos sufragados con dinero público desde 2009 se han tramitado como procedimiento negociado sin publicidad, el gran caballo de Troya de la contratación pública

El Tribunal de Contratación Pública entiende que esas cláusulas van en beneficio de los trabajadores y buscan una mejor prestación de los servicios contratados. Esos requisitos respetan tanto las leyes nacionales como las de la UE y no obligan a cambiar las condiciones de trabajo de las empresas. Relacionada: www.meneame.net/story/carmena-incluira-clausulas-sociales-contratos-pu

El ministro de Defensa presidió en 2011 Grupo Segur: en los tres años siguientes sus empresas se llevaron 34 contratos, frente a 19 en el trienio anterior. Segur Ibérica, del Grupo Segur, con litigios en los tribunales, se ha llevado recientemente parte del contrato para la vigilancia exterior de las prisiones. Securitas, de capital sueco, se lleva el 54% de los contratos; y Seguriber, la empresa del Madrid Arena, ha firmado 1.452 contratos.

Globalvía, la matriz del la concesionaria del tranvía de Parla, repite su estrategia en las decenas de contratos públicos que tiene en toda España: siempre plantea la modificación la alza de los contratos alegando sobrecostes imprevistos. ¿Por qué una constructora si se equivoca en una operación privada se arruina y, sin embargo, si se equivoca en una operación pública arruina a la administración? Ningún hostelero reequilibra el precio de una comida.

La Ley de Contratos del Sector Público es clara: “La adjudicación se realizará, ordinariamente, utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido”.¿Se cumple? En lo que respecta a los ministerios y, en los últimos dos años, no. Tanto en 2013 como en 2014, el 60% de los contratos se adjudicaron vía negociado, la gran mayoría sin publicidad.

La UDEF investiga a filiales de ACS por amañar los contratos públicos en Cádiz. El juez imputa a dos funcionarios del consistorio y cuatro directivos de las mercantiles por repartirse las adjudicaciones del alumbrado público de la ciudad y otros servicios vinculados.

¿Contratos públicos transparentes? En este articulo se analizan los seis grandes problemas de la transparencia en la contratación pública española. Se trata de cuestiones que la ley que se está tramitando en el Parlamento no les da solución

El 27 de marzo,la CNMC anunció 118 millones en multas a un cártel en los concursos públicos ferroviarios y pidió activar la prohibición de contratar con la Administración para sus integrantes,salvo Alstom y Siemens. Hacienda todavía no ha determinado la duración y el alcance de ese veto,que nunca se ha aplicado en España y que podría dar el monopolio del negocio a esas dos multinacionales. Desde entonces,las sociedades sancionadas de grupos como Elecnor,ACS,Abengoa,Indra,Sacyr,OHL y Comsa han seguido adjudicándose contratos,a razón de..

Los contratos se adjudicaron antes de que decidiese presentarse a las elecciones, la empresa está a nombre de su esposa

El supervisor de contratos públicos avisa del "creciente y exorbitado volumen" de contratos por esta vía y dice que "algunas Administraciones no están cumpliendo adecuadamente la obligación" de publicarlos

La ONG británica Cruelty Free International (CFI) denuncia ahora que cuatro organismos públicos españoles siguen contratando los servicios de Vivotecnia, la empresa madrileña investigada judicialmente por maltrato animal. El primer mazazo se lo llevó CFI cuando se vio obligada el pasado abril a publicar unas imágenes grabadas por una extrabajadora del laboratorio que experimenta con animales por encargos de la industria farmacéutica. En un vídeo de ocho minutos se veía sin paños calientes cómo los empleados de este centro de Tres Cantos

Los organismos estatales han aprobado en el tercer trimestre de este año 647 expedientes relacionados con contratos negociados sin publicidad, coincidiendo con la gestión del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez; unas licitaciones que se tradujeron en la adjudicación de alrededor de 400 millones de euros. Se trata de un procedimiento en el que la administración negocia directamente con la empresa adjudicataria las condiciones del contrato y el precio a abonar, sin permitir la concurrencia de otras sociedades al concurso.

Grupo Control gana la batalla por reequilibrio económico en contratos públicos ante el aumento de los costes laborales. En un contexto marcado por la guerra en Ucrania y la creciente inflación, la empresa se enfrentó a un aumento considerable en sus costes laborales, lo que puso en tela de juicio la viabilidad de sus contratos existentes. Sin embargo, los tribunales y la Junta han respaldado sus reclamaciones, reconociendo la necesidad de actualizar los precios de los contratos para compensar los impactos imprevistos de los cambios en las cond

El Consistorio madrileño ha decidido dejar en un segundo plano el precio de los servicios contratados en favor de los “valores añadidos” de las empresas,tales como la igualdad, la accesibilidad o las condiciones laborales, serán determinantes a la hora de cerrar un contrato con el Consistorio de Manuela Carmena.. en el caso de aquellas empresas cuyo componente fundamental sea la mano de obra, el equipo de Carmena pondrá el foco en la estabilidad del empleo para cerrar un contrato.. el Ayuntamiento ha creado una comisión de seguimiento..

El artículo incorpora dos documentos que analizan el marco jurídico para la inclusión de las cláusulas sociales y ambientales en los contratos públicos; a partir de la Directiva de contratación de 2014.

Primer análisis de la nueva Ley de Contratos Públicos

El Tribunal de Cuentas ha detectado, después de fiscalizar 500 contratos públicos que adjudicó el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2016, que un 42% de ellos por un valor conjunto de 227,8 millones de euros fueron negociados sin publicidad, según un informe publicado este lunes por ese organismo.

Un exhaustivo trabajo de la Fundación Civio de periodismo ha desvelado que las diez constructoras que más dinero recibieron de contratos públicos entre 2009 y 2015 sumaron casi 29.000 millones de euros, un 75% del total. Esa lista la encabeza ACS, presidida por Florentino Pérez, con casi 6.000 millones de obra pública, seguida de Acciona y FCC. Las diez están o han estado inmersas en investigaciones judiciales por sobornar a funcionarios públicos a cambio de la concesión de contratos.

El exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo cobró al menos 488.054 euros de la trama 'Gürtel' por su "mediación para la obtención de contratos y otras resoluciones administrativas favorables a los intereses de Francisco Correa", según consta en un nuevo informe de la Agencia Tributaria remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.