En un comunicado, el sindicato que lidera Unai Sordo ha calificado de "importantes" los cambios introducidos que suponen un avance sobre la legislación existente, generando que la contratación pública tenga en cuenta aspectos como la garantía de empleo o los convenios colectivos y no sólo el bajo coste. Estos criterios económicos, ha añadido CCOO, solían terminar derivando en rebajas de derechos laborales y salariales de los trabajadores, a los que se les ha degradado y precarizado sus condiciones de trabajo con la excusa de la austeridad.

La STS 12 de diciembre 2017 (rec. 668/2016), contrariamente a la doctrina consolidada de la jurisdicción social, acaba de establecer que el art. 120 TRLCSP no puede imponer la subrogación de empresa, sino que simplemente establece una obligación informativa. Supone un cambio muy importante antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público

Elimina los negociados por precio, obliga a que el proceso sea más transparente y crea un nuevo organismo de vigilancia de la contratación. Entrará en vigor a finales de febrero de 2018.

El Ministerio de Sanidad llegó a pagar más de seis euros por cada bastoncillo con tubo para hacer pruebas PCR. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos tampoco se libraron de la escalada de precios: se llegaron a desembolsar, por ejemplo, más de cien euros por una garrafa de cinco litros de gel hidroalcohólico. El rango de precios de las mascarillas FFP2 va de los 25 céntimos a los 8 euros. La primera vez que el Ministerio usó la contratación de emergencia para hacerse con ellas fue el 10 de marzo, poco antes de declarar el estado...

Acaba de entrar en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Y muchas son las PYMES que se frotan las manos. La nueva norma pretende facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas en el mercado de las adjudicaciones, donde hoy en día el 70% de los recursos son concedidos únicamente a 10 compañías.

La Ley de Contratos del Sector Público (LCSP, empieza a pillarle cariño a estas siglas) es una de las normas clave para entender, vigilar y frenar la corrupción, y a la vez una de las más complejas. Guía básica de la Ley de Contratos del Sector Público para principiantes

La brecha entre las horas acordadas y las realmente trabajadas en el sector público alcanza niveles récord. En el cuarto trimestre de 2021, el último del que se disponen datos, los empleados públicos no trabajaron un 7,1% de las horas que figuraban en su contrato. En concreto, se registraron 33,8 horas efectivas de media a la semana, frente a las 36,4 que debían trabajar: una media de 2,6 horas menos a la semana.

Varias empresas y organismos públicos advierten al Gobierno sobre las consecuencias que la medida tendría sobre su operativa cotidiana y piden reconsiderar la propuesta.

Aragón ha iniciado el procedimiento para impugnar la nueva Ley de Contratos del Sector Público ante el Tribunal Constitucional por la vulneración de las competencias autonómicas y por crear un régimen desigual para Navarra y el Pais Vasco

Desde hoy la nueva Ley de Contratos del Sector Público, la norma que reforma la contratación pública con nuevas obligaciones de transparencia, la eliminación de los procedimientos negociados por precio y la creación de un organismo de vigilancia, está en vigor. Con la aprobación de esta ley, España cumple la transposición de las directivas europeas aprobadas en 2014. Eso sí, lo hace un año y medio tarde.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado en su página web la modificación de la normativa que regula las condiciones de contratación en el sector lácteo, que a partir de este miércoles, 12 de enero, inicia el proceso de audiencia e información pública. La iniciativa tiene por objeto facilitar que los contratos de compra-venta de leche cruda entre la industria y los productores se ajusten con rapidez a los incrementos en los costes de producción que de manera sostenida se vienen produciendo en los últimos meses.

Calviño asegura que se está ayudando a las empresas con liquidez..... Pero descarta pagar las nóminas de los trabajadores en lo privado. Nadia Calviño, ha rechazado este miércoles que la "solución" a la crisis sanitaria sea que el sector público "mastodóntico" reemplace "completamente" el funcionamiento del sector privado, tras la propuesta de Vox de que el Estado pague las nóminas de los trabajadores del sector público y privado durante tres meses, y en su lugar ha abogado por apoyarlo, especialmente a los sectores más directamente afectados.

Por primera vez desde el comienzo de la crisis el sector privado en España invirtió en el último año más en Investigación y Desarrollo que el sector público, según un informe que ha presentado la Fundación Cotec en el que se constata que la inversión en I+D en España no ha parado de caer desde 2008. Durante el año pasado, España dedicó a I+D 13.012 millones de euros, el 1,24 % del PIB, 380 millones menos que en 2012, cuando el gasto llegó al 1,27 % del PIB. La mayor parte de este gasto (el 53,3%) se llevó a cabo en el sector privado.

El presidente de Mercadona, Juan Roig, defiende el papel de la empresa privada en la evolución económica del país. "Los empresarios son los que crean la riqueza y los puestos de trabajo". En esta línea, puso en valor al sector privado, que considera que "gestiona mejor que el sector público. A nivel social, el sector público es necesario para garantizar una mínima cobertura en sanidad, educación y justicia, pero, cuanto menos peso tenga, mejor".

Los organismos públicos aprovechan los límites de la figura de los contratos menores para adjudicar contratos sin pasar por concurso público.

Por primera vez en la historia de la democracia española, el peso del sector público superará al del sector privado al escalar a un 51,5% sobre el PIB, según las previsiones del Gobierno. Ni antes de la Transición, ni en la durísima crisis financiera mundial, con epicentro en 2012, se alcanzó ese nivel, llegándose en el citado ejercicio a un techo del 48,1%. De hecho, solo en el último año, el gasto público sobre el PIB ha crecido nada menos que en diez puntos porcentuales.

Por primera vez más hay más empleo temporal en el sector público que en el privado, un “abuso” encubierto por las administraciones que se salta las leyes europeas.

El intervencionismo público sigue ganando peso en el PIB en detrimento de sectores competitivos ante la ausencia de reformas. Las administraciones públicas, ajenas a la libre competencia y con tasas de productividad muy por debajo de los demás agentes económicos, se han convertido en la segunda actividad de la economía española desde el lado de la oferta, solo por detrás de la hostelería y el comercio. Por si fuera poco, cobra distancia sobre la industria, el sector más competitivo del PIB sobre el que se fundamentan las exportaciones.

Indra Business Consulting es la única consultora que ha resultado exonerada definitivamente de la prohibición de contratar con el sector público, medida prevista en el artículo 71 de la Ley de Contratación del Sector Público, dentro del grupo de 22 compañías que han sido multadas por constitución de cártel, según informó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en una reciente resolución de expediente.

El (no) ajuste del sector público A pesar de las cifras aireadas por el Gobierno, la realidad es otra muy distintaHemos conocido hace pocos días las cifras provisionales del sector público para

También propone reformular el modelo de contratación y despido de sus empleados para que se parezca al privado. Considera que el ajuste de gasto en los Presupuestos Generales es poco ambicioso. ese a que el Gobierno lleva ya tiempo hablando de recuperación, para la patronal la época de recortes todavía no debe dejarse atrás. Y si las tijeras se siguen sacando en el sector público, mejor. El Círculo de Empresarios, presidido por Mónica Oriol, ha reclamado este lunes una reducción del peso de las administraciones públicas.

La crisis por el coronavirus ha dejado un mercado laboral insostenible. El Estado paga ya al 63% de las personas que perciben algún salario o prestación, mientras que solo el 37% restante son empleados del sector privado. La subida del paro, los Ertes, el cese de los autónomos y las pensiones supone que, en estos momentos, en España por cada asalariado de la empresa privada hay 1,7 receptores de rentas públicas.