Los españoles debemos unos 30.000 millones de euros a cinco grandes empresas eléctricas en concepto de déficit de tarifa y esa cantidad crece a un ritmo aproximado de 3.000 millones de euros anuales. Por si eso fuera poco, esta situación ha secuestrado completamente nuestra política energética y no tiene visos de solucionarse con las recientes medidas del Gobierno. La postura que argumentamos en este artículo es que ha llegado el momento de auditar dicha deuda, determinar qué parte es ilegítima y pagar sólo la que no lo sea.

España parece haber caído en la trampa de 2009. Pensar que todo está solucionado porque el banco central apoya y se mantiene la expansión fiscal. Unos piden mayor déficit -más deuda- y las agencias de calificación alertan ante la parada, o reversión, de reformas estructurales esenciales. España se encuentra ante un 2016 y 2017 complicados. La incertidumbre política ya cuesta alrededor de 2.000 millones mensuales. El propio BBVA estima un coste de la falta de gobierno estable que llega al 1,3% en 2017.