Un militar del Ejército hondureño, el gerente del departamento medioambiental de la empresa DESA y el presunto sicario fueron arrestados con "pruebas irrefutables" de su participación en el asesinato de Berta Cáceres, según el Estado El supuesto autor material del asesinato contra la lideresa indígena Berta Cáceres ha confesado a las autoridades su participación en el hecho, según ha publicado el periódico local El Heraldo.

El informe, titulado "Represa de Violencia: El plan que asesinó a Berta Cáceres", señala que el crimen "fue producto de un plan estructurado por altos directivos de DESA, quienes involucraron a empleados de la empresa en acciones de seguimiento y vigilancia" de Cáceres y miembros del Copinh. Los empleados de DESA actuaron en "alianza con fuerzas de seguridad del Estado y estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado (de Honduras)", añade.

La Justicia hondureña consideró culpables a 7 de los 8 acusados por el asesinato de la líder ambientalista indígena, Berta Cáceres.Los condenados son Sergio Ramón Rodríguez, ejecutivo de DESA; Douglas Bustillo, el exjefe de seguridad de la empresa; Mariano Díaz Chávez y Henry Javier Hernández, exoficiales del Ejército de Honduras; y Elvin Rápalo, Edilson Duarte y Óscar Torres. Díaz, Bustillo y Rodríguez, fueron condenados por asesinato. Y los otros cuatro por los delitos de asesinato, y tentativa de asesinato de un testigo protegido.

Berta Cáceres fue una activista ecologista, feminista y por los derechos de los indígenas. Fue asesinada en Honduras por militares y miembros de la DESA, la empresa detrás del complejo hidroeléctrico contra el que luchaba. Su madre habla contra la dictadura respaldada por Estados Unidos.

La familia de Berta Cáceres ha reiterado que la empresa Desa, empresarios ligados al sector eléctrico, funcionarios del Gobierno y militares, entre otros, son parte de los "autores intelectuales" del crimen de la ecologista. Cáceres, quien además era coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), se oponía a un proyecto hidroeléctrico en el oeste del país a cargo de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (Desa), presunta implicada en el crimen.

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