Según informaba ayer la Comisión Europea en un comunicado, España se encuentra entre los 24 países europeos que tendrán que afrontar un procedimiento de infracción por no haber adaptado a su legislación nacional las medidas que incluye la directiva europea de eficiencia energética, aprobada en julio de 2012. La norma debería haber sido traspuesta de forma obligatoria el pasado 5 de junio.

España recuperó un 38% de las pilas y acumuladores puestos en el mercado en 2016, con lo que fue uno de los pocos países de la UE que incumplió la directiva europea en esta materia y se situó por debajo de la media comunitaria, que fue del 44%. Según datos de Eurostat dados a conocer este lunes, España se quedó en una tasa del 38% en 2016 y fue el sexto país con el índice más bajo, sólo por delante de Chipre (28%), Letonia (30%), Estonia (31%), Italia (35%) y Eslovenia (36%). El ranking está encabezado por Bélgica (71%)

El Parlamento europeo votará la semana que viene la Directiva relativa a la “protección del saber hacer y la información empresarial no divulgada”, que lleva tres años negociándose en las instituciones. Escándalos como el de los Papeles de Panamá, cuya polémica se debatirá igualmente en Estrasburgo, pueden acarrear medidas cautelares “si no sirven para revelar directamente mala praxis o delitos”.

Hoy, 18 de abril de 2016, es el último día que tienen los estados miembros, entre ellos España, para trasponer tres directivas europeas aprobadas hace dos años y que tienen entre sus objetivos hacer más eficiente, transparente y homogeneizar las normativas sobre contratación en la Unión Europea (UE). Llegada la fecha límite, España no ha hecho los deberes.

La Unión Europea sigue considerando al consumidor como el corazón del mercado de la energía, y por tanto, apostará porque el ciudadano de a pie sea auto-productor de su propia electricidad. Según Bruselas, se les va a permitir a los consumidores que autoconsuman sin restricciones indebidas, siendo remunerados por la electricidad que viertan a la red, es decir, es favorable al balance neto, y además, va a establecer nuevas disposiciones sobre las comunidades de energía para darles la posibilidad de participar en el mercado.

Entre las medidas que contemplará la futura Directiva están la creación de canales seguros para que los “whistleblowers” puedan denunciar tanto dentro de la organización,pública o privada por encima de 50 empleados,como a las autoridades. También se les proporcionará un alto nivel de protección contra cualquier tipo de represalias y requerirá a las autoridades de los 28 países que conforman la Unión que informen adecuadamente a los ciudadanos y capaciten a los funcionarios. Un estudio estimó que la falta de protección de los “whistleblowers”..

Las empresas españolas ven con preocupación la llegada de la próxima Directiva de Protección del Denunciante aprobada el pasado mes de octubre en la UE. El pasado viernes, la patronal CEOE organizó una jornada práctica para sus asociados en el que expertos del despacho Pérez-Llorca analizaron esta cuestión y dieron las claves para adaptarse a esta nueva obligación legal.

Mañana entra en vigor la Directiva de defensa de los denunciantes de corrupción, un texto legal de obligado cumplimiento también en España, que pone cada vez más difícil la tortura a la que el aparato corrupto del Estado está sometiendo a las personas que denuncian la corrupción en España

Los notarios de la UE, reunidos en el 4º Congreso de los Notarios de Europa, han subrayado la necesidad de disponer de una directiva que regule el traslado de las sedes de las empresas en el espacio comunitario. Advierten de que la necesidad de una directiva se pone más de manifiesto en un momento en el que la decisión del Reino Unido de salir de la UE "va a propiciar que muchas de las sociedades allí establecidas traten de mantener su estatuto en el espacio europeo mediante el traslado de su sede a cualquiera de los otros Estados miembros".

La Comisión Europea ha presentado una demanda contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al considerar que ha incumplido las obligaciones que dicta la Directiva Europea en relación con los planes hidrológicos de las cuencas de las siete islas de Canarias. La Comisión insta al tribunal europeo que además condene a España en costas porque considera que ha incumplido sus obligaciones al no ha finalizado la información y la consulta públicas sobre la revisión y la actualización de los planes hidrológicos de cuenca y al no haber

El tribunal constitucional de la República Eslovaca ha declarado nulas las transposiciones de la directiva europea de retención de datos a su legislación nacional, por considerar que se vulneran los derechos a la intimidad y a la privacidad de las comunicaciones que establece la constitución de Eslovaquia. [Vía Barrapunto: barrapunto.com/articles/15/05/04/2315249.shtml ]

En unos pocos años, términos como el de 'edificio de consumo energético casi nulo', 'EECN', 'edificio eficiente', 'edificio pasivo' o 'edificio de energía cero' pasarán a ser cotidianos. Europa está a favor del autoconsumo compartido, una modalidad totalmente prohibida en España, al igual que del balance neto y de mantener la figura del autoconsumidor como consumidor (no como productor) cuando no vierta a la red más de 10 MWh anuales o 500 MWh anuales si son personas jurídicas.

El 60% de los edificios españoles ha sido construido "sin ningún criterio de eficiencia energética". Lo dice el CEEC, que denuncia que, mientras todos los países europeos están trabajando ya "en las definiciones y en los documentos normativos nacionales" relativos a los edificios de consumo de energía casi nulo, el Gobierno todavía no ha elaborado su definición, "hecho que hace difícilmente alcanzable" el objetivo que marca la Directiva europea. Esta directiva establece que, a partir del 31/12/2020 todos los edificios nuevos serán consumo nulo

Este 30 de junio, siete de las 15 centrales térmicas de carbón que tiene España han echado el cierre porque las compañías eléctricas propietarias han decidido no acometer las “necesarias inversiones para poder seguir operando”, que exigía la Directiva de Emisiones Industriales (DEI), aprobada por la Comisión Europea en 2010. Es decir, este 30 de junio era el último día del plazo que tenían las centrales térmicas de carbón para realizar las mejoras ambientales exigidas por Europa.

La mayoría de sus estaciones registraron mayores concentraciones de polución por este contaminante en un año que empezó con poca movilidad por la pandemia y acabó con más atascos. Es la única ciudad española que vulnera la legislación europea en calidad del aire, denuncia Ecologistas en Acción

Josep Jover, abogado del exteniente Luis Gonzalo Segura, ha invocado ante la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 5 de Madrid, Carmen Valcarce, la Directiva de protección de los denunciantes de corrupción aprobada por la Unión Europea y que entró en vigor el pasado 17 de diciembre. Es la primera vez que se aduce ante un tribunal español este texto legal que, aunque España tiene dos años para transponerlo a la legislación española, tiene plena validez desde la fecha citada.

La Directiva Europea obliga a que las viviendas dotadas de un sistema centralizado de calefacción tengan contadores de agua y calefacción antes del 1 de enero de 2017. De momento, España solo ha llevado a cabo la aprobación parcial de alguno de los artículos de esa Directiva. Los que afectan a los contadores de consumos individuales de calor, frío y agua caliente sanitaria siguen pendientes. Un estudio de la Universidad de Alcalá acaba de revelar que las medidas permite ahorrar una media del 24,7% de consumo de calefacción.

La aprobación de la Directiva Europea de Secretos Comerciales extiende la opacidad hasta el punto de dificultar aún más la labor de los filtradores de información y desprotegerlos ante el poderío legal de las grandes corporaciones

La nueva directiva europea se vota este jueves en un parlamento dividido por dos artículos, el 11 y el 13, que han puesto en pie de guerra a los defensores de la Internet libre.

España, junto con Chipre, Hungría, Países Bajos, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia, ha recibido una carta de aviso por parte de la Comisión Europea por no haber implementado la quinta directiva contra el lavado de dinero. Bruselas recuerda que "las reglas contra el lavado de dinero son fundamentales en la lucha contra el mismo y la financiación del terrorismo".

El 50% de las masas de agua en España están en mal estado, pero la regulación actual no contempla un sistema de precios que se rija por el principio de quien contamina paga, como obliga la Directa Europea Marco del Agua.

El Ministerio de Economía y Empresa ha abierto esta semana una consulta pública para recabar la opinión de los agentes del sector audiovisual y demás interesados sobre la transposición de la directiva europea del pasado mes de noviembre que intenta ajustar la ley a la nueva realidad del mercado audiovisual.