La justicia militar ha decidido no procesar a los militares que en 2004 maltrataron físicamente a dos iraquíes detenidos en Base España, Diwaniya (Irak), basándose en el hecho de que las víctimas podrían ser terroristas. Los jueces castrenses han alegado que, de serlo, no se les aplicarían los convenios de Ginebra, el mismo argumento que utilizó la Administración de George W. Bush en Guantánamo.