El día 31, con la primera votación, empezará a contar el plazo de dos meses previsto por la Constitución hasta la convocatoria de unas nuevas elecciones, si no se consigue investir a un presidente del Gobierno. Las consecuencias son difíciles de prever, por lo desconocido de la situación, nunca antes vivida, pero en el Ejecutivo temen que si se celebrasen elecciones por tercera vez podrían despertarse muchas dudas sobre la validez del sistema y el funcionamiento constitucional.