El Pacto de Estado contra la violencia de género prevé la retirada automática de las visitas al padre en los casos en que el hijo haya sido testigo de malos tratos. La norma podría ser inconstitucional. - Nadie duda de que la violencia sobre la mujer es una lacra social merecedora del mayor reproche ni de que el menor tiene derecho a vivir en un “entorno libre de violencia”, especialmente en su hogar. Al hilo de esta cuestión, en el Pacto de Estado contra la violencia de género una de las medidas aprobadas consiste en “establecer el ...

En julio, la Comisión de Igualdad del Congreso aprobaba las bases para un pacto de Estado contra la violencia de género. En agosto, el Senado aprobaba por unanimidad lo que algunos medios calificaron como pacto de estado contra la violencia de género. El documento que aprobó la comisión del Congreso no se enviaría a la cámara alta para aprobación. Lo que aprobaron los senadores fue un documento distinto al elaborado por el Congreso, que consta de 267 medidas recopiladas de las aportaciones de 52 expertos que comparecieron en la sede del senado.

El 'Foro de Municipios por el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género', que se ha reunido en el centro cultural Matadero de Madrid este fin de semana, ha pedido "mayor claridad y autonomía" en las competencias y financiación de las políticas municipales contra la violencia machista. Todos los participantes del evento han criticado duramente la decisión del Gobierno de no incluir en ellos los 200 millones de euros comprometidos en el pacto de Estado contra la violencia machista.

Entrevista con la activista feminista Rita Laura Segato, que constata que la violencia contra las mujeres aumenta, se hace mucho más cruel y sistemática allí donde el Estado falla como en Ciudad Juárez –en México en general–, en los países de Centroamérica, u otros “Estados fallidos”. La hipótesis de partida es espectacular: estas nuevas formas de violencia machista son signo de una amplia transformación económica y política, que tiene que ver con el desarrollo de la economía informal y criminal.

La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha pedido este jueves a los poderes del Estado que no fallen para cumplir con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y para "garantizar los derechos de todas las víctimas de violencia machista".

Los gestores del movimiento creen que "el Gobierno utilizó un montaje para que se hablase de la violencia". "Condenamos lo de los adoquines pero también el exceso policial", expresan. Los abogados de los promotores de las marchas aseguran tener acreditados "malos tratos a los detenidos".

Irene Montero: Aquí mi Secretaria de Estado destrozando a quienes niegan la violencia machista y a quienes les blanquean

Más de 70 ciudades se han sumado al llamamiento realizado por 300 organizaciones y plataformas feministas para exigir al Gobierno que cumpla los compromisos de financiación para la lucha contra la violencia de género.

La Conferencia Sectorial de Igualdad, en la que están representadas todas las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, ha abordado las medidas contenidas en el Pacto de Estado, que recoge un compromiso de 200 millones de euros para su primer año de vigencia. Aunque inicialmente el anterior Ejecutivo solo había incluido 80 millones de euros en los PGE, una enmienda socialista permitió incrementar en 120 millones la dotación presupuestaria.

Los impuestos se basan en amenazas de violencia, no como parte de un contrato social.

El Estado español plantea pocas alternativas al cumplimiento de penas. La población reclusa en las cárceles europeas aumentó un 2,7% de media y por cada cien plazas se contaron 98 reclusos.

Hemos crecido con el mito de que la policía existe para protegernos y mantener la seguridad de todas las personas, incluyendote a ti y a mi, pero con el tiempo hemos aprendido que a lo largo de la historia, esta institución que se excusa en la delincuencia que el mismo sistema genera, no es más que el brazo represivo del Estado, esbirros de una élite. Donde exista opresión, existirá un policía que la use y la proteja. 1312.

Del artículo de la Wikipedia sobre el monopolio de violencia: “El monopolio de la violencia fue expuesta por el sociólogo Max Weber en su obra ‘La política como vocación’, influyendo en la filosofía del derecho y filosofía política en el siglo XX. En resumen, es el Estado el que tiene el ejercicio de la autoridad sobre la violencia en un determinado territorio. Es importante destacar que dicho monopolio debe producirse a través de un proceso de legitimación, en este caso el de la justicia y la ley."

El pleno del Congreso ha aprobado —con 278 votos a favor y 65 abstenciones— las 213 medidas para poner en marcha el pacto de Estado de Violencia de Género con el respaldo mayoritario de los grupos, excepto de Unidos Podemos y de algunos diputados del Grupo Mixto. El debate sobre el pacto de Violencia de Género en el Parlamento se centró en la prioridad de dotar de presupuesto a las 213 medidas que se proponen para erradicar el maltrato y en llamadas a Podemos para que votasen afirmativamente el informe consensuado.

El Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional (DAO), José Ángel González, ha asegurado que los casos de violencia de género y violencia doméstica han descendido un 40% desde que comenzó el Estado de Alarma en España por la crisis del coronavirus.

Para referirse en España con propiedad a la policía hay que referirse al Estado, el Estado existente es la continuación natural y sin traumas del Estado franquista. La policía, un cuerpo creado para emplear la violencia, propende por sí misma a adoptar la violencia como ideología, una violencia siempre a favor del Estado y del orden instituido.

Es habitual encontrar en los medios sucesos de violencia relacionados con la posesión de armas de fuego en los Estados Unidos. Se estima que cada año 30000 personas pierden la vida con este tipo de armas. Los derechos de posesión de armas, cuya politización y capacidad de presión han acrecentado la magnitud del debate hasta convertirlo en una de las más controvertidas cuestiones de estado y de las que más pasiones sigue levantando en la actualidad.

Iván, ex policía hondureño, dice que cambió tantas veces de casa para escapar de las pandillas callejeras que aterrorizan a su país que ya perdió la cuenta. Temeroso de que sus hijos tuvieran que unirse a estas bandas o morir, acabó sumándose a los miles de compatriotas que huyen hacia Estados Unidos. El hombre, de 45 años, está cruzando México en una caravana compuesta por varios miles de migrantes, en su mayoría compatriotas, que escapan de la violencia y de la pobreza en busca de una vida mejor en los Estados Unidos.

El Parlamento de Gasteiz ha dado luz verde a la Ley de Víctimas de la Violencia del Estado con los votos de PNV y PSE. EH Bildu se ha abstenido y PP y UPyD han votado en contra. La coalición independentista ha reiterado que la ley se queda «corta».

De acuerdo a las organizaciones para la prevención de la violencia armada en Estados Unidos, cada año, más de 17.000 menores de edad son víctimas de las armas de fuego. Mientras que más de 111.000 personas anualmente reciben disparos, resultando en muerte o lesiones graves.

Los grupos de la subcomisión del Congreso para alcanzar un pacto de Estado contra la violencia de género dan por finalizado el grueso del documento, que contiene unas 200 medidas concretas que deberán realizarse en cinco años. Para ello han aprobado un presupuesto de 1.000 millones de euros para ese plazo de tiempo, lo que supone el doble de lo puesto sobre la mesa por el Partido Popular hace unos días.

El gobernador Puerto Rico, Pedro Pierluisi, ha firmado la orden ejecutiva que declara el estado de emergencia en la isla por el incremento en los casos de violencia de género. Los colectivos feministas llevaban bastante tiempo exigiendo esta medida, petición acentuada por los más de 45 feminicidios que se produjeron en el país (3,2 millones de habitantes), durante el año 2020.

He aquí el segundo POLITEIA TV, que se grabó hace 7 meses y hasta ahora no se ha podido publicar, donde discutimos sobre la relación entre Estado, violencia y legitimidad, así como las posibilidades de acción política emancipatoria en un contexto transido de violencia estructural. Con José Sanmartín Esplugues, Jaime Paulino Cuenca, Alvaro Mur Derface y Salva Mestre.