La familia Franco pide 81 años de cárcel para los nueve militantes del BNG que protagonizaron la «toma» simbólica de la Casa Cornide, la residencia de verano de los nietos del dictador en A Coruña, como acto reivindicativo para que sea devuelta al patrimonio público. La familia Franco además de pedir 81 años de cárcel en total para los implicados, solicita una indemnización de 24 mil euros para cada uno de ellos.

Tras varias suspensiones, este miércoles se celebra en el Juzgado de Primera Instancia 43 de Madrid el juicio por la demanda planteada por los siete nietos del dictador Franco contra el programa de televisión 'En el punto de mira' de Cuatro, con el título 'La herencia de los Franco', que se emitió el 23 de julio de 2018, en prime time. Aseguran que en dicho programa se vertieron afirmaciones que suponían una intromisión en su honor y se vulneró su derecho a la intimidad, a la propia imagen personal y familiar.

La familia de Francisco Franco no señala por ahora ningún lugar alternativo a la cripta de la catedral de la Almudena. Se aferra al destino que los nietos decidieron y comunicaron en septiembre, y que el Gobierno veta por razones de seguridad y por el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Pero confirma que acudirán al Tribunal Supremo y le pedirán la suspensión cautelar del acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de febrero que dio vía libre a la exhumación del dictador. Solo si los magistrados rechazan el recurso entonces dará una

La Audiencia Provincial de Madrid ha dado la razón --tal y como hizo el juzgado número 41 de Madrid en primera instancia-- a los herederos del dictador Francisco Franco sobre las estatuas obra del Mestre Mateo, Isaac y Abraham, que se encuentran en su posesión y que reclama el Ayuntamiento de Santiago de Compostela.

La familia Ardid Martínez-Bordiú, una de las ramas de descendientes del dictador Francisco Franco, ha reducido posiciones en el sector hotelero, uno de los más golpeados por la pandemia, con la reciente venta de un establecimiento de lujo en el centro de Madrid tras lograr la dueña del inmueble el aval del Estado para algunas de sus deudas.

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña autoriza a los Franco, a través de un decreto con fecha 26 de septiembre, a la retirada de bienes muebles sobre los que, por su parte, el Estado ha reclamado que se impida que lo hagan a través de una demanda interpuesta la semana pasada en los juzgados de Madrid.

"Exhumado Franco, ahora a por el patrimonio, a por el de este sucedáneo de realeza y a por el de todos aquellos que hicieron su fortuna al calor de sus crímenes. Hemos comenzado el camino de la dignidad, no vamos a parar ahora".

La sociedad Hotelera Villapanes S.L. está representada por un bisnieto del dictador, Francisco de Borja Ardid Martínez-Bordiu, y su primo Miguel Ardid Viturro

Muestra de ello es el trasiego ocasional de furgonetas que entran y salen del inmueble. El Ayuntamiento de A Coruña ha pedido que sea declarado BIC y anuncia acciones legales

Utrera Molina, albacea de la familia del dictador, argumenta que la ley concede un plazo de dos meses para recurrir y no los 15 días que dice el Gobierno.

El Juzgado número 43 de Madrid ha declarado al periodista Jimmy Giménez-Arnau en situación de “rebeldía procesal”. Los Franco presentaron una demanda civil -además de otra querella penal que se encuentra en otro juzgado- contra Mediaset y contra varios periodistas y colaboradores por un programa emitido en Cuatro en el que se hablaba del dictador.

La apelación se opone a tres argumentos de la sentencia: el que señala que no ha quedado demostrada la entrega de las estatuas al Ayuntamiento, el relacionado a la identificación de las piezas y el que apela a la 'usucapión' para determinar que las figuras pertenecen a los Franco por el tiempo transcurrido desde que están en su posesión. Los bienes integrantes del Patrimonio histórico artístico nacional son imprescriptibles e inalienables,no se pueden comprar ni vender ni se pueden poseer por particulares a efectos de adquisición de la propied

Dos investigadores anuncian la publicación de “El expolio de Meirás”,donde desvelan cómo la casta económica que sustentó el ascenso del fascismo y que diseñó el expolio que enriqueció a la familia Franco sigue protegiendo los intereses de los herederos del dictador.Este caso representa un buen ejemplo de la incapacidad de las instituciones diseñadas durante la Transición para restaurar la democracia en su plenitud,honrando a las víctimas de la dictadura y obligando a los fascistas a reparar los daños provocados por el sistema que expoliaron..

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) espera que el Gobierno sancione a la familia del dictador Francisco Franco “por los años de uso ilegal del Pazo de Meirás y por las evidencias del saqueo que han llevado a cabo al patrimonio español”. “Los descendientes del dictador han ocupado ilegalmente un pazo que era de propiedad pública, y eso debe tener una sanción tras la devolución del mismo”, sostiene el colectivo.

El expolio no se limitó al dinero de la población. Terrenos, casas, importante patrimonio artístico o edificios históricos fueron usurpados por parte de la familia Franco, que se lucró y se sigue lucrando de todas esas propiedades gracias a una élite burguesa clave para aquel "macroexpolio". El caso más evidente de ese "macroexpolio" son los alrededor de 80.000 metros cuadrados en los que los Franco ampliaron sus propiedades fuera de los muros del Pazo y en la propia parroquia de Meirás. Decenas de terrenos y fincas.

Desde un punto de vista histórico, ha relatado Fernández Prieto esta sentencia "contiene un relato del pasado,en donde no se identifican las condiciones de una dictadura y las circunstancias políticas especiales". Asimismo es necesario que “cuando se habla de algo del pasado hay que contextualizarlo y no solo tener en cuenta la ley actual,sino el cambio de la misma,es decir,la Constitución"; menciona las leyes "pero está juzgando algo que tuvo lugar en el pasado,sin entender lo que ocurrió y sin utilizar los mecanismos intelectuales para compre

Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo presentan el libro ("Meirás. Un pazo. Un caudillo. Un expolio") en el que analizan miles de documentos y decenas de testimonios que explican cómo diseñó Franco la estructura corrupta con la que engordó su patrimonio robando bienes e inmuebles como el histórico pazo, que sus herederos siguen disfrutando hoy. El libro está repleto de casos concretos documentados y explicados que indican cómo se diseñaba y ejecutaba modus furari habitual mediante el que la familia se hacía con todo lo que se antojaba..

La familia Franco ha solicitado al Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña que se posponga la fecha del 10 de diciembre fijada para la entrega del pazo de Meirás, así como "al menos dos meses" para retirar los bienes desde que finalice el inventario. Lo han hecho en un escrito remitido al juzgado en relación a la decisión de su titular de proceder a la ejecución provisional de la sentencia por la que se les condenó a la devolución del pazo, una medida a la que los Franco avanzaron que no se opondrían.

Los Franco abandonan al fin el Pazo de Meirás tras vaciarlo de obras de arte, muebles, paredes y cimientos. Asegurando que pertenecen a su familia y que tienen un “elevado valor sentimental”, los herederos de Francisco Franco se muestran dispuestos a devolver al Estado el icónico Pazo de Meirás tras llevarse de allí “cuatro cosas” que creen que pertenecen a su familia, como las obras de arte, los muebles, las puertas, la mampostería, el cobre, las paredes, el tejado y los cimientos.