Informe de Fiscalización de la Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid (FGUPM) aprobado por Acuerdo del Consejo de la Cámara de Cuentas de 29 de julio de 2014.

Artur Mas está dando la batalla ahora en Bruselas para que los inspectores de la Unión Europea demuestren el “España roba a Cataluña”. Artur Mas se resiste a aceptar las balanzas fiscales que publicó Hacienda antes de las vacaciones. La Generalitat ha solicitado que una misión de técnicos independientes desembarque en Barcelona para calcular la deuda del Estado con la comunidad.

Los países ricos estudian una nueva estrategia para que las grandes empresas no esquiven las garras de sus respectivas Haciendas.

Los siete consejeros propuestos por el PP imponen su mayoría para que no se incluya en el programa de 2017 la revisión del dinero que la conferencia episcopal recibe del Estado a través de la casilla de la Renta. Los cinco consejeros a propuesta socialista han presentado un voto particular.

El PP ha impedido en la Comisión Mixta del Parlamento la fiscalización de las obras del Metro Ligero Oeste de Madrid y del tranvía de Murcia, en contra de la solicitud del Grupo Parlamentario Socialista.

El Parlamento Europeo tuvo en la noche del lunes la oportunidad de ser más transparente con el gasto que se hace de los impuestos de los contribuyentes europeos, pero optó por la opacidad. La Mesa de la Eurocámara descartó la posibilidad de que los 751 diputados rindan cuentas por la dieta para gastos generales de la que disponen, un total de 4.416 euros por cabeza y mes para básicamente cubrir el mantenimiento de oficinas de representación en sus países de origen.

El Tribunal de Cuentas se resiste a auditar la partida pública de las cuentas de la Iglesia como aprobó en el pleno de diciembre de 2017. El organismo ni siquiera ha comenzado a elaborar el borrador para auditar la partida pública de las cuentas de la Iglesia que se aprobó hace ya casi dos años con fuertes resistencias desde el Congreso y el propio tribunal. PSOE y UP presentaron una iniciativa en el Congreso que reclamaba la fiscalización de los fondos que recibe la Conferencia Episcopal (CEE) a través del IRPF, es decir, la partida que recib

Los clubes de Primera que optaron por presentar Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) no podrán fichar libremente. Los Ministerios de Trabajo y Hacienda inspeccionarán y fiscalizarán sus gastos, especialmente en materia de fichajes. El Gobierno tiene bajo control económico a Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla, Alavés, Valencia, Espanyol, Granada y Osasuna, que en distinto grado (ERTE o aplazamientos de pagos) se han acogido a las ayudas públicas. Pero no sólo estos ocho equipos de la elite están bajo la lupa.

La Cámara de Cuentas podrá investigar los aviones con material sanitario, los polémicos 'tratos fantasma' con Room Mate Group y los contratos de Ifema

Más de cuarenta años después de la aprobación de la Constitución no hay un desarrollo legislativo concreto sobre la familia real, lo que contribuye a que no haya una fiscalización exhaustiva de su actividad por parte del Gobierno o las Cortes

Bruselas ha impuesto al Gobierno de España el mantenimiento del sistema de fiscalización previa sobre los gastos de los ministerios que el Ministerio de Hacienda ha venido ejecutando de manera inexorable desde la crisis financiera de hace una década y que Moncloa pretendía desactivar en el marco del Real Decreto de medidas para agilizar la ejecución de los fondos europeos con el fin de sacudirse uno de los elementos que tanto los ministerios como los contratistas del Estado señalaban como más molestos del trámite administrativo de contratación

Apenas tres de cada diez ayuntamientos españoles consiguieron aprobar en sus plenos los presupuestos previstos para el año 2019 antes de que arrancase ese ejercicio. Una muestra de como el recurso a la prorroga presupuestaria se ha convertido en una práctica mayoritaria en la Administración pública, según recoge el Tribunal de Cuentas en su último Informe de Fiscalización del Sector Público Local. Los datos hablan por si solos. Apenas 1.879 municipios iniciaron el año 2019 con el presupuesto aprobado, lo que supone que el 69%