El Estado se quedará finalmente con las ocho autopistas en quiebra y riesgo de liquidación, se alcance o no acuerdo con los bancos acreedores de las vías, que soportan una deuda de unos 3.400 millones de euros, según aseguró el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. "Las autopistas revertirán al Estado y el Estado decidirá cómo gestionarlas", indicó el ministro, quien garantizó que el principal objetivo es que las infraestructuras "sigan operativas y los ciudadanos puedan seguir utilizándolas".