El Ministerio de Derechos Sociales quiere aprobar un "plan de choque" que se incluya en los futuros PGE debido al retroceso que el sistema de dependencia ha sufrido con la crisis

Lo que gastará el gobierno en 2016 para pagar la Deuda pública es el 27% del presupuesto total. Menos mal que en Seguridad Social va a gastar el 32! En la única partida presupuestaria que invierte un poco más. Por cierto, al Ministerio de Empleo el 6%, menos que en 2015.

Apenas han pasado cuatro meses de la aprobación del Cupo vasco cuando el Gobierno de Rajoy, a través de los PGE, ofrece un nuevo paquete de inversión estatal en la comunidad vasca, según el reparto comunitario proyectado en los Presupuestos Generales del Estado presentados hoy en el Congreso. En concreto el País Vasco pasará a recibir de 385'7 millones de euros en 2017 a 509, mejorando así un 32% la inversión estatal. Eso en caso de que los PGE sea aprobados.

El PP en el Senado ha presentado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por la que las instalaciones renovables de una potencia inferior a 300 kilovatios (KW) quedarían exentas de las revisiones de la retribución y de la rentabilidad razonable previstas en la ley. Se ha hecho una autoenmienda porque los PGE son los que aprobó antes de la moción de censura junto a Ciudadanos y PNV.

Parece que ya hay acuerdo previo en los PGE 2019 entre PSOE y Podemos. Entre otras medidas que incluyen se encuentra una importante subida del salario mínimo interprofesional, SMI, donde se pretende que llegue a los 1.000 euros en 2019, un aumento de 150 euros que está todavía por determinar. Y lo malo es que la subida del SMI prevista en los PGE acaba por afectar a las bases de cotización del autónomo.

Para el líder de IU, Alberto Garzón, estos PGE condena a la gente a vivir al límite y en defintiiva ayuda a combinar los contratos basura "No sirven para combatir el paro, la pobreza y la desigualdad", ha dicho Toxo.

El Consejo de Gobierno de Aragón ha acordado este martes presentar un recurso de inconstitucionalidad contra los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2016 por "vulneración de la autonomía", ha señalado el consejero de Presidencia, Vicente Guillén. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha manifestado que el recurso se presenta "después de agotarse todas las vías de negociación" con el Ejecutivo central

El principio de acuerdo entre el Gobierno y Ciudadanos para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 prevé una partida de 80 millones para subidas de sueldo de policías y guardias civiles, la mitad para tratar de equiparar a los de la Benemérita con el Cuerpo Nacional de Policía.

En la jornada del Aberri Eguna, el 1 de abril, Andoni Ortuzar, líder del PNV ponía condicionante al apoyo de la formación vasca a los PGE para 2018. El freno era 'el artículo 155'. Ortuzar afirmó que 'con el 155' no jugaban, porque 'la aplicación del 155 en Cataluña es una amenaza también para Euskadi'.

El Proyecto de Ley de los PGE 2018 en materia de Servicios Sociales, no aporta ninguna novedad importante, es imagen de las políticas de restricción en gasto social del actual Gobierno. A pesar de la recuperación económica, no se destina el dinero necesario para suplir los recortes realizados durante la crisis, y desde luego no se alcanzan los niveles de recursos previos a la crisis, lo que afecta a la cobertura que se ofrece a los ciudadanos.

Los sindicatos más representativos en Instituciones Penitenciarias (CCOO, ACAIP y UGT) han convocado, de nuevo, concentraciones en distintos centros penitenciarios del territorio nacional, que empezarán este lunes y continuarán hasta el próximo 25 de mayo, coincidiendo con el debate de los presupuestos generales del Estado, con la finalidad de pedir la incorporación de 128.211.481,62 de euros en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2018, para eliminar la brecha salarial que se produce entre los diferentes

El Gobierno ha comunicado al Congreso su rechazo al debate y votación de 250 enmiendas presentadas por la oposición al proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018, que este miércoles comienza su debate en comisión. En principio, del veto del Gobierno se ha librado la enmienda del PNV que recoge la pactada subida de las pensiones al ritmo del IPC. A las 244 enmiendas vetadas por el Gobierno, que la Comisión de Presupuestos ha conocido este miércoles, minutos antes de comenzar con el debate de Presupuestos, se han sumado otros seis

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celaá, se ha mostrado convencida de que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) saldrán adelante, pese "a los muchos obstáculos" que ponen la derecha y el independentismo. Además, ha destaca que el Ejecutivo del PSOE representa "lo mejor" de la Constitución y "la posibilidad de tener una Cataluña en España".

El Gobierno ya ha asumido su derrota. La ministra de Hacienda da por hecho que los independentistas no permitirán la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), les acusa de ponerse del lado de los partidos de derecha en la votación y, lejos de ceder en la negociación, ha dado portazo a las exigencias de las formaciones separatistas: "El Gobierno no va a admitir en ningún orden del día el derecho de autodeterminación para Cataluña", ha zanjado María Jesús Montero desde la tribuna del Congreso de los Diputados.

El Gobierno aprobará, previsiblemente este martes, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021. Recoge las principales cifras y medidas a acometer para encarar la recuperación, con un adelanto de 27.000 millones de euros de lo previsto en el Plan de Recuperación, y también recogerá la subida de las pensiones con arreglo al IPC, en torno al 0,9%, en un porcentaje similar de alza salarial para los funcionarios, un ayuda para familias monoparentales y el aumento de los permisos de paternidad de 12 a 16 semanas.

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, considera que las palabras del coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en las que apostó por apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) si es "para sacar a los 200 presos" de ETA de la cárcel, son "la cara B" de la declaración de la coalición sobre las víctimas de ETA.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha reconocido este jueves en el Congreso que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 “no es suficientemente ambicioso” para lograr una fiscalidad más justa y, por otro lado, ha comprometido la búsqueda de “garantías” para mejorar la ejecución de las cuentas en vigor y las que ahora busca aprobar para el próximo año. Así, ha asegurado que tendrán que “ser innovadores” para tratar de elevar a “niveles máximos” la ejecución tras “un año complicado”

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 tras su aprobación definitiva en el día de ayer por el Pleno del Congreso de los Diputados. Los PGE, que entrarán en vigor el próximo 1 de enero, tuvieron que ser votados de nuevo por el Congreso este martes después de que en el Senado se introdujera una enmienda sobre lenguas cooficiales, que obligaba así a una nueva votación en la Cámara Baja del proyecto de las cuentas públicas.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, ha avisado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que debe condonar parte de la deuda de Cataluña, como se pactó en el acuerdo de investidura con ERC, pese a que se haya descartado aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este 2024.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha señalado que su intención es que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género cuente con 160 millones de euros en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025. Se trataría de 20 millones de euros más que los destinados para 2024 (140 millones de euros). "Nuestra intención es que en los próximos presupuestos para 2025 lleguemos a la cantidad de 160 millones de euros", ha afirmado Redondo ante la Comisión de Seguimiento y Evaluación de las Estrategias

Esta semana se han publicado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2015, en los que la partida para ciencia pública ha vuelto a reducirse (7 millones de euros). Pero la partida para I+D militar aumenta un 43%, pasando de 506,84 millones de euros en 2014 a 726,76 millones en 2015. Más aún, el presupuesto para I+D militar en los PGE 2013 fue 363,38 millones. Es decir, en dos años se ha duplicado.

El Gobierno, en una decisión sin precedentes en toda la historia de la democracia española reciente –lo habitual ha sido entregarlos el 30 de septiembre y aprobarlos en diciembre-, ya ha anunciado que presentará en el Congreso los Presupuestos, casi acabados a marchas forzadas por Cristóbal Montoro, el 4 de agosto. Y a partir de ahí empezarán a correr los plazos.

Las enmiendas han sido presentadas por todos los grupos, salvo UPN. Los socialistas alegan que los PGE supondrán recortes en servicios públicos y derechos y que las cuentas del Ejecutivo son "malas" para los españoles. Convergencia y Unió Democràtica criticaron el menosprecio a Cataluña. Las enmiendas al articulado podrán presentarse hasta el 27 de agosto.

El PP presidirá la Comisión Constitucional del Congreso; el PSOE, la de Justicia; Podemos, la de Empleo y Ciudadanos, la de Presupuestos, según el acuerdo que han alcanzado los principales grupos parlamentarios y que ha anunciado el portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando.

La ley más importante del año son los presupuestos generales del estado. Desde que se aprobaron las normas de gobernanza europea de la Unión Europea (UE) las cuentas del reino de España, son supervisadas por la eurocracia de Bruselas y la Troika. No tiene pues el reino de España soberanía para aprobar sus cuentas, so-pena de ser sometida a sanciones, impagos de “ayudas” de la UE y multas. Por tanto afecta al Estado en su conjunto, es decir, ayuntamientos, comunidades autónomas y gobierno central.