La única razón para malvender AENA ha sido la de satisfacer a la Troika y el Gobierno debe dar explicaciones en el Congreso. A los minoritarios, cuyo ahorro podía haber justificado en parte la privatización, sólo se les reservó el 5,2% de la acciones vendidas. El Gobierno de Rajoy privatizó a 58 euros por acción lo que supone 35 euros menos de los 93 euros que valía ayer, sin hechos que lo justifiquen.

La candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, ocultó durante tres años una sociedad patrimonial y profesional que administraba junto a su marido, según publica este martes el diario ABC. Villacís, concejal del Ayuntamiento de Madrid desde 2015, ha sido administradora solidaria de esta sociedad, Iuriscontencia SL, desde febrero de 2007 hasta marzo de 2018, y no lo reflejó en sus declaraciones de 2015, 2016 y 2017, tal y como exige la Ley de Transparencia.

Ortega Smith asegura ser propietario de una vivienda en Madrid y de otra vivienda en Asturias. De la primera, asegura ser dueño del 100% del inmueble mientras que en su residencia asturiana declara ser dueño sólo del 14,3%, una séptima parte. Según ha podido saber este diario, esa declaración no se ajusta a la realidad ya que en realidad Smith es dueño del 100% de la casa en Asturias, según aparece recogido en el Registro de la Propiedad de Castropol. Pero los líos urbanísticos y de cuentas del número dos de Santiago Abascal no acaban ahí.

En este contexto, Tabarés ha recordado que, desde la reforma que entró en vigor el 12 de enero de 2023, el artículo 438 bis del Código Penal contempla hasta tres años de cárcel para las autoridades que "durante el desempeño de su función o cargo y hasta cinco años después de haber cesado en ellos, hubiera obtenido un incremento patrimonial o una cancelacióEn este contexto, ha solicitado que Feijóo, como exdiputado del Parlamento y expresidente gallego, justifique ese "incremento patrimonial de 800.000 euros" durante sus últimos años en Galicia.

Una tendencia preocupa a muchos gobiernos: antes las empresas los demandaban cuando les confiscaban directamente sus propiedades. Ahora acuden a los juzgados cuando cambios legales afectan a sus ganancias.Los tratados de inversión vigentes o en negociación tienen cláusulas que permiten a las empresas demandar a los gobiernos por una disminución de sus "expectativas de ganancias" provocada por cambios políticos o regulatorios.Utilizan un instrumento legal conocido como Investor State Dispute Settlement (Resolución de Disputas de Inversionista).