Las minas de Iberpotash en la comarca catalana del Bagés se han convertido en un problema serio para la diplomacia española en Bruselas. La Comisión Europea está a punto de abrir un dictamen motivado como paso previo a un procedimiento de infracción ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por lo que considera “un peligro para la salud de las personas” derivado de la gestión de los residuos extractivos que produce la citada empresa, filial de la israelí ICL, en los términos municipales de Súria, Sallent y Balsareny.

Cita a declarar el 29 de septiembre a l consejero delegado y el director general de medio ambiente de la empresa. También al secretario de Medio Ambiente de la Generalitat, la directora general de Calidad Ambiental y el director de la Agència Catalana de l'Aigua. El juez ha admitido a trámite una querella de la CUP por posibles filtraciones salinas al medio ambiente e irregularidades administrativas.

La Comisión Europea ha abierto este martes una investigación exhaustiva sobre las ayudas públicas que la empresa Iberpotash ha recibido de la Generalitat y del ministerio español de Medio Ambiente. La empresa Iberpotash explota varias minas en Cataluña, como las de Sallent y Súria. Según Bruselas • las las autoridades españolas podrían haber financiado los 7,9 millones de euros que costó el recubrimiento físico de un escombrera para reducir la contaminación que provocaba la empresa.

La multinacional de los fertilizantes ICL, que opera la central de potasa de Súria con cerca de 1.000 empleados, aceleró el cierre de su otra instalación debido a dos accidentes mortales en 2020 y ha sido condenada por la salinización de los pozos de la zona. “La relación laboral con ICL Iberia es siempre de un tira y afloja”, expresa Josep Rueda, representante de CCOO. “Si se hila fino siempre se podrían haber mejorado cosas”. La galería de Súria donde ha ocurrido el accidente había pasado con éxito una inspección hace tres semanas.