El PP cambió los discos duros de sus ordenadores de tesorería e intentó alterar sus números de serie, algo a lo que la empresa suministradora de HP se negó por ser ilegal. "Es absolutamente falso. Nosotros no hemos llamado a HP". Así ha reaccionado la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, a la información revelada por Público esta semana.

Esta semana, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la parte de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, de octubre de 2018 (OMS), que contiene la regulación de Madrid Central y las demás “ordenaciones permanentes”. La resolución judicial basa la anulación en un defecto de tramitación: la falta de cumplimentación suficiente del trámite de información pública. El proyecto inicial de la OMS se sometió al trámite de información pública y la modificación se introdujo en el proyecto definitivo como consecuencia de una alegación.

La Administración General del Estado está inadmitiendo, en mi opinión, indebidamente, las solicitudes de acceso a la información pública cuya materia está regulada por una legislación específica, concretamente, las formuladas por los interesados en un procedimiento administrativo en tramitación y las que tienen una regulación sectorial especial, por ejemplo, las solicitudes presentadas con los concejales y diputados, las que se refieren a temas ambientales, de contratación pública, tributos, etc.

Los votos de los usuarios de la red social Menéame han aupado a la portada de la citada web la información publicada por Ikusle sobre el periodista navarro Eduardo Inda.

El derecho a la libertad de expresión no es el único que está siendo amenazado en España. Con suma discreción y ante un relativo desinterés mediático, los avances en transparencia institucional también se están viendo afectados por decisiones judiciales y políticas que ponen nuevas trabas en el acceso a la información pública.

Aunque el potencial de los datos y la información pública es mayor de lo que normalmente imaginamos, la realidad es que difícilmente sacamos de ellos un mayor provecho, por distintos factores como capacidad, tiempo, restricciones legales o limitaciones tecnológicas.

La televisión se ha negado a dar datos sobre sus contratos con Mercury Films, la productora de Enrique Cerezo, buen amigo de José Antonio Sánchez.

Ayer recogíamos una noticia sobre una cuenta de Twitter de un grupo llamado Digital Research Team que afirmaba haber hackeado a universidades e instituciones públicas de España. Nada más lejos de la realidad, al parecer toda la información estaba ya disponible en Internet, abriendo un debate todavía más serio. Relacionada: www.meneame.net/m/actualidad/ciudadanos-quiere-saber-unos-hackers-han-

La información publicada es incorrecta. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo no tiene a día de hoy constancia de esta petición y, por tanto, no la ha admitido a trámite.

Las distintas administraciones deben conocer las cifras de puesta en el mercado de los distintos productos que generan residuos. Los ciudadanos y organizaciones necesitan conocer ese dato para poder evaluar adecuadamente el resto de información sobre residuos, incluyendo el cumplimiento de los objetivos establecidos y, en particular, para controlar adecuadamente los mecanismos relativos al abandono de basura dispersa. desde mi punto de vista, el Anteproyecto hace un flaco favor al derecho de acceso a la información en materia de residuos.

Es increíble lo que está pasando con el déficit. Estaba claro que estaban mintiendo todos estos años sobre el déficit. Si la deuda pública se triplicaba no podía ser que el déficit público estuviera bajando. El déficit nunca les importó y los partidos financiados por entidades bancarias nunca han tenido como auténtico objetivo acabar con el negocio bancario de la deuda. De hecho la han hecho crecer y crecer.

La Ley de Transparencia y Buen Gobierno, aprobada hace casi un año, establecía que el Gobierno debía aprobar en un plazo de tres meses el Estatuto Orgánico del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el organismo encargado de asegurar que se cumplan los requisitos de transparencia y de proteger el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. Esa plazo legal se cumplió el pasado mes de marzo, pero no ha sido hasta hoy que el BOE recoge, con ocho meses de retraso, este decreto.

Diversas tiendas están empezando a colocar cámaras diminutas en los anaqueles para tratar de adivinar la edad, sexo y estado de ánimo del consumidor y quizás, qué es lo que quiere comprar. El objetivo de las camaritas es obtener información del cliente para poder transmitirle en tiempo real carteles de publicidad que le sean útiles o que le convenzan a comprar ciertos productos. Las cámaras son tan pequeñas que uno probablemente ni siquiera se dé cuenta de que está siendo vigilado. Y ello ha suscitado inquietudes sobre la privacidad.

Yo me pregunto… ¿cuesta tanto tener una pagina web “decente” y accesible para los navegadores mas usuales así como imprimir los folletos correctamente. Así como tener a personal que atienda telefónicamente con los datos correctos de cada sección del hospital? ¿O es mucho pedir que los pacientes puedan acceder a los servicios públicos que se ofrecen y que pagan con sus impuestos?

La Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental, que ha difundido hoy un durísimo comunicado contra el RD Ley 20/2022, que elimina "las herramientas de salvaguarda de que se disponía para conseguir que los proyectos de energías renovables se aprobaran con unas mínimas garantías de protección ambiental y sostenibilidad, obvia el más mínimo Principio de Precaución, y hurta a la ciudadanía la posibilidad de participar en los procesos de autorización de proyectos que tienen una "gran trascendencia territorial y social" y cuyas afeccione

El periodista se querelló contra Ana Pardo de Vera y Juan Carlos Monedero después de que el medio informara del embargo judicial de parte de sus ingresos por no pagar la pensión alimenticia a sus hijos. Inda se tomo muy mal esta información y presentó las querellas que fueron admitidas a trámite, por lo que Pardo de Vera y Monedero presentaron sendos recursos en la Audiencia Provincial de Madrid, cuyas magistradas han aceptado el recurso y acuerdan «el sobreseimiento libre de las actuaciones» .

Tragsa ha sido la última compañía que rechaza facilitar la información pública que se le exige bajo el amparo de la nueva ley de Transparencia. RTVE se ha negado a informar de cuanto ha costado Eurovisión.

Censura y manipulación resumen los años de Sánchez al frente de la dirección de Televisión Española.

Todas han activado ya los portales para ofrecer información y cuatro delegarán las reclamaciones en organismos ya existentes. Pero además de ofrecer la denominada 'publicidad activa' a través de estos portales, la ley establece que debe haber un órgano que resuelva las reclamaciones.

Los españoles son los que menos información demandan a sus administraciones públicas, cuyas respuestas son las más insatisfactorias de una larga lista de países.

La Asociación Benevolente de Sargentos, el poderoso sindicato de policía de Nueva York que ha criticado abiertamente el liderazgo de De Blasio, publicó una imagen de la información del arresto de Chiara de Blasio, que incluía su domicilio y número de identificación, en Twitter el domingo por la noche. La plataforma de redes sociales eliminó el tweet, que decía "¿Cómo puede la policía de Nueva York proteger a la ciudad de Nueva York de los disturbios anarquistas cuando la hija de los alcaldes que se oponen es una de ellas, por violar sus término