Si hasta ahora nos habíamos peleado entre la necesidad o no de cobrar los rescates, ahora tenemos el argumento de un Tribunal que incide, con riguroso carácter científico-jurídico, en el meollo práctico de la cuestión: la norma es la norma y mientras los poderes públicos no la cambien, el cobro de los rescates (salvo errores formales) es perfectamente legal.

La Comisión de Ética Judicial, que integran seis miembros de la Carrera elegidos directamente por los jueces y magistrados españoles, valida las manifestaciones que se produjeron el pasado mes de noviembre, cuando se estaba ultimando el acuerdo de investidura y se hablaba del proyecto de ley de amnistía y lawfare. Les insta, no obstante, a hacer "una reflexión profunda y sincera para dirimir si su participación en ese tipo de actos obedece a esa razón profunda y no a su personal sintonía o antipatía con una ideología política".