La presidenta también sigue convocando puestos sin concurso, más de 60 desde mediados de octubre.- Los puestos que afloran ahora en el boletín oficial andaluz fueron convocados en su mayoría entre octubre y noviembre y según apuntan desde el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), la central con mayor representatividad en el ámbito funcionarial de la Administración General de la Junta, evidencia una excepcional premura para publicarlos en el Boja "una vez los responsables del Gobierno han visto las orejas al lobo".

Comienza el curso escolar y los quebraderos de cabeza para uno de los pilares básicos del Gobierno de Susana Díaz: la educación. La guardería Doñanita, en la localidad onubense de Almonte, ha ubicado a un grupo de ocho bebés de cero a un año en una caseta de obras situada en el jardín del colegio, con unas dimensiones de dos metros de ancho por seis de largo.

Susana Díaz, incapaz de contener la indignación popular, ve cómo sus alcaldes y los cuadros medios socialistas alertan del riesgo de perder el favor de los ciudadanos. La presidenta busca a la desesperada una respuesta “contundente” para evitar que se empañe su campaña personal para liderar el PSOE, que podría anunciar el 16 de diciembre.

Jesús Saavedra es hermano de Jorge Saavedra, parlamentario andaluz y teniente de alcalde de Marifrán Carazo; además el órgano de la consejería de Educación incorpora en el equipo técnico a Elena Espigares, mujer de Manuel Pérez, presidente del Consejo.

Borja Fernández-Pacheco, que obtuvo en 2022 una plaza en el Puerto de Cartagena tras un concurso que investiga la Justicia, ha logrado que la Autoridad Portuaria de Almería, cuya dirección nombra la Junta, le adjudique en otro concurso dos jefaturas a elegir.

El Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental está investigando, a requerimiento de la Fiscalía de Sevilla, una denuncia contra el letrado mayor del Parlamento de Andalucía, el jefe del Servicio de Informática y otros funcionarios de la Cámara autonómica por un supuesto “engaño” a la propia Fiscalía.

Tras un recurso impulsado por Unidas Podemos, el TC ha declarado, por unanimidad, inconstitucional el artículo que permitía autorizar edificaciones destinadas a uso residencial en suelo rústico. El Constitucional considera que este artículo (el 22.2) rebajaba el nivel de protección ambiental que la legislación da a este tipo de suelo. También ha tumbado la palabra "mineros" del artículo 137.2.f), por vulnerar la legislación básica en materia de medio ambiente, en cuanto que venía a excluir dichos usos mineros de la exigencia de licencia urbanís