Los juristas asisten al Foro Anual de Inmigración, que organizan el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno de Canarias. La visita, que ya fue denegada el año pasado, volvía a estar incluida en el programa de este curso de formación de jueces. La primera ponencia del foro la dictará Soledad Becerril -Defensora del Pueblo- que sí ha sido autorizada a visitar el centro de extranjeros de Barranco Seco.

¿Detrás de la reforma de la jurisdicción universal del PP sólo está el deseo de satisfacer al "amigo chino", o hay otros amigos más cercanos que resultan todavía más favorecidos?

Pierde la inviolabilidad para los actos que comenta a partir de su abdicación. Habría que reformar la Constitución si se quisiera extender ese privilegio al ciudadano Juan Carlos de Borbón.

Juristas y expertos ponen en duda que sea legal lo que pretende el Gobierno con las indemnizaciones por despido: que entren en vigor desde que el Consejo de Ministros aprobase la reforma fiscal. Los sindicatos creen además que esa medida dificultará la negociación colectiva. Moncloa reconoce que hay aspectos de esa reforma que son negociables.

Catalunya, Constitución y Desobediencia Civil - José Mateos - Abogado y Jurista 01/10/2014 Murcia - España - Spain Está pasando...

El Estado Islámico ha ordenado a todos los juristas, filósofos y sufíes en la ciudad de Al Mayadin, hacer un curso contra la "brujería", amenazando con duras represalias a quienes no asistan. Por grupos, el Estado Islámico sostiene que aquellos que enseñan y aprenden jurisprudencia son "infieles" porque esto permitiría extender el poder divino de legislar más allá de Alá, incluyendo a los "politeístas". Los filósofos, tanto aprendices como maestros, también serían "blasfemos" e "infieles" porque se refieren a Alá como "el motivo principal".

Las asociaciones europeas de abogados AED y ELDH han remitido un comunicado al ministro de Justicia, Rafael Catalá, en el que denuncian la violación de derechos de los abogados detenidos el pasado lunes, 12 de enero, en el transcurso de la operación Mate.

El grupo de juristas que integra el Proyecto I+D+i IUSMIGRANTE ha elaborado un informe que analiza la reforma de la Ley de Extranjería que bajo la figura del rechazo en frontera. Los inmigrantes "no son reducibles a objetos que se pueden devolver al remitente negándoles la palabra.La entrega sumaria por la vía de hecho a las autoridades marroquíes de ciudadanos extranjeros interceptados en el perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla sigue siendo radicalmente ilegal también con la nueva ley"

Juristas y magistrados criticaron este martes ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el establecimiento de plazos para las instrucciones,que fija la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim),y advirtieron de que pueden servir de abono para que crezca la impunidad. El proyecto de ley mantiene los límites que ya figuraban en el anteproyecto aprobado el pasado mes de diciembre. Así se prevé un periodo ordinario de seis meses de instrucción en causas sencillas y de 18 en complejas, con la posibilidad de prórroga de 36 meses

"No es razonable" que la legislación española conceda solo un mes de plazo a los consumidores cuando consideran que existen cláusulas abusivas. Pide a la máxima instancia judicial europea que declare que la normativa española en cuestión es contraria a la directiva comunitaria sobre cláusulas abusivas.

La Asociación Española de Abogados Cristianos amenaza con llevarla a los tribunales si elimina cinco calles de las que le informan en una carta. Desaparecerán si aplica la Ley de Memoria Histórica. En concreto, se trata de la Plaza de los Mártires, Calle de las Mártires Concepcionistas, Calle de los Mártires de la Ventilla, Calle de los Mártires de Paracuellos y la Avenida de los Mártires Maristas. “Estas calles constituyen un recuerdo de las miles de personas asesinadas en los años 30 por razones políticas y, mayoritariamente, religiosas”.

La modificación del Régimen Electoral General bajó la participación de las últimas elecciones de un 35% a un 5% por los obstáculos para votar.

Íñigo Corral pide opinión a varios juristas sobre si cabe aplicar la doctrina Botín al caso de la Infanta Cristina. Hay notables diferencias de opinión.. La imposibilidad legal de que sólo la acción popular pueda llevar a alguien al banquillo de los acusados sin que le imputen ningún delito ni la Fiscalía ni la acusación particular no es una cosa que se les ocurriera de la noche a la mañana a los jueces de la Audiencia Nacional o a los del Tribunal Supremo para crear lo que se ha venido a conocer como la ‘doctrina Botín‘..

Barcelona, 22 ene (EFE).- Un grupo de prestigiosos juristas catalanes impulsa un manifiesto en defensa del Estado de derecho y la democracia, que presentará el 2 de febrero, en un gesto contrario al proceso independentista, que se va a centrar en los próximos meses en el marco jurídico y las leyes de

La Asociación de Mujeres Juezas de España y la Associació de Dones Juristes ha denunciado los mensajes que discriminan a las mujeres en las redes sociales.

y profesores han firmado un documento conjunto en el que califican de «disparate» el hecho de que la trifulca de Altsasu haya sido considerada como «terrorismo», al tiempo que ven «inapropiada y desmesurada» la actuación de la Fiscalía y del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional. La recogida de firmas continuará en los próximos días, y se pedirá a las instituciones que se posicionen sobre este caso.

Las asociaciones de jueces reconocen que cada caso que investiga un supuesto delito de exaltación del terrorismo y menoscabo a las víctimas es un mundo y tiene sus peculiaridades, lo que provoca que las sentencias sean diferentes. Sin embargo, los representantes de los jueces coinciden en que tanto quien hace las leyes (el legislador) como quien las aplica en última instancia (el Tribunal Supremo) deberían unificar criterios y ser más precisos a la hora de señalar qué es delito y qué no lo es. “la función unificadora le corresponde al..

Prego sostiene la opinión de que el fiscal Moix es un buen jurista con amplia experiencia, yo no es que esté de acuerdo con esa afirmación pues no tengo mejor criterio para juzgar su labor como jurista y la experiencia, llegado a ese ese cargo, se le supone, lo que ocurre es que de todo el artículo es lo único con lo que no estoy en un perplejo desacuerdo.

Me dirijo a usted en relación a su artículo en el título definido en el Mariñán del mes de mayo, revista editada por la Asociación de Empresarios de Sada. Le comento que, mientras escribía unas líneas de mi tesis doctoral sobre la discriminación y los derechos del colectivo al que pertenezco y usted vilipendia, me encontré con la existencia de su artículo, por lo que desvié la atención de mis quehaceres antinaturales, para atenderle como se merece un jurista.

Juristas y expertos en derecho que previamente han manifestado su desacuerdo con el proceso independentista en Cataluña han manifestado sus dudas sobre la paralización judicial del acto.Recogiendo solo algunos ejemplos encontramos el caso del catedrático en Derecho Constitucional Eduardo Vírgala que,basándose en “buenos administrativistas” y tras leer el auto,cree que no se dan las medidas cautelares que el juez Yusty defiende. “El acto no ha sido declarado ilegal por el TC,es una restricción del derecho de reunión,cabe reunirse para debatir..

Este jueves comienzan los trámites parlamentarios que deben concluir con la desaparición de la 'ley mordaza'. Los expertos consultados por este medio apuestan por dar "un paso más allá" y apostar por una ley "más garantista con los derechos de los ciudadanos" acorde a los estándares de los países de nuestro entorno.

Más sanciones y más duras. La élite del Derecho Laboral español ha llegado a la conclusión clara y distinta de que ni el contrato único ni un eventual encarecimiento de la contratación temporal, vía indemnización por despido, van a conseguir desterrar la cultura de la temporalidad que se ha instalado en España, y de que sólo un régimen sancionador severo, muy severo, podrá devolver el mercado laboral del país a la senda de la normalidad.

El jurista Daniel Amelang responde a cuestiones básicas como cuáles son los fines por los que se creó la figura de la incitación al odio o las consecuencias de una mala interpretación. ¿Qué es un delito de odio?¿Para qué se sirve y a quiénes pretende proteger?¿Busca condenar el mismo sentimiento de odiar?¿Qué riesgos tiene una aplicación 'amplia' de este delito?¿Los insultos a un Policía pueden ser un delito de odio? ¿Hay delitos con agravante de odio?¿Y los de los catalanes contra españoles o viceversa?