No hay ningún especialista en la biodiversidad de Doñana en el listado de 19 personas que el PP ha registrado para que acudan, como afectados, al Parlamento de Andalucía a hablar de la polémica ley que el partido impulsa junto con Vox y que llevaría, de aprobarse como está hoy, a declarar como suelos regables un número importante de hectáreas.

El resultado del 23J trastoca los planes del Gobierno de Juan Manuel Moreno para ampliar los cultivos de riego junto al Parque Nacional en septiembre. La Junta asume que el retraso de la tramitación difícilmente esquivará el recurso ante el Constitucional

El PP da un acelerón a la polémica ley de ampliación de regadíos de la corona norte de Doñana y tiene la intención de que sea aprobada en el próximo pleno del Parlamento andaluz, el próximo miércoles 27 de septiembre, según ha adelantado el portavoz parlamentario popular, Toni Martín, en una entrevista en Canal Sur Televisión. La votación de la polémica norma impulsada por los populares y Vox en la Cámara coincidiría así con el debate de investidura a presidente del Gobierno del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso.

La vicepresidenta tercera en funciones, Teresa Ribera, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se han reunido este martes para buscar un acuerdo sobre la situación del Parque Nacional de Doñana.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) plantea que la proposición de ley de ampliación de la zona regable en el entorno de Doñana presentada por PP y Vox en el Parlamento de Andalucía "es, como mínimo, inútil, y con más exactitud, un engaño", ya que tiene por objeto "declarar unas zonas regables que no van a tener acceso al agua". Así lo expresa un informe técnico remitido por la CHG a la Comisión del Parlamento regional que tramita la iniciativa.

El equipo de Juan Manuel Moreno agiliza los últimos trámites parlamentarios y prevé llevar el dictamen definitivo de la ley al Pleno para su aprobación antes incluso de que se publique en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía.

Una iniciativa que el Gobierno de la nación ha pedido que se retire, con el aviso de que la recurrirá al Tribunal Constitucional, y que desde la Comisión Europea han avisado de que conllevará multas, mostrando su “inquietud” y “estupefacción” al considerar el plan “una violación flagrante” de los avisos ya dados desde Bruselas, con una sentencia judicial firme que pide dejar de explotar el acuífero del Parque.

La Junta carga contra la "falta de interés del Estado", que insiste en que irá al Constitucional, y obvia el aviso de la Comisión Europea y la advertencia científica sobre el "insostenible punto crítico" del enclave.

Los populares excluyen a Miguel Delibes, al representante de la Unesco y a los científicos citados por los grupos de izquierdas de la lista de comparecientes que evaluará la ley. El PP sopesa ahora que la norma no esté aprobada hasta después de las generales