Unidos Podemos ha iniciado este viernes los trabajos para poner en marcha la primera Ley Marco de Servicios Sociales, que pretenden tener redactada a finales de año, para garantizar los SERVICIOS SOCIALES a la ciudadanía llegando a proponer un cambio en la Constitución. En su día se sustituyó el término beneficencia en la Carta Magna por Servicios Sociales, pero no cambió ni la ideología ni las formas de hacer, por lo que España aún cuenta con un sistema de beneficencia y asistencialismo que no reconoce a las personas como sujetos de derecho.

FACUA Madrid se ha dirigido a la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid para solicitarles que de manera urgente modifique el proyecto de Ley Regional de Servicios Sociales que está tramitando el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.En ella, se prevé el fomento de la privatización a través "de fórmulas de colaboración con las entidades privadas con la regulación del concierto social", según se recoge en una de sus estipulaciones.

90 personas dependientes mueren al día, esperando que se le den los servicios o prestaciones que la Ley de Dependencia contempla. Todos y todas vamos a ser, en algún momento de nuestra vida dependientes, vulnerables y necesitados de servicios y atención. Pero cuando esto pase, no tendremos ya ni siquiera fuerzas para exigir que se garanticen los derechos que establece la legalidad vigente para la atención a las personas dependientes. Pero ahora que si las tenemos, tenemos que gritar alto y claro que exigimos que se cumplan todas las leyes.

En España no hay un único sistema público de servicios sociales, sino uno por autonomía, con lo que existen grandes desigualdades —también entre los ayuntamientos— y es imposible conocer qué asistencia reciben los usuarios en todo el país. El anteproyecto de Ley de condiciones básicas para la igualdad en el acceso y disfrute de los servicios sociales, que se aprobará previsiblemente este martes en Consejo de Ministros en primera lectura, mandata a las comunidades a acordar con el Ministerio de Derechos Sociales un mínimo de prestaciones común.

El pleno de Les Corts ha aprobado, con los votos a favor de PSPV, Compromís, Podem, la abstención de Cs y el rechazo del PP, la Ley Valenciana de Servicios Sociales que busca blindar los derechos sociales como "esenciales" y de "interés general".

Las mujeres que denuncien haber sido víctimas de violencia sexual, situación que podrán acreditar con una resolución judicial o un escrito del fiscal y también con un informe de los servicios sociales, tendrán "derecho a la atención a las necesidades económicas, laborales, de vivienda y sociales", de acuerdo con el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual aprobado este martes por el Gobierno. Se considera que el Estado tiene el deber de "restituir a la víctima en su situación anterior a la violencia", lo que...

El presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, aseguró que la organización está estudiando presentar...

Canadá ha aprobado una ley que extiende significativamente el poder de sus servicios de inteligencia con el objetivo de luchar contra el terrorismo y que permitirá a las autoridades realizar un amplio control de las actividades en internet. 200.000 canadienses ya han firmado una petición en la que piden que se retire la ley, donde argumentan que esta reforma va a transformar los servicios de inteligencia en una "policía secreta". Añaden, además, que viola la Constitución y que podría dar lugar a una "vigilancia masiva".

Según el III Informe sobre Servicios Sociales en España, elaborado por Consejo General del Trabajo Social (CGTS), una de cada tres mujeres atendidas en los servicios sociales en España podría ser víctima de violencia machista. El estudio se basa en el análisis realizado por parte de trabajadoras sociales en activo en los servicios sociales. El Gobierno quiere revisar el Plan Concertado de Servicios Sociales, que establece el convenio a tres bandas, local, autonómica y estatal, para la financiación y organización de los servicios sociales

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha aprovechado su intervención en la Comisión de Economía del Congreso para avanzar que “en los próximos días” el Gobierno aprobará un real decreto ley de desindexación que desarrollará y completará la Ley de desindexación de 2015.El objetivo, según ha apuntado el ministro, es “desvincular los precios de los servicios públicos del IPC”, especialmente cuando haya “repuntes puntuales” como los que se están viendo actualmente, muy ligados a la evolución concreta de..

CGT ha apelado en el TSJA pidiendo la nulidad de la adjudicación del servicio telefónico de información de los Centros Municipales de Servicios Sociales, por entender que es una privatización “encubierta”. Una apelación de CGT ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), contra la inadmisión de un recurso en primera instancia, pide la nulidad de la resolución del Ayuntamiento de Zaragoza que adjudica la prestación del Servicio de Atención Telefónica Especializada en el Área Social y Familia.

Más de tres millones de personas corren el riesgo de dejar de ser atendidas por los servicios sociales de sus ayuntamientos como consecuencia de la entrada en vigor de la reforma local llevada a cabo por el Gobierno, según cálculos de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Además, la mitad de los 5.618,56 millones de euros (el 9% de su gasto total) que los ayuntamientos dedican a los servicios sociales también podría verse afectada por la nueva ley.

El Consejo General del Trabajo Social alerta del "desmantelamiento de los servicios sociales" que prevé la reforma de la Administración local aprobada por el Gobierno en diciembre. Los Ayuntamientos perderán competencias en los servicios sociales básicos, que dependerán de las Comunidades Autónomas "ahogadas por las deudas". Representantes de los trabajadores sociales, nacionales y extranjeros, debaten este fin de semana en Madrid cómo han afectado las políticas de austeridad a la atención social.

La Comunidad de Madrid ha vuelto a estar en 2020, año marcado por la pandemia del coronavirus, a la cola en la evaluación de los servicios sociales con una nota de 3,20 puntos, la misma de 2019, y lejos de la media nacional (5,33), según se desprende del índice DEC 2020, elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Esta asociación publica desde 2012 el índice DEC analizando en cada autonomía los derechos reconocidos, el gasto y las coberturas de los servicios sociales.

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (AEDiGSS) ha reconocido al Ayuntamiento de Barcelona como la administración local del Estado con los mejores servicios sociales municipales, según ha informado el consistorio de la capital catalana. El reconocimiento se basa en la aplicación del Índice DEC-Local, un conjunto de parámetros pensados para medir el desarrollo global de los servicios sociales en un municipio concreto y que es la primera vez que se estudia en el ámbito municipal. La capital obtiene un notable

Son tiempos complejos para los servicios sociales en España. El nuevo Informe de Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales (IDEC) desarrollado por la Asociación Estatal de Diretores y Gerentes en Servicios Sociales sostiene que la situación de este sector no es buena y que casi dos de cada tres personas vive con servicios sociales débiles o irrelevantes.

En los últimos tres años, desde 2011 hasta 2013, en los servicios sociales se han destruido un total de 56.700 empleos, lo que supone casi un 12 % (11,7 %) de los puestos de trabajo del sector, según un informe de CCOO que culpa de estos datos a las los "drásticos" recortes realizados por el Gobierno. El informe "El impacto de la crisis en la destrucción de empleo en el sector de servicios sociales (2011-2013)" que ha presentado hoy la responsable del Sector de Intervención Social del sindicato, Rosana Costa, indica que los recortes y las "ret

En los últimos tres años, desde 2011 hasta 2013, en los servicios sociales se han destruido un total de 56.700 empleos, lo que supone casi un 12 % (11,7 %) de los puestos de trabajo del sector, según un informe de CCOO que culpa de estos datos a las los "drásticos" recortes realizados por el Gobierno. El informe "El impacto de la crisis en la destrucción de empleo en el sector de servicios sociales (2011-2013)" que ha presentado hoy la responsable del Sector de Intervención Social del sindicato, Rosana Costa, indica que los recortes y las "ret

De los 37 ayuntamientos más “pobres en servicios sociales”, 15 son de Madrid. Así se desprende de la última edición del análisis de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales sobre los presupuestos que los consistorios de más de 20.000 habitantes dedican a esta partida. El gasto social en el ejercicio 2022 de estos 37 consistorios fue inferior a 56,74 euros por habitante, “una inversión inferior al 60% de la mediana.

Así se pone de manifiesto en el informe anual de la Asociación Estatal de Gerentes de Servicios Sociales. En el informe, Castilla-La Mancha ocupa el séptimo lugar en desarrollo de sus servicios sociales y es la única que ha presentado perspectiva negativa. Castilla-La Mancha recortó durante la legislatura de Cospedal 1 de cada 3 euros destinados a servicios sociales.

Según la vicepresidenta, desde 2015 a 2019 la Generalitat Valenciana “ha multiplicado por cinco la financiación a los ayuntamientos para las plantillas de los servicios sociales municipales”. Así, ha indicado que se ha pasado de 300 trabajadores financiados por la Generalitat en 2015 a 1.800 cuando termine 2019, y cuando se implemente la ley de Servicios Sociales serán “cerca de 3.000 los trabajadores en las plantillas municipales financiadas” por el Consell.

El número de ayuntamientos de más de 20.000 habitantes considerados "pobres" en su inversión en servicios sociales creció en 2019 hasta los 45, siete más que en el ejercicio anterior. Cinco capitales entran en esta categoría: Toledo, Guadalajara, Badajoz, Cáceres y Pontevedra. Todos ellos invierten menos de 45 euros por habitante y año a servicios sociales, menos del 60% de la mediana de gasto del conjunto de las ciudades analizadas (76 euros).

Cada año, la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales evalúa mediante el Índice DEC (derechos, economía y cobertura) el estado general del gasto público en servicios sociales así como otros factores, la información disponible para posibles perceptores de ayudas, la duración de las listas de espera, etc. Tras un año de parón por la covid-19, el 24 de mayo se presentó el primer informe marcado por la pandemia.