El comercio chino en España vive cuatro crisis en una. Y ninguna de ellas parece cerca de su fin, a ojos de los emprendedores, comerciantes y empresarios siempre atentos al pulso diario de la economía. La devaluación del euro ha sido la última de la crisis a la que se enfrentan los grandes y pequeños comerciantes y los mayoristas concentrados principalmente en el polígono de Cobo Calleja en Madrid y Grand Land en Badalona, Barcelona.

Viñeta de Alfons López del 17 de diciembre de 2014.

El grupo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso reclamará este martes a la Comisión parlamentaria de Interior que inste al Gobierno a prohibir que empresas que han practicado despidos o incluso expedientes de regulación de empleo (ERE) puedan contratar a presos, argumentando que muchas empresas están usando esta posibilidad como vía para abaratar costes.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha procesado a 27 personas por la actividad de la trama Gürtel en el municipio madrileño de Boadilla del Monte, así como al al PP en calidad de responsable civil como partícipe a título lucrativo por haberse beneficiado de 204.198 euros de la red

“El que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación” Art. 122 del Código Penal.Un alumno de primero de Derecho puede explicar que la figura penal que refleja el artículo 122 ya asume que el acusado ignoraba la procedencia ilícita de su lucro. De haberla conocido, la acusación sería por complicidad o encubrimiento, delitos por los que (hasta el momento) no han sido investigados los máximos responsables PP

La medida no afectaría a lugares de culto, sino por ejemplo a plazas de garaje que generan un beneficio comercial. El Ayuntamiento de Valencia llevará la propuesta a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El tripartito aprueba los presupuestos de la ciudad para 2017 con el voto en contra del PP y Ciudadanos.

Una verdad dicha mil veces puede parecer mentira. Ese podría ser el caso del denunciado financiamiento que recibe la oposición venezolana por parte de EE.UU., de los grupos económicos nacionales y, claro, de organizaciones internacionales interesadas en frenar la llamada Revolución Bolivariana.

Los estudiantes chilenos vuelven a la calle. Hasta 80.000 jóvenes participaron en la capital, Santiago, en la concentración para pedir la condonación de la deuda universitaria que pesa sobre cientos de miles de estudiantes y sus familias; así como terminar con los créditos bancarios con aval del Estado para poder estudiar, un sistema vigente desde hace una década. En sus protestas desde 2011, el movimiento estudiantil exige que la educación sea pública, sin ánimo de lucro y deje de ser un negocio privado avalado por el Estado.

En los centros de poder del barrio, o sea el bar, la panadería y el quiosco, esos lugares donde la verdadera gente alterna tomando la palabra mientras efectúa sus breves compras diarias, no se hablaba de otra cosa. Se comentaba con brillantes jirones de admiración pespunteando la comisura de los labios el golpe de esa persona que, arrebatada por un repentino presentimiento, compro un montón de décimos que luego resultaron agraciados con un tercer premio. 18 millones levantó el afortunado tras invertir 7.200 euros.

Ha caído en saco roto la decisión del Ayuntamiento de València de empezar a girar recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los locales dedicados a actividades lucrativas propiedad de la Iglesia. Ninguno de los que se emitieron desde la concejalía de Hacienda ha sido abonado hasta el momento y no parece haber demasiada esperanza en que esto se vaya a producir. Y menos en los tiempos que corren.

Las autoridades dicen que los recientes ataques a escuelas en el noroeste del país han sido perpetrados por "bandidos", un término vago para llamar a secuestradores, ladrones armados, ladrones de ganado, pastores de la región de Fulani y otras milicias armadas que operan en la región y que están principalmente motivados por el dinero. Hasta ahora, las víctimas de secuestro generalmente eran viajeros que utilizaban las carreteras en el noroeste de Nigeria, y pagaban entre US$20 y US$200.000 por su libertad.