La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en una sentencia relativa a las cuantías reclamadas por un prejubilado del expediente de regulación de empleo promovido en 2007 por la sociedad mixta Mercasevilla, participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense, considera "nulo y fraudulento" el procedimiento al incluir indemnizaciones que "exceden exageradamente" el Estatuto de los Trabajadores y las relativas a un despido improcedente.

Solicitó su baja el miércoles por la tarde, justificando su decisión en el hecho de "no perjudicar a nuestra organización en este recorrido judicial que tengo pendiente". No obstante, ha apuntado que se muestra convencido de "su inocencia y honestidad", que volverá a solicitar su alta como militante al término de los procesos. La noticia de su baja se produce el mismo día que se conoce que la jueza Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE y del caso Mercasevilla, ha imputado a Rodrigo Torrijos en la operación Enredadera.

La juez Mercedes Alaya ha cumplido con la orden dada por la Audiencia Provincial de Sevilla y ha vuelto a dictar un auto de procedimiento abreviado por el "concurso fraudulento" para la venta de los suelos de Mercasevilla contra 16 personas, entre ellas el exprimer teniente de alcalde y exportavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos, el exconcejal socialista y expresidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo, los exgerentes de Urbanismo Manuel Marchena y Miguel Ángel Millán, o los exdirectivos de la lonja Fernando Mellet y Daniel Ponce.

La Fiscalía de Sevilla considera que existen indicios contra el parlamentario andaluz socialista Carmelo Gómez en la causa.

El grupo parlamentario de Podemos Andalucía ha registrado una pregunta oral en la comisión de Empleo, Empresa y Comercio por la que interpela al titular del ramo sobre el estado de los procedimientos de revisión de oficio respecto a las actuaciones llevadas a cabo por la Dirección General de Trabajo y Seguridad. La formación quiere conocer cómo pueden afectar estos procedimientos al calendario de pagos de las cantidades pendientes de cobro por parte de los trabajadores incluidos en el ERE 36/03 de Mercasevilla S.A.

En este juicio estaban acusados los exconcejales de Izquierda Unida Antonio Rodrigo Torrijos y del PSOE Gonzalo Crespo, además de otras ocho personas que supuestamente se concertaron para hacer un concurso público a la medida de la empresa SANDO, que lo ganó en el año 2005 y compró el suelo de Mercasevilla. Torrijos y los otros nueve acusados se enfrentaban a dos años de cárcel por los supuestos delitos de fraude, exacciones ilegales y prevaricación. Todos ellos han sido absueltos de todos los delitos.

Entre ellos, el exprimer teniente de alcalde y exportavoz de IU en el Ayuntamiento hispalense Antonio Rodrigo Torrijos. Para todos ellos la fiscalía pedía dos años de cárcel.

El Ayuntamiento abonó al bufete 239.000 euros en cinco años por el caso Mercasevilla.

El caso destruyó la carrera política del exlíder de IU en Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, que luego fue abusuelto, al igual que otros políticos procesados

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha procesado a once personas en la pieza separada del caso de los ERE relativa a las ayudas que la Junta de Andalucía concedió a Mercasevilla para extinguir puestos de trabajo en 2003 y 2007, por un importe total superior a los 12 millones de euros. En un auto fechado el 12 de abril, el juez de refuerzo acuerda continuar las diligencias previas como procedimiento abreviado y entiende que los hechos pueden ser constitutivos de los presuntos delitos de falsedad documental.

La sociedad participada por el Ayuntamiento de Sevilla y la empresa estatal Mercasa empieza a exigir la devolución de miles de euros a cada exempleado condenado en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por cantidades "indebidamente cobradas" del plan de prejubilación de 2007, del que se desligó la Junta cuando estalló el caso