Esta misma semana, el gobierno de Marruecos anunciaba que va a subvencionar la producción de tomate, junto a la de cebollas y patatas, con entre el 50 y el 70% de su valor. En concreto, la producción de tomates recibirá un apoyo de entre 3.600 y 6.300 euros por hectárea. Además, las empresas productoras alauitas se verán beneficiadas de una subvención a los fertilizantes nitrogenados de 200 millones de euros y de la movilización de 600.000 toneladas de fertilizantes fosfatados.

Las compañías que más fondos recibieron de la PAC en 2022 sumaron 536 millones de los más de 7.500 millones que se distribuyeron en España en ese ejercicio. En ese listado de grandes beneficiarios se encuentran algunos de los grandes operadores del sector. Entre ellos, la cooperativa de aceite Dcoop, la Corporación Alimentaria Peñasanta, que está detrás de marcas comerciales como Central Lechera Asturiana, empresas conocidas como Bimbo Donuts y el grupo de bebidas alcohólicas González Byass, Bodegas Faustino, Codorniu o Mercadona.

Vídeo de un agricultor catalán en el que se queja de que le ofrecen 8 céntimos por kilo de mazanas. Indica que a ese precio no cubre los gastos de mano de obra y transporte; por lo que prefiere no recoger la fruta y dejar que se pudra en el árbol antes de que ganen todos dinero menos él. También añade que esto es fruto de las políticas agrarias.

La nueva política agraria común sigue premiando a los grandes propietarios, frente a los verdaderos productores del medio rural.

Entre 2021 y 2022, la Iglesia católica recibió 918.611,04 euros de la Política Agraria Común (PAC). Cantidad que percibió por ser propietaria de cuantiosas porciones de terreno en toda España, a nombre de diferentes titulares: parroquias, obispados, congregaciones o diócesis. Algunos de estos terrenos fueron inmatriculados entre 1998 y 2015, gracias a la reforma de la Ley Hipotecaria de José María Aznar. Según los datos oficiales del Gobierno de España, la Iglesia registró a su nombre 20.014 templos, 12.839 fincas rústicas, viviendas, solares,.

La laxitud de los criterios de estas subvenciones permite que empresas cuya actividad principal no está relacionada con la agricultura ni la ganadería reciban esta ayudas. Al menos 40 hoteles y alojamientos turísticos recibieron 1,16 millones de euros en 2022 de la Política Agraria Común (PAC). La estrategia que dirige las políticas agrícolas y ganaderas de los países miembros de la Unión Europea tiene una cara B que permite a empresas alejadas del sector agrario o relacionadas tangencialmente con él, recibir estas subvenciones.

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA han anunciado un calendario de movilizaciones en todo el país frente a la crisis que vive el campo. Las tres organizaciones agrarias mayoritarias españolas han difundido, en un comunicado, el acuerdo para iniciar las protestas, en línea con los agricultores de otros países de la UE, “ante la frustración y malestar creciente debido a las difíciles condiciones y asfixiante burocracia que generan las normativas”.

La Audiencia Provincial de Cuenca acoge mañana jueves un juicio en el que comparecen dos mujeres acusadas de un delito de malversación de fondos de la extinta Cámara Agraria de Cuenca y de falsedad documental. El Fiscal pide seis años de prisión para las dos acusadas de haberse apropiado 326.000 euros, y quince años de inhabilitación absoluta, así como a indemnizar a la Cámara Agraria con el dinero sustraído. Según el escrito provisional del Fiscal, los hechos se remontan a 2008 cuando una de las dos acusadas fue nombrada secretaria de la Cámar