Tras cinco meses de polémica, el plan de la derecha andaluza (PP, Cs y Vox) para aumentar los cultivos intensivos de regadío junto a Doñana ha decaído este lunes tras la convocatoria de elecciones autonómicas, al disolverse el Parlamento. La reserva y su acuífero declarado “sobreexplotado” por el Gobierno, al que dañaría el aumento de 1.400 hectáreas para invernaderos y sus ulteriores derechos de agua, obtienen un respiro hasta al menos después del verano.

Bruselas ha reaccionado a la segunda proposición de ley de PP y Vox para legalizar cultivos de regadío junto a Doñana como lo hizo hace un año con la primera: echándose las manos a la cabeza y amenazando a España con acudir al Tribunal de Justicia de la UE y exigir sanciones millonarias si permite que prospere la iniciativa defendida por el Gobierno de Juan Manuel Moreno.

La Asociación de Agricultores del Condado y la Plataforma en Defensa de los Regadíos de Doñana articulan la presión y las protestas. Representan, según sus propios datos, a 1.500 agricultores que denuncian que tienen “un futuro incierto por las presiones administrativas, medioambientales y comerciales”. Sus enemigos declarados son los ecologistas y conservacionistas del parque. Es el lobby que ha conseguido que en la peor sequía en décadas,cuando el Parque atraviesa un momento de gran incertidumbre se concedan más derechos agrícolas en la zona.

Los comparecientes en la comisión de Fomento exponen durante 10 horas los pros y contras de la ley para ampliar regadíos junto a Doñana y piden "consenso" a Gobierno y Junta. Los ciudadanos tienen dos días para registrar enmiendas al texto y los grupos hasta el 22 de junio.

El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ha vuelto a paralizar la tramitación de la proposición de ley para ampliar regadíos en el entorno de Doñana hasta después de las elecciones del 23 de julio. La polémica iniciativa no es un proyecto directo de su Gobierno, sino de los grupos PP y Vox, pero su partido político tiene mayoría absoluta, maneja los tiempos parlamentarios y ha decidido ralentizar el trámite hasta que pasen los próximos comicios, como ya hizo antes de las municipales del 28 de mayo.

a Unesco se ha sumado a la lista de organismos alertados por cómo puede agravar la proposición de ley de la derecha andaluza el deterioro de Doñana, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1994. El organismo internacional vigila de cerca la propuesta del Parlamento de Andalucía, iniciativa del PP y Vox, para aumentar los suelos regables que meterán más presión al entorno del parque, y asegura que trabaja con el Gobierno para asegurarse de que “su valor universal” es protegido.

El PP no dará nuevos pasos en el trámite de la ley de regadíos de Doñana hasta después de las elecciones del 28 de mayo. No habrá, por ejemplo, comparecencias de los expertos, muchos de ellos científicos que se oponen al proyecto, para opinar sobre el texto. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha repetido este jueves en el pleno del Parlamento andaluz que sólo retirará la ley si el Ministerio de Transición Ecológica le da una alternativa, y a la vez ha indicado que esperará a las municipales.

La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, no comparecerá en el Parlamento andaluz para participar en la tramitación de la proposición de ley que promueven el PP y Vox sobre Doñana, que prevé ampliar la superficie susceptible de tener derechos de riego. Según ha indicado por redes sociales, no acudirá a la comisión que a partir de ahora pasarán agentes sociales entre los que estos dos partidos han vetado a técnicos y científicos que trabajan en el Parque Nacional, entre ellos al presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes

Las explicaciones que ha dado, hasta ahora, la Junta de Andalucía en relación a la propuesta de regularización de algo menos de mil hectáreas de regadíos en el entorno del Parque Nacional de Doñana no parecen haber convencido a la Comisión Europea, que ha endurecido el tono y ha advertido de su intención de usar toda la artillería legal para proteger el espacio natural de una potencial amenaza. El comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, ha sido el último en dar voz al recelo -y temor- que ha despertado en Bruselas la proposición.

Decenas de sentencias en los últimos 3 años han negado el derecho de agua a agricultores con fincas de regadío en la corona norte del Parque Nacional de Doñana que estaban regando gracias al agua obtenida de forma ilegal de pozos subterráneos o que pretendían poner en marcha nuevos aprovechamientos de los acuíferos. Según argumentan los autos del TSJA, es “irrelevante” que las fincas sean regables o no si no tienen concedidos por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) derechos de agua para poder regar

Por más que lo estudio sólo veo tristes semejanzas. Ambas actividades económicas suponen un deterioro ambiental. Ya sea con regadíos de aguas subterráneas o con una urbanización ilegal de lujo. Ambas actividades han sido declaradas ilegales, mediante las sentencias de los tribunales superior de justicia, supremo y constitucional en Valdecañas o a través la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Doñana.

Sorpresa en el Parlamento andaluz. El PP da un frenazo con Doñana. La proposición de ley, que amplía las hectáreas de regadío en el entorno del Parque Natural y que ayer salió de la comisión para ser aprobada por PP y Vox en el próximo pleno, finalmente se retrasará. El calendario anunciado por el PP situaba la aprobación en el próximo pleno, coincidiendo con la investidura de Feijóo en el Congreso pero echan el freno asegurando que quieren “transparencia” y no solapar ambos debates

El Consejo de Gobierno ha renunciado, por segunda vez, a emitir un informe con su posicionamiento político respecto a la proposición de ley para ampliar regadíos cerca del Parque Natural, mientras decreta el "estado de alarma" por la escasez de agua.

Marcas como Aldi, Lidl, Sainsbury’s o Tesco exigen a Moreno Bonilla que frene la iniciativa parlamentaria que desprotege la reserva natural.

Los populares incluyen la iniciativa entre la batería de normas que quieren reactivar en los primeros compases de la legislatura, aunque no está claro si será el Gobierno quien lleve el texto a la Cámara.

El Gobierno andaluz convocará al Consejo de Participación del espacio natural, donde están todas administraciones competentes, agricultores y ecologistas, y pide "bajar el diapasón" a pesar de la presión de Vox

El consejero de Medio Ambiente transmite a la dirección de Biodiversidad que no se tocará el agua del acuífero. Vox rescata la proposición de ley para la ampliación.

Cuando se abra el plazo de presentación de enmiendas, los partidos de la oposición ya han anunciado que no van a participar en este trámite y no presentarán ninguna ya que consideran que, al contrario de lo que cree el Gobierno andaluz, la iniciativa no es mejorable sino que sencillamente hay que eliminarla.

Las organizaciones WWF y Ecologistas en Acción presentan un escrito con ocho enmiendas, cuatro de supresión para cada artículo de la ley, y dos adicionales para crear una oficina de seguimiento que vigile las parcelas con y sin permiso para regar

Los populares plantean por primera vez trasvasar el agua para nuevos riegos de "otra demarcación" y apuntan a la cuenca del Guadiana, río fronterizo con Portugal, de gestión compartida con España en el Convenio de Albufeira de 1998