52 desalobradoras ilegales en el Campo de Cartagena ya están desmanteladas de las 186 precintadas. Las denuncias presentadas contra los propietarios de parcelas con regadío ilegal en el entorno del Mar Menor no han tenido efecto del todo. De 1040 hectáreas con expediente sancionador, un total de 470 hectáreas siguen regándose de forma ilegal a día de hoy, lo que representa un 45,8% de la superficie denunciada.

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha exigido este sábado a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) y al Ministerio para la Transición Ecológica que se haga una auditoría para determinar cuánta agua del trasvase Tajo-Segura va a regadíos ilegales.

La Comunidad admitió ayer que a día de hoy todavía no ha desmantelado ni una hectárea de regadío ilegal en la cuenca del Mar Menor ya que, alegan fuentes del Gobierno regional, los propietarios de las parcelas han recurrido esta decisión a la Justicia.

En total, suponen 21,4 hectáreas de terrenos de secano y forestal, transformadas a nuevo regadío intensivo, en este caso de cítricos, que ya están plantados y con riego.

Abre expediente sobre las fincas e informará a la Comunidad por si la ley de protección de la laguna obliga a eliminar los cultivos. Según el informe 'La burbuja del regadío: el caso del Mar Menor', entregado el año pasado por las organizaciones ecologistas Anse y WWF a la Confederación, alrededor del Mar Menor hay más de 12.000 hectáreas de cultivos de regadío ilegales. En el conjunto de la cuenca, según datos de satélite y un trabajo de campo, la superficie fuera de ordenación habría crecido en casi 50.000 hectáreas.

Es la segunda sentencia en la que los jueces ordenan restituir áreas de cultivos que afectan al mal estado de la laguna salada.

El Ministerio ha cortado el suministro de agua a 8.805 en la cuenca para proteger el acuífero y evitar la contaminación por nitratos.

Casi un tercio de las explotaciones están en el Campo de Cartagena.

El Gobierno andaluz subvencionó a jóvenes agricultores para la instalación de invernaderos incluso después de 2004, fecha en la que se estableció la prohibición retroactiva

La derecha dice que esos agricultores cuentan con "derechos históricos" que les legitima a explotar el recurso. El PSOE andaluz reconoce que pudo cometerse una injusticia con ellos. A su izquierda, Unidas Podemos asegura que no hay más recurso. Y los ecologistas contraatacan: ni derechos, ni históricos. "Regar sin ningún tipo de autorización administrativa y realizar una actividad ilegal durante años no otorga ningún tipo de derecho", atacaba WWF esta semana.

El acuerdo, que tiene puntos positivos a valorar porque el bien mayor es la protección del Parque Natural, no puede convertirse en un premio a los culpables El Gobierno de España ha llegado a un acuerdo con la Junta de Andalucía por el que, a cambio de 1.400 millones para medidas de desarrollo socioeconómico y obras hidráulicas en la provincia de Huelva y en el municipio de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), PP y Vox se comprometen a retirar la ley de regadíos que iba a regularizar pozos ilegales que llevan años regando cultivos de frutos rojos

DATADISTA accede a los expedientes de investigación a plantaciones agrícolas solicitados por el juez Garrote. Adentrarse en ellos es ver, desde el informe de la primera visita de la Inspección hace años a las fincas, la constatación en cada nueva visita de que los pozos y plantas seguían funcionando y vertiendo rechazo contaminanteal Mar Menor pese a no contar con autorización, y viajar por el tiempo transcurrido hasta la resolución sancionadora, normalmente de baja cuantía.

Eloy Revilla (León, 1971) dirige desde diciembre de 2019 la Estación Biológica de Doñana, organismo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que monitoriza el día a día de un espacio natural cuya grave situación contrasta con su enorme prestigio internacional. Con una dilatada trayectoria investigadora a sus espaldas, admite que las cosas no están muy bien básicamente por la falta de agua, y advierte de que Doñana es como el canario en la mina: es el aviso de lo que se nos viene encima si no se toman medidas.

En total, son 1.000 las hectáreas que conforman la superficie del Campo de Cartagena inicialmente afectada por expediente de reversión a secano.

La entidad argumenta que precisa de un plan que debe ser sometido a las "figuras de prevención ambiental". Acusa a la Junta de "mala fe deliberada" al declarar zonas regables que no tienen derecho al agua, algo "inútil" y un "engaño".

Los hosteleros de Llanes piden a las administraciones más flexibilidad para contratar inmigrantes sin papeles ante la falta de personal en restaurantes y bares durante la época estival, no servir en terraza o reducir la carta son otras propuestas

ANSE ha puesto de manifiesto que se están llevando a cabo roturaciones para la creación de nuevos regadíos cerca de la pequeña aldea de La Murta, junto a la pedanía de Corvera (Murcia), donde “a pesar de la situación extrema de sequía y falta de agua, continúa la ampliación de regadíos en una de las áreas más secas de Europa, donde los regadíos no han dejado de aumentar durante los últimos años ante la inoperancia de las diferentes administraciones”.

El 40 % del suelo en España está amenazado por la desertificación debido a las "insostenibles políticas de aumento continuado de regadío", que consume más del 84 % total del agua, según la organización Ecologistas en Acción (EA), que aboga por el uso sostenible del agua y cultivos sostenibles. EA llama la atención sobre las "insostenibles políticas de aumento del regadío en España" y la "intensidad de la producción agraria en los regadíos orientados a la exportación de alimentos".

La Consejería de Agricultura ha declarado de interés regional de la comunidad autónoma la transformación en regadío de 862 hectáreas en Hellín. Esto implica que los terrenos que se han beneficiado de esta conversión al regadío podrán producir cualquier cultivo y recibir agua del trasvase. Parte de los terrenos son propiedad de Cancarix, empresa de la que sería accionista Maravillas Falcón, diputada del Partido Popular por la provincia de Albacete, junto con hermanos de la propia Falcón quienes, a su vez, forman parte de la S.A.T. de regantes