Trabajadores de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y de la empresa pública Tragsa buscan desde ayer el origen de un nuevo vertido ilegal de salmuera en el campo de Cartagena que va a parar a la rambla del Albujón y de ahí al Mar Menor. Los agricultores niegan la posibilidad de estos vertidos porque “todas las desalobradoras están precintadas”. En los últimos días se ha detectado la presencia de salmuera en los análisis realizados a muestras de agua recogidas en dos puntos de la rambla de la Señora, que va a parar a la de El Albujón.

Las obras no supondrán de momento el cierre de esa parte de la línea y costarán 3,6 millones de euros, que se suman a los 21,4 que ya se gastado la Consejería de Transportes en un problema que es endémico y que ha provocado un litigio judicial entre el Ejecutivo autonómico y la empresa que en su día realizó las obras: Dragados.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha asegurado que la ciudad está preparada para los 20 centímetros de nieve que se esperan para este sábado, aunque ha admitido que será una estampa “prácticamente desconocida” que pondrá en “grandes dificultades” a la capital.

El Consistorio invoca los derechos de la laguna y reclama multar a Expracar con 888.000 euros por los rechazos de una desaladora ilegal. Le acusa de un presunto delito contra el medio ambiente por realizar «vertidos del rechazo de salmuera, con alto contenido de nitratos, producido en las plantas desaladoras clandestinas», y causar con ello un «peligro» de «desequilibrio del ecosistema».

La Comunidad Autónoma ha notificado a una empresa implantada en el Campo de Cartagena con 1,1 millón de euros por verter al Mar Menor casi dos millones de metros cúbicos de salmuera al Mar Menor. La empresa es G's España y según ese expediente que tenía abierto por parte de la Consejería de Medio Ambiente, entre 2012 y 2016 vertió al Mar Menor 1.917.768 metros cúbicos de salmuera procedente de dos desaladoras ilegales en la zona de El Barranquillo, en Torre Pacheco. La sanción llega a 1.102.716 euros y aún puede ser recurrida por la mercantil.