El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha hecho caja con las tasas judiciales en 2013: 316,5 millones de euros, el dinero recaudado tras la reforma que entró en vigor a finales de noviembre de 2012 y que grava a los ciudadanos que pretenden acceder a la justicia, pleitear y ejercer su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. Pero esa inyección de dinero, que en principio iba a estar destinada a la justicia gratuita -el dinero público destinado a garantizar que las personas con menos recursos puedan ir también a los...

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El Pleno del Tribunal Constitucional tiene previsto abordar esta semana el recurso presentado por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso contra la ley que amplió en 2012 las tasas judiciales, provocando las mayores protestas del mundo de la Abogacía que se recuerdan en años. El ponente del caso, el magistrado Santiago Martínez-Vares, propone declarar la inconstitucionalidad de las tasas fijas más elevadas y de todas las cuotas variables, al considerar que suponen una restricción indebida del derecho fundamental a acceder a la Justicia..

GESTHA ya avisó de que iba a pasar con los preferentistas y ahora hace extensiva la alerta: “Cualquier ciudadano al que una sentencia judicial reconozca el abono de las costas, tanto por ganar el pleito como por temeridad procesal de la parte contraria, tendrá que incluir el importe de las costas en la base liquidable general del IRPF, aumentando la progresividad de los sueldos, pensiones, resultados de los autónomos o alquileres declarados”.

El Tribunal Constitucional ha vuelto a pronunciarse sobre las tasas judiciales impulsadas por el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón. En respuesta a un recurso presentado por Dvuelta Legal, el tribunal de garantías, un año después de una primera resolución que tachó el gravamen como desproporcionado, vuelve a confirmar la inconstitucionalidad de la ley de 2012 lanzada por el antecesor de Rafael Catalá.