La Abogacía del Estado, exige diligencias “tendentes a la correcta identificación del donante, así como a la acreditación de su vínculo familiar”, máxime atendiendo a las discrepancias documentales puestas de manifiesto por la Fiscalía que en su escrito reitera sus argumentos que apuntan a una posible falsedad documental por la falta de concordancia de las firmas del donante.También pide la Abogacía que se tome declaración a Sandro Rosell y su colaborador, interlocutores en la conversación que dio pie a la investigación por tráfico de órganos
