Explicación de alguna de las medidas anunciadas en el Debate del Estado de la Nación y que entran en vigor hoy.

"Hemos pasado la página de la crisis, el próximo capítulo es el social", dice la Comisión, que pide además a España más ayudas al cuidado infantil. Exige al Gobierno ajustar el cinturón fiscal, identificar areas donde se puede mejorar la eficiencia del gasto y controlar la contratación pública.

La OCDE pasa revista a la política del Gobierno para combatir el desempleo y no sale bien parada. "España gasta poco en formación y en asistencia en la búsqueda de empleo para desempleados, en comparación con otros países, pese al elevado y persistente desempleo", sostiene la OCDE en su informe 'Getting Skills Right: Spain', que ha presentado este jueves Montserrat Gomendio, directora general adjunta del departamento de Educación de la OCDE. Es una de las conclusiones que ponen en cuestión varias de las medidas aplicadas por el Gobierno

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado algunas de las novedades más significativas del nuevo sistema, como que estas bonificaciones en las cuotas que pagan las empresas se focalizarán ahora en los contratos indefinidos, salvo casos concretos, que aumentan su cuantía para las situaciones de más vulnerabilidad y que contarán con la obligación de que las empresas mantengan el empleo durante tres años.

El Gobierno dará 1.300 euros anuales durante cuatro años a las empresas que contraten a parados de larga duración, según figura en una disposición adicional recogida en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año. Asimismo, el importe ascenderá a 1.500 euros brutos anuales durante cuatro años cuando estos contratos se concierten con mujeres. Podrán beneficiarse de esta bonificación los empleadores que contraten indefinidamente a personas desempleadas e inscritas en la oficina de empleo al menos 12 meses en los 18 meses

La bicicleta está llamada a desempeñar un papel crucial en la transición hacia unas ciudades más sostenibles y descongestionadas. Así lo interpreta la próxima Ley de Movilidad Sostenible, en la que el ministerio de Transportes reconoce la importancia de este modo de transporte para la nueva movilidad y recoge la creación de un plan nacional para fomentar y coordinar su impulso.

La EMT de Madrid procederá a la contratación de 220 nuevos operarios de mantenimiento para el periodo 2017-2018, lo que supone un incremento superior al 20 por ciento de la plantilla actual y la mayor contratación de la historia de la empresa municipal en este área.

El peso del sector público en el Producto Interior Bruto es relevante en buena parte de las economías desarrolladas (rango 10-50% aproximadamente, según Mauro et al., 2015). En el caso de España, la contratación pública supone en torno al 10% del PIB y, dentro de este, el peso de la construcción de infraestructuras y las obras en general supone el 4% de la contratación total de la Administración.

El Gobierno, tras acordar con las comunidades autónomas y los agentes sociales, aprobará en las próximas semanas un nuevo cuadro de incentivos a la contratación que pone a las mujeres en el centro. De hecho, desarrolla tres programas específicos para favorecer la contratación indefinida de este colectivo, incluido uno para las afectadas de violencia de género.

Niega responsabilidad patrimonial respecto a una trabajadora a la que se le comunicó que había sido seleccionada para un puesto que se anuló 48 horas después. La expectativa de contratación no es contratación. Con este argumento, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha salvado al Banco de España de indemnizar con 33.370,72 euros más intereses, en concepto de responsabilidad patrimonial, a una trabajadora que fue seleccionada para ocupar un puesto. Cuarenta y ocho horas después de la confirmación

El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) ha lamentado que la reforma tributaria que ha presentado el Gobierno no incluya cambios en el tratamiento fiscal de los seguros de salud para favorecer su contratación, "lo que mejoraría el funcionamiento de la sanidad española y generaría un ahorro para el Estado de hasta 1.500 millones de euros anuales", aseguran.

El mercado laboral español sigue presentando una fuerte dualidad entre los indefinidos y los temporales, como lo demuestra el hecho de que todo el aumento de la contratación indefinida se lo hayan llevado los mayores de 40 años.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aprovechó su discurso tras el último Consejo de Ministros del año 2014 para anunciar la prórroga de una de sus medidas estrella del año: la tarifa plana de cien euros a la Seguridad Social para las empresas que hagan contratos indefinidos. No es el único incentivo que el Ejecutivo ha puesto en marcha para tratar de aumentar la contratación estable: actualmente funciona, por ejemplo, una bonificación para contratar a jóvenes menores de 25 años o los incentivos asociados al contrato de emprendedores.

La CNMC considera que la falta de competencia y la corrupción generan un sobrecoste de la contratación pública en España equivalente a 48.000 millones de euros, o lo que es lo mismo, al 4,5% del PIB .

El juez que instruye el caso Palma Arena, José Castro, ha finalizado la instrucción de la pieza sobre la contratación ‘a dedo’ por parte de Jaume Matas del arquitecto Santiago Calatrava para un anteproyecto de ópera que nunca llegó a ser construida. El arquitecto recibió 1,2 millones de euros.Según informa Europa Press, Castro abre así la vía para que el expresidente balear sea juzgado por estos hechos. El juez ha acordado la transformación de la causa en procedimiento abreviado a través de un auto en el que imputa a Matas por prevaricación adm

El informe de la contratación pública estatal de 2012 del Tribunal de Cuentas denuncia irregularidades en todos los ministerios.

El BOE recoge hoy el informe de fiscalización a la contratación del sector público estatal de 2012 realizado por el Tribunal de Cuentas. El documento recoge -una vez mas- una larga lista de incumplimientos de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) por parte de todos los ministerios y otras entidades públicas. La mayoría tiene que ver con la falta de información y justificación de las decisiones tomadas, lo que frena la transparencia, la competencia y la rendición de cuentas.

El BOE recoge hoy el informe de fiscalización a la contratación del sector público estatal de 2012 realizado por el Tribunal de Cuentas. El documento recoge -una vez mas- una larga lista de incumplimientos de la Ley de Contratos del Sector Público por parte de todos los ministerios y otras entidades públicas. La mayoría tiene que ver con la falta de información y justificación de las decisiones tomadas, lo que frena la transparencia, la competencia y la rendición de cuentas. De los 40.730 contratos adjudicados por el Estado en 2012,..

El 7% de los directivos españoles espera aumentar la contratación en el segundo trimestre, frente al 86% que no prevé cambios y el 4% que estima que reducirá personal en sus empresas. Restando el porcentaje de empresarios que prevén incrementar su plantilla del porcentaje que espera reducirla se obtiene la proyección de empleo neto, que para el segundo trimestre se sitúa en el +1%, tres puntos menor que la del primer trimestre y dos puntos inferior a la del cuarto trimestre de 2015.

El diputado de Podemos Hugo Martínez Abarca ha propuesto a la consejera de Economía de la Comunidad de Madrid que se inspire en el decreto del Ayuntamiento de Madrid para incluir cláusulas sociales en la contratación pública, algo que ha rechazado la titular de Hacienda.

La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) ha elaborado y publicado la “Guía para la definición de actividades de evaluación de la conformidad en pliegos de contratación pública” para asistir a los poderes adjudicadores en la redacción de los requisitos relativos a los Organismos de Evaluación de la Conformidad y los certificados o informes que estos emiten, así como a reconocer cuándo los requisitos mencionados se cumplen.

Hoy, 18 de abril de 2016, es el último día que tienen los estados miembros, entre ellos España, para trasponer tres directivas europeas aprobadas hace dos años y que tienen entre sus objetivos hacer más eficiente, transparente y homogeneizar las normativas sobre contratación en la Unión Europea (UE). Llegada la fecha límite, España no ha hecho los deberes.

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga aprobó ayer viernes el acuerdo marco para la contratación del suministro de energía eléctrica, que trata de fijar las condiciones a las que habrán de ajustarse los contratos y que como novedad plantea favorecer su procedencia renovable –eólica o solar, principalmente–. Por primera vez se tendrá en cuenta y se puntuará el origen renovable de la electricidad.

La Unión Europea ha puesto su punto de mira en la contratación pública española. Considera que su opacidad es más elevada que en la UE y pide cambios normativos.