El canon digital por copia privada vuelve a España después de ser anulado el 24 de marzo de 2011. En su nuevo formato, que entrará en vigor el próximo 1 de agosto, funcionará con un sistema de compensación similar al anterior. El canon digital vuelve, resurge de sus cenizas como un zombie de finales de los 90s que aún nadie ha decapitado. Hay algunos cambios a la versión anterior, nuevos precios, nuevos equipos y soportes tarifados. Aquí lo explicamos para novatos, aunque con este tema novatos volvemos a ser todos.

Los fabricantes de los dispositivos -smartphones, tabletas, ordenadores, discos duros y otros soportes para el almacenamiento de datos digitales- sujetos al canon digital han pagado al Estado unos 70 millones de euros. Estamos hablando de empresas entre las que se incluyen gigantes como Apple, Samsung o Huawei. Esta cifra supera en siete veces los cerca de diez millones que el propio Ministerio de Cultura calculó en 2015 como perjuicio anual para los creadores por la copia de obras digitales y en diez veces el perjuicio anual calculado por con

La historia del canon digital en España ha sido bastante complicada. En 2011, tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como la Audiencia Nacional se posicionaban en contra del canon, que por aquella época repercutía en el precio de los consumibles y componentes (CDs, DVDs, discos duros...) independientemente de que estos fueran utilizados o no para hacer copias de material con derechos de autor.

El Tribunal de Justicia europeo ha tardado cuatro años en declararlo ilegal. Lo hace ahora señalando que no se ajusta al derecho comunitario: se estaba aplicando de manera indiscriminada y tanto a personas físicas como a jurídicas, que no tenían forma de evadir el canon en el impuesto de sociedades. Entonces… si el canon digital ya no se podrá cargar a los Presupuestos Generales del Estado, ¿quién lo abonará? La sentencia comunitaria obliga al PP a modificar la ley, pero no se establece cómo.Será el gobierno el que tenga que buscar un sistema..

Por decreto y con la mayoría del Partido Social-Demócrata (PSD, conservador) que gobierna en Portugal. Así fue aprobado el canon que grava smartphones, MP3, discos duros externos, smartphones, CD, impresoras, fotocopiadoras, tarjetas de memoria y pendrives, entre otros dispositivos. Si bien ya existía un tipo impositivo para CD y DVD desde 1998, con esta nueva normativa, los portugueses dan luz verde al canon digital para garantizar la compensación por copia privada.

Las entidades de gestión y las asociaciones que representan mayoritariamente a las empresas fabricantes de equipos y aparatos que asumirán la compensación por copia privada dispondrán de un mes para pactar las cantidades a pagar por este concepto, tras la entrada en vigor del Real Decreto-Ley que regula el nuevo canon digital.

El Tribunal Supremo ha desestimado la petición de resarcimiento por daños y perjuicios que la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y otras entidades de gestión de derechos de autor pidieron, tras ser anulado el llamado canon digital de 2012, aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy. La otras entidades afectadas son Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE) y la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (Agedi).

El BOE publica el Real Decreto que modifica el canon digital que graba los aparatos que permiten la copia de contenidos con derechos de propiedad intelectual.

La Asociación de Internautas ha recordado hoy en un comunicado las asignaturas pendientes del Gobierno en materia digital y que deberá retomar este año: Reactivación del CATSI, análisis de la Directiva Europea de Copyright, Ley de Propiedad Intelectual (LPI) y Ley Orgánica de Protección de Datos y Nuevos Derechos Digitales, canon digital, Ley Orgánica sobre la utilización de los datos del Registro de Nombres de Pasajeros (PNR) , DNI Electrónico, despliegue del 5G y control de la Inteligencia Artificial por las personas.

El Gobierno ha recuperado el canon digital que el año pasado los tribunales echaron abajo. Quedan exentos del pago del mismo el Congreso el Senado, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y otros organismos públicos, así como aquellos equipos adquiridos para uso profesional, y no privado.

El Pleno del Congreso ha convalidado el decreto-ley que regula el canon digital y fija un sistema de compensación por copia privada para los propietarios de obras protegidas. El decreto ha contado con 270 votos a favor, 60 en contra y 18 abstenciones. En la sesión, han votado a favor PP, PSOE, Ciudadanos y PNV. En el grupo Parlamentario de Unidos Podemos, Podemos, En Comú y En Marea han votado en contra mientras que IU se ha abstenido. ERC también se ha abstenido.

El R.D. 12/2017, de 3 de julio, modificó el Art. 25 R.D. 1/1996 en cuanto al sistema de compensación equitativa por copia privada. En términos generales, sustituyó el anterior modelo de compensación financiada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado por un modelo basado en el pago a satisfacer por los importadores y fabricantes y distribuidores de equipos, aparatos y soportes de reproducción. Es decir, se trata de un canon que grava a los productos que pueden permitir la copia privada de contenidos multimedia.

El Gobierno aprobó la nueva tasa en julio de 2017. Las empresas quedan exentas del Canon Digital siempre y cuando lo pidan a través de Ventanilla Única. El Corte Inglés es la única gran compañía que lo ha solicitado.

El autor repasa el contenciosos sobre el canon digital en la UE y mantienen que los grandes perjudicados son los ciudadanos,a los que se cobra arbitrariamente.

La patronal de empresas de electrónica, que desde hace unos meses ha perdido fuerza tras la salida de Movistar, Vodafone y Orange, entre otras grandes empresas, considera que "las cantidades recaudadas superan con considerablemente el perjuicio efectivamente causado por la copia privada.

Pero no nos engañemos. Hasta ahora también hemos estado pagando el “sistema equitativo de compensación por copia privada” (nombre oficial de este mecanismo) a las entidades de gestión de derechos de autor. La diferencia es que el asalto a nuestras carteras se realizaba vía impuestos. Cuando el Gobierno eliminó el mecanismo ahora recuperado lo que hizo fue compensar a la SGAE y compañía con una partida de los Presupuestos Generales del Estado. Hay que reconocer, eso sí, que esas organizaciones salieron perdiendo.

El Tribunal Supremo ha condenado este jueves al Estado a abonar 57 millones de euros a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual por los perjuicios que les causó entre los años 2015 y 2017 la normativa aprobada por el Gobierno del PP en diciembre de 2011, cuando suprimió la compensación equitativa por copia privada, también llamado canon digital.

Hace una década el mercado de los soportes ópticos estaba en plena ebullición en España, pero la implantación del canon digital supuso un fuerte mazazo para el sector, que veía como esta tasa desproporcionada suponía un importe que multiplicaba el precio del producto. La respuesta de muchas tiendas y distribuidores fue buscar mecanismos para eludir el pago del canon, pero en algunos casos se les fue de las manos.

Las entidades de gestión de derechos se configuran en el centro de un sistema que plantea muchas contradicciones y una posible infracción de la privacidad. Si la última gran guerra empezó con Napster y acabó con la productiva alianza con iTunes, hoy la vieja industria tiene un nuevo objetivo: las grandes plataformas de contenido por streaming que han desembarcado en España en el último año y medio. A diferencia de iTunes, muchas de esas plataformas generan su propio contenido, sustituyendo a la industria tradicional en lugar de ofrecerle sus…

El TC ha anulado por inconstitucional el impuesto catalán sobre la provisión de contenidos por parte de los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas y de fomento del sector y de la difusión de la cultural digital, más conocido como 'canon digital' o 'impuesto del ADSL'. Este impuesto establecía que las operadoras de Internet pagasen en Cataluña una cuota fija de 0,25 euros al mes por cada conexión contratada (un importe que no podía repercutir en el usuario), con lo que se preveía recaudar 20,5 millones de euros al año.