Juan Francisco García Gómez, que fue director del Gabinete de Presidencia de la Generalitat valenciana con Eduardo Zaplana y está implicado como él en el caso de presunto blanqueo de capitales procedentes de mordidas conocido como caso Erial, se acogió a la amnistía fiscal ofrecida por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Así consta en el sumario del caso, cuyo secreto se levantó el pasado lunes.

El juicio contra el expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo con el PP, Eduardo Zaplana, y otras 14 personas más por el caso Erial arrancará la próxima semana, tal y como estaba previsto, pese a un problema de salud que ha padecido el abogado del 'expresident'.

La magistrada instructora del caso Erial, que investiga sobornos y blanqueo de capitales, entre otros delitos, en relación con las adjudicaciones de los planes eólicos y las ITV de la Comunitat Valenciana, ha acordado el decomiso de casi siete millones de euros entre efectivo, propiedades inmobiliarias, vehículos y enseres de los diferentes imputados en la causa, entre ellos el expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, en prisión provisional. La jueza ha utilizado el decomiso en lugar del más habitual embargo de bienes.

En el recurso, Zaplana asegura que tiene un patrimonio moderado, pone en duda algunos de los testimonios y considera que no se justifica debidamente que se haya cometido algún delito.

La sección cuarta de la Audiencia de Valencia ha autorizado al exministro de Trabajo Eduardo Zaplana a abrir una cuenta bancaria. Zaplana, como sucede con los principales procesados en el caso Erial, tienen todas las cuentas bloqueadas desde 2018, cuando estalló el caso Erial. Una efemérides de la que se cumplen cinco años el próximo lunes.

La última fase de la investigación ha permitido establecer la conexión de los fondos de Andorra, Luxemburgo y las comisiones ilícitas del caso Erial. En total, se trataría de unos 20 millones de euros pertenecientes a la, según la propia juez les denomina, "organización criminal" formada por estrechos colaboradores del que también fuera expresidente de la Generalitat Valenciana.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha acudido al juzgado que lleva el caso Erial y en el que será llamado a declarar como testigo más adelante y ha mantenido ante los medios de comunicación que la verdad "es la verdad" al ser preguntado si sostiene que el caso Zaplana fue una operación del CNI.

Fuentes jurídicas han indicado que el ex director general de la Policía y expresidente de Les Corts ha abandonado las dependencias de la Guardia Civil sin que pesara ninguna medida cautelar ni citación para presentarse ante el Juzgado encargado de la investigación.

La magistrada del 'caso Erial', María Isabel Rodríguez, ha rechazado en un auto una oferta de colaboración del expresidente valenciano Eduardo Zaplana. Según la titular del juzgado número 8 de Valencia, “no es necesaria para la investigación” la ayuda del exministro, quien se ha mostrado dispuesto a autorizar a cualquier investigador para obtener información sobre cuentas, bienes o sociedades en el extranjero. La jueza asegura que el riesgo de que se fugue a pesar de su cáncer sigue existiendo.

La Fiscalía Anticorrupción sospecha que el expresident de la Generalitat Valenciana y sus colaboradores pudieron apoderarse de unos 17 millones de euros en comisiones irregulares por las adjudicaciones de la gestión de las ITV autonómicas y del plan eólico.

Las conversaciones telefónicas intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a los principales investigados del caso Erial, por el que está imputado Eduardo Zaplana, muestran las tensiones y las inquinas personales de la banda. Joaquín Barceló, alias Pachano, presunto testaferro del exministro y Francisco Grau, el asesor fiscal de la trama, se llevaban como el perro y el gato. Zaplana, según de desprende de los pinchazos telefónicos, intentaba mediar.

La jueza alza el secreto de sumario del caso Erial, la investigación de las agendas de Zaplana y revela que la trama llegó a acumular 11,2 millones en Luxemburgo.

Joaquin Torres "el arquitecto de los famosos", fue uno de los testigos citados ayer en el caso Erial y confirmó ante la jueza de Instrucción 8 y el Fiscal Anticorrupción el presunto pelotazo que dio el entonces ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, en La Finca, la urbanización de lujo de Pozuelo conocida por albergar a todo tipo de famosos. Una operación que se hizo a través de los dos supuestos testaferros de Zaplana, Joaquín Barceló y Francisco Grau.

Francisco Grau, asesor fiscal de Eduardo Zaplana, declaró este jueves en el juicio del 'caso Erial' en actitud por momentos chulesca. El fiscal Pablo Ponce le insistió en que aparece en todas las operaciones de blanqueo atribuidas al expresidente de la Generalitat Valenciana. “Esos sucesos que dice usted son estadísticamente independientes, por mucho que se empeñe”, respondió Grau en referencia a la coincidencia.

El levantamiento parcial del secreto de sumario de la operación Erial, que tiene como principal imputado por blanqueo de capitales al expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana, deja constancia de la obsesión que tenía el Molt Honoratble por el dinero en efectivo. De hecho, según el sumario, se sacaron de las cuentas opacas en Uruguay y Andorra casi 3,3 millones de euros.

Según apunta la documentación a la que ha tenido acceso Levante-EMV, la sección quinta de la Audiencia ha tomado esta decisión tras un informe de la Fiscalía Anticorrupción que eleva hasta los «16.292.520 euros la cantidad abonada en cuentas bancarias en el extranjero» por Zaplana y sus colaboradores.

En el informe de la UCO, se explica con todo lujo de detalles el sistema de repatriación de dinero desde la empresa Imisión Internacional, creada por los Cotino en Luxemburgo para el pago de las supuestas mordidas al expresidente, hasta otra empresa instrumental, Medlevante, esta a nombre de testaferros, para que la trama pudiera comprar varios inmuebles con los que dar un pelotazo urbanístico. El sumario expone, además, que pensaban, como mínimo, duplicar lo invertido.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado este miércoles que la institución que preside se personará en la causa abierta a raíz de la operación Erial, en la que fue detenido este martes el expresidente Eduardo Zaplana por un posible delito de blanqueo de capitales, desvío de fondos y malversación de caudales públicos.