El Gobierno se ha comprometido a poner fin en esta legislatura a la cita previa obligatoria en las oficinas de la Administración Pública a través de la modificación en la Ley de Procedimiento Administrativo Común. "Para interaccionar con la Administración no hace falta tener una cita previa obligatoria", ha recalcado el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, durante su comparencia en la Comisión de Hacienda y Función Pública celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados.

La Xunta quiere que el acceso a las playas de Galicia se regule a través de cita previa. El Gobierno autonómico ha presentado una plataforma que se ofrecerá a todos los ayuntamientos para anticiparse a la previsible afluencia de visitantes en las zonas costeras. Pueden utilizarla de forma voluntaria. Esta herramienta permitirá a los ciudadanos obtener una acreditación para acceder a una playa determinada en una fecha seleccionada, con un mecanismo similar al empleado en la playa de As Catedrais.

Superada la pandemia, se suponía que se superarían también sus peculiaridades, pero aún quedan instituciones que han visto abrirse el cielo con eso de la cita previa y la mantienen contra viento y marea.

Una vez pasada la excepcionalidad sanitaria derivada de la pandemia, ¿existe alguna norma que permita a las administraciones públicas imponer una cita previa obligatoria como lo están haciendo? No; y no solamente no la hay, sino que las que hay dicen lo contrario. Partiendo de la norma suprema, la Constitución, esta obliga a la Administración a servir con objetividad a los intereses generales. Y como ha recordado el Tribunal Supremo, «el interés general o público pertenece y beneficia a los ciudadanos, no a la Administración como organización.

El titular del Ejecutivo gallego señaló que durante el covid pudo ser necesario aplicar con «toda a intensidade» la cita previa obligatoria, pero «non tiña sentido mantela».

Mapeamos con un robot el acceso a la Seguridad Social buscando cita tres veces al día durante dos semanas: en 43 de las 414 oficinas abiertas no había ninguna para gestionar pensiones, la cifra sube a 63 de 394 para IMV. Y, cuando sí la hay, la mitad de veces es para, como mínimo, dos semanas más tarde. En 43 de las 414 oficinas abiertas de la Seguridad Social fue imposible encontrar cita durante esos 14 días para gestionar pensiones, la cifra sube a 63 de 394 cuando hablamos del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Se acabó tener que pedir cita previa para realizar algún trámite. El Govern ha anunciado hoy que eliminan la obligatoriedad instaurada en varios servicios durante la pandemia de coronavirus. Ahora se podrá acudir directamente a la administración sin tener que agendar una visita previamente para ser atendidos. Otra de las medidas anunciadas es la gratuidad del teléfono de información ciudadana 012 de la Generalitat, que asumirá el coste del servicio, entorno a los 1,2 millones de euros. El 061 se mantiene de pago porque es competencia del Estado

Los expertos aseguran que este ‘modus operandi’ «no se justifica a estas alturas» e infringe los principios de servicio efectivo a los ciudadanos

Todas las formas de agenda se pueden abrir, cerrar o eliminar sus contenidos cuando queramos. ¿Sí o no? Sí, claro. Y también las de los organismos públicos, que se cierran o se abren por decisión de un funcionario, como si fuera «su» agenda privada.

Si bien de puertas hacia afuera se ha rechazado este modelo de gestión, lo cierto es que la administración pública ha gastado varios millones en contratar al líder mundial de este sector, Qmatic, y a la empresa que gestiona los contact centers, Ibermática, investigada por manipulación de contratos públicos.

El anuncio ha caído como una bomba sobre los funcionarios con más tensiones, los de la Seguridad Social y el SEPE, y ha causado gran malestar en la Agencia Tributaria

El guarda de seguridad para los pies a todo aquel que quiera acceder al edificio sin cita previa e informa de lo que sabe como buenamente puede. En la oficina del Instituto de la seguridad Social (INSS) de Torrent (donde se realizan las imágenes de este reportaje) o en cualquier otra de la Comunitat Valenciana o de otra autonomía. El servicio es estatal y la orden de impedir la entrada libre al edificio, también lo es.