Con el tiempo, las cloacas del Estado han ido diversificando sus actividades clandestinas. En el año 2013, los elementos de la Brigada Patriótica diseñan una compleja operación para sustraer información altamente sensible sobre la financiación ilegal del PP al extesorero del partido, Luis Bárcenas. Ha nacido el caso Kitchen (“cocina” en inglés). En enero de ese año se publicaron las primeras informaciones sobre los papeles de Bárcenas y la contabilidad “en B” o en negro del partido, unos apuntes contables que desencadenaron un fuerte terremoto.

Público accede en exclusiva a una de las facturas que la compañía eléctrica Iberdrola pagó al comisario José Manuel Villarejo Pérez hasta octubre de 2004, por cuantiosos importes que ascendían hasta los 116.000 euros como en este caso. Los servicios prestados eran incompatibles con la actividad que desempeñaba dentro de la Policía Nacional y, aunque él alega en su defensa que fue autorizado por los ministros de Interior y directores del CNI de toda la democracia, en estos momentos está en prisión acusado de organización criminal, cohecho...

El excomisario de policía José Manuel Villarejo, fontanero durante años de las cloacas del Estado, ha asegurado que el CNI se planteó ya en el año 2012 enviar carros de combate a Catalunya coincidiendo con las primeras manifestaciones masivas por la independencia y la convocatoria de elecciones anticipadas por parte del entonces presidente de la Generalitat Artur Mas.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado español a indemnizar a 20 jueces catalanes que se habían pronunciado a favor de la consulta del 9N en Catalunya y cuyos datos personales fueron filtrados a la prensa desde ficheros policiales.

La SER accede al sumario íntegro de la causa abierta en Andorra por la intervención de la BPA y el Banco de Madrid para obtener las supuestas cuentas ocultas de líderes independentistas. Un representante de la embajada española en Andorra advirtió a la BPA de que el Banco de España daría el "hachazo" y la intervendría, y que sus restos serían vendidos a EEUU, nueve meses antes de que finalmente sucediera. Los representantes del "Estado español" ofrecieron paralizar el operativo si facilitaban datos de Artur Mas, Oriol Junqueras y Jordi Pujol.

No solo había que conocer, a fondo, los casos de los que se hablaba, había que entender al personaje, sus dèrias -como dicen en Cataluña-, sus tics disparados, sus acusaciones explícitas e implícitas. Y eso, por mucho intento que uno haga por ser pedagógico y poner a dos de los mejores periodistas de este país a explicarlo, no es trabajo sencillo.

El comisario jubilado Jose Villarejo ha perdido una testigo clave en la causa que le investiga por, presuntamente, apuñalar a la doctora Elisa Pinto al haber fallecido la médico del Samur que atendió a la dermatóloga el 10 de abril de 2014, cuando Pinto fue apuñalada en presencia de su hijo. Fuentes jurídicas han informado de que la facultativa del Samur falleció hace tres meses, por lo que el testimonio que ofreció en sede policial en el que aseguró que la herida de Pinto no era "penetrante" ni compatible con un ataque puntiforme con arma blan

El excomisario difunde un nuevo comunicado en el que se aferra a un acta notarial presentada por Corinna Larssen para cargar contra el director del CNI, Sanz Roldán, a quien acusa de filtrar a la prensa el incidente del rey emérito en la cacería de Botsuana. Según Villarejo, "se trata de informes políticos e información relativa a negociaciones financieras empresariales relativas a su persona y otros miembros de la casa real. El archivo Jano en el que se encuentran los vicios y virtudes de las personalidades más relevantes de nuestro país".