Con la desestimación de su recurso de casación, el Tribunal Supremo ha declarado firme la condena impuesta a un médico de familia del PAC de A Parda, en Pontevedra, por cobrar por firmar certificados de defunción. De este modo, se le impusieron como autor de un delito continuado de cohecho tres años de prisión, multa de 6.480 euros y siete años de inhabilitación especial para el empleo de médico o para cargo público relacionado con el ejercicio de la medicina.

El doctor Nicholas Chapman, de 55 años, residente de Taunton, Somerset, al suroeste de Inglaterra, ha sido condenado a un año de trabajo comunitario tras intentar participar en "actividades sexuales sin consentimiento". El doctor había puesto reiteradamente a lo largo de un año su semen en el café que preparaba para una mujer. El acusado, que guardaba una colección de vasijas con su esperma, afirma que eran para estudiar por qué eyacula al defecar.

El facultativo ha sido condenado a dos años de prisión y otros dos de inhabilitación para el ejercicio de la profesión, así como a indemnizar con mil euros a la víctima. Es la condena recogida en la sentencia hecha pública hoy, que condena al facultativo J.E.M, en concreto, por un delito de abuso sexual con la agravante de abuso de confianza. No obstante, al no tener antecedentes penales, la condena de cárcel podría no hacerse efectiva, según apunta la agencia EFE.

El acusado, que sólo estará siete años y medio en prisión gracias al artículo 76.1 del Código Penal, dejaba encendida la cámara del móvil cuando revisaba a las mujeres y les pedía desvestirse, "con o sin motivo" 73 años y 6 meses de cárcel, casi 76.000 euros de indemnización a 35 víctimas, otras tantas órdenes de alejamiento y la inhabilitación para volver a ejercer la medicina

La sentencia considera probado que entre 2012 y 2015 usaron maquinaria y reactivos del hospital para realizar pruebas a pacientes privados de las clínicas en las que también trabajaban.

El Juzgado de lo Penal número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado a una médica de familia del Centro de Salud de Tejeda a seis meses de prisión y la inhabilitación para ejercer la profesión médica durante un año y medio por un delito de homicidio por imprudencia grave cometido sobre una paciente de 15 años que fue al ambulatorio de urgencias y acabó perdiendo la vida. Además, la doctora deberá pagar 250.000 euros en concepto de indemnización a los padres de la víctima

Una mujer ha sido condenada a 11 meses de prisión y al pago de una multa de 720 € tras reconocer ayer en un juzgado de lo Penal de Palma que falsificó en 2017 recibos médicos de su hija para engañar a su exmarido. El convenio regulador que firmaron tras el divorcio establecía que los gastos extraordinarios de origen médico o farmacéutico de la menor debían ser abonados al 50%. La acusada no entrará en la cárcel al alcanzar su abogado un acuerdo con la fiscal para que la pena quede suspendida por plazo de dos años en los que no podrá delinquir.

La Comunidad de Madrid deberá indemnizar con 20.000 euros a un médico de un centro de salud saturado en Vallecas por las malas condiciones de trabajo a las que estaba sometido, según una condena del juzgado número 1 de Madrid que puede abrir el camino a más de 200 profesionales que reclaman pagos por la sobrecarga. El fallo, del 11 de mayo, se ha producido después de una larga huelga en la atención primaria de Madrid entre noviembre y marzo, que la presidenta Isabel Díaz Ayuso despreció diciendo que su motivación era política. Según la condena,

El médico acusado de masturbarse ante una paciente en su consulta en el Centro de Salud de Guijuelo (Salamanca) ha sido condenado a dos años de prisión y otros dos de inhabilitación para el ejercicio de la profesión, así como indemnizar con mil euros a la víctima. Así se recoge en la sentencia del Juzgado de lo Penal número dos de Salamanca, hecha pública este miércoles, que condena al facultativo J.E.M. por un delito de abuso sexual con la agravante de abuso de confianza[...]

La madre padece síndrome de Munchausen por poderes y se le ha retirado la patria potestad de la pequeña, que tiene cuatro años. La Audiencia de Cantabria ha condenado a dos años y tres meses de prisión, por un delito de lesiones, a la mujer diagnosticada de síndrome de Munchausen por poderes que administró un fármaco a su hija de cuatro años que los médicos le habían retirado.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado en conformidad a dos años de prisión, tres años de libertad vigilada y dos de inhabilitación profesional a un médico del Hospital Montecelo que abusó sexualmente de tres pacientes.

El juzgado de Primera Instancia número 14 de Sevilla ha condenado al centro médico privado Cemedi (Centro Médico de Diagnóstico por la Imagen) a pagar una indemnización de 43.000 euros a un paciente al que dejaron en un escáner durante más de dos horas olvidado, informa Diario de Sevilla. A causa de este episodio, el afectado sufrió estrés postraumático por el que recibió tratamiento médico durante dos años después.

Se trata de la primera vez que una sentencia pena en Extremadura a un paciente a no aproximarse durante este tiempo a un médico y a comunicarse con él, recogiéndose así una reivindicación de los colegiados, "los cuales en esos supuestos de agresión pedían siempre que por parte de la Administración se tomaran las medidas necesarias para evitar que posteriormente a esos hechos tuvieran que seguir asistiendo al paciente- agresor".

José María Pérez Garrido, cargo de Vox en Cataluña, condenado por hurgar en datos médicos confidenciales en el Hospital de Mataró. Al parecer, el sanitario vulneró parte de la normativa de protección de datos tras atender en el Hospital a una persona que conocía. Tras ello y por motivos que se desconocen, accedió a una base de datos para la que no tenía autorización.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado en una sentencia que "la Comunidad de Madrid vulnera los derechos de los médicos de Atención Primaria y pediatras en materia de integridad física y salud al no haberles dotado de forma completa de los medios y medidas de protección en sus centros de trabajos", agregando que esta situación no se ha producido "ni antes ni después de sobrevenida la pandemia". En la sentencia el Alto Tribunal madrileño estima en parte la demanda formulada por conflicto colectivo de vulneración de derec

Según ha informado la Conselleria en una nota de prensa, la agresión se produjo este martes cuando una paciente se presentó de urgencias y, después de ser explorada por la médica, exigió a la sanitaria que le recetase un medicamento determinado.

La sobrecarga de trabajo que sufren los médicos de atención primaria y los pediatras y que ha llevado a sindicatos, organizaciones gremiales, asociaciones de pacientes u oposición política a hablar de colapso del servicio ha provocado una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por “vulnerar los derechos fundamentales” los facultativos del Servizo Galego de Saúde. En concreto, “en materia de integridad física y salud”.