Una profesora víctima del fraude de los cursos de formación en Andalucía fue contratada para impartir clases y le exigían que una parte de su sueldo lo entregara a las organizaciones que gestionaban los cursos, además asegura que fue contratada para impartir clases en varias academias, pero trabajaba sin medios y casi sin alumnos. Comenzó a conocer la corrupción en los cursos de formación el día que cobró su primer cheque como profesora: "Sólo así podía trabajar entregando casi el 60% de mi sueldo a los organizadores de los cursos".

La Policía Nacional ha iniciado este lunes una nueva fase de detenciones en torno a la investigación sobre el fraude en los cursos de formación en Andalucía.

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, ha dicho estar "preocupado"...

“Pensando en los objetivos de su organización, le ofrezco la oportunidad de beneficiarse de una de dichas becas”. Con esta propuesta se dirigía el director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Juan Márquez, hoy enjuiciado en la pieza política del caso ERE, al entonces secretario general del PSOE de Huelva, Mario Jiménez, para ofrecerle una plaza en el curso de Alta Dirección de Instituciones Sociales del Instituto Internacional San Telmo de Sevilla en 2010.

Caso Ere: 71 millones de euros defraudados al 90% de la revisión de las ayudas sociolaborales. Caso UGT: 4,9 millones de euros con 21 expedientes revisados. Caso de los cursos de formación: 17 millones de euros en el 50% de las ayudas concedidas desde 2007 a 2011. Son las cantidades oficiales reclamadas por el Gobierno andaluz en las tres investigaciones internas abiertas en la administración autonómica después de que estos tres escándalos estallaran en los tribunales desde hace ya tres años.

La Educación concertada se ha mostrado este viernes satisfecha con el acuerdo alcanzado con la consejería que dirige Javier Imbroda que les permitirá incorporar nuevos profesores el próximo curso para reforzar las plantillas y hacer así frente a la gestión de la pandemia del coronavirus. Así lo han expresado de manera conjunta las tres organizaciones patronales Escuelas Católica-Andalucía, CECE-Andalucía y la Asociación de Centros de Economía Social de Andalucía. Lamentan, sin embargo, que esta medida solo sea para los niveles obligatorios.

Las investigaciones de la Udef y de la Fiscalía Anticorrupción para destejer la tela de araña en torno al fraude de los cursos de formación a cargo de la Junta de Andalucía está arrojando luz sobre los vínculos entre empresarios beneficiados, el PSOE y la Junta de Andalucía. Habían aparecido algunos casos en Málaga, pero ahora las pesquisas se dirigen hacia Almería. Varias empresas de la provincia controladas por un dirigente socialista y por un empresario próximo a la Junta obtuvieron más de 1,9 millones de euros en subvenciones.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) condenó a la Junta de Andalucía a pagar 34.647 euros por cuatro cursos de formación al exconsejero de Hacienda andaluz y empresario Ángel Ojeda, el principal imputado en el fraude de dichos cursos y que tendrá que declarar por ello el próximo lunes 11 de abril en un comisión de investigación ante el Parlamento andaluz. Complementaria de www.meneame.net/story/juez-declara-junta-andalucia-responsable-civil-s

Según se ha informado desde la UNIA, será el quinto curso de estas características, organizado por el Instituto Andaluz de Administración Pública, que se realiza en la sede de Baeza, ya que en 2016 se realizaron dos cursos y en 2017, otros dos. El curso se desarrolla en tres días y durante el mismo se intentará que el alumnado se prepare para asumir positivamente los cambios provocados por la jubilación, tome conciencia de que la jubilación es una oportunidad para el crecimiento personal y apuesten por un envejecimiento activo y saludable.

La UGT de Andalucía se quedaba con el 20% de las subvenciones que recibía por los cursos de formación, según la Guardia Civil. Además, creen que exigían un canon revolucionario a sus proveedores lo que les permitía tener un excedente de dinero con el que se creaban los botes, saldos que usaban para sus propios gastos.

La juez Mercedes Alaya no da abasto para llevar a buen fin la investigación de los dos macro procesos judiciales que dirige y que afronta prácticamente sola: el relativo a las irregularidades en los cursos de formación y el de los falsos EREs. Por esta razón, ha reclamado a la Junta de Andalucía y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que destine a su juzgado tres funcionarios de refuerzo ante la sobrecarga de trabajo derivada de las citadas investigaciones.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este martes al exdelegado provincial de Empleo en Sevilla de la Junta de Andalucía Antonio Rivas en el marco de la operación por el presunto fraude en cursos de formación financiados por la Junta que investiga la juez Mercedes Alaya.

auto del pasado 1 de abril deja claro que la macroestafa de los cursos de formación fue orquestada desde la cúpula de la Junta de Andalucía. También que la Orden del 23 de octubre de 2009 que aprobó José Antonio Griñán como presidente del Gobierno andaluz favorecía la estafa. “Esta orden propicia fundamentalmente el descontrol e irregularidades siendo altamente significativo que en todas las provincias del ámbito de Andalucía presuntamente se hayan reiterado las conductas investigadas y siempre a favor de las personas..."

El Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva, encargado de la investigación del supuesto fraude en los cursos de formación otorgados por el Gobierno andaluz, ha declarado responsable civil subsidiaria del mismo a la Junta de Andalucía. El magistrado resuelve de esta manera la personación de la Junta en este procedimiento, después de que la Administración pidiera personarse en la causa y se haya admitido esta personación en calidad de responsable civil subsidiaria.

Susana Díaz se refugia en la bandera de Andalucía e intenta aparentar la iniciativa en el escándalo de los cursos de formación. Los datos oficiales constatan que las subvenciones de los programas de empleo han sido durante más de una década campo abonado para el fraude, el desvío de fondos y el clientelismo político.

El Ministerio Fiscal deja ya claro que el escándalo no se limita en ningún caso de modo exclusivo en la provincia de Málaga, como en principio resaltó la Junta de Andalucía y sobre todo incidió el consejero de Educación, Luciano Alonso, en su intervención en el Parlamento de Andalucía... La Junta ha mirado para otro lado en esta masiva estafa que podría elevarse a más de 2.000 millones de euros, según calcula la UDEF...

La Junta de Andalucía rebaja sustancialmente las cantidades difundidas sobre un presunto fraude en la gestión de ayudas para la celebración de cursos de formación en la comunidad: el dato publicado, unos 2.000 millones de euros, corresponde al presupuesto total de este tipo de cursos en los últimos siete años. Acusa al Ministerio del Interior de emprender una “causa general” contra Andalucía. El ministerio de Fernández Díaz ha negado “categóricamente” haber filtrado la investigación a los medios.

Francisco Oliva, consejero de Trabajo de la Junta de Andalucía con Manuel Chaves entre 1990 y 1993, dejó listo un acuerdo en mayo de 2012 para conceder cursos de formación al Grupo Vértice, donde su sobrino Alfonso Ochoa Oliva es un alto directivo, justo al mes que se jubiló como director de la Escuela de Hostelería de La Cónsula que gestiona el Gobierno andaluz y el Ayuntamiento de Málaga.

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, dentro de la investigación por las presuntas irregularidades en relación a las ayudas a cursos de formación y subvenciones por parte de la Junta de Andalucía a sindicatos y otras entidades, considera que la Junta habría concedido 950 millones de euros en subvenciones a la formación sin justificar entre los años 2008 y 2011. Relacionada: www.meneame.net/story/alaya-amplia-investigacion-ayudas-junta-durante-

Durante más de cinco horas, un funcionario de la Consejería de Empleo en Sevilla ha declarado como testigo ante la juez Mercedes Alaya dando cuenta de las irregularidades y la falta de control que han reinado en los fondos destinados para la formación en Andalucía. Teodoro Montes, uno de los principales testigos en este fraude que instruye Alaya, ha narrado cómo su departamento fue desmantelado y privado de personal hasta el punto que él solo estuvo al frente de la supervisión de “miles” de cursos durante más de un año.

Heredera de la Expo 92 de Sevilla, la Fundación Forja XXI, uno de los entes instrumentales mimados por la Junta con al menos 5,5 millones de euros en cursos de formación, ha entrado en concurso necesario –no voluntario– de acreedores. CajaGranada exige los 2,4 millones de euros que le adeuda. La entidad financiera reclama esta cantidad que espera “recuperar”, según confirma a El Confidencial un portavoz oficial de la caja, vía la administración concursal que dirige el abogado José Luis Gómez Roldán.En el Boletín Oficial del Estado del pasado...

La Junta de Andalucía ha solicitado la nulidad de la causa que investiga la juez Mercedes Alaya sobre el presunto fraude en subvenciones a cursos de formación por parte de la administración autonómica por considerar que puede existir "vulneración del principio de juez natural"... Junto a ello, el Ejecutivo andaluz también ha recurrido el auto dictado por Alaya el pasado viernes en el que da diez días a la Junta para entregar en el plazo de diez días las actas de las reuniones de la Comisión General de Viceconsejeros

La intensa investigación policial y judicial de los casos EDU y ÓSCAR, que se centraron en Andalucía Oriental y Cádiz, dieron origen a una serie de diligencias para averiguar la realidad de los cursos de formación en Andalucía...En el caso de Cádiz, todos los expedientes analizados incumplen la Ley General de Subvenciones. Dice el informe que "de forma general se evidencia que los gastos imputados y admitidos por el órgano gestor incumplen los artículos 101 de la Orden de 23 de octubre de 2009, artº 37 de la Orden de 31 de Octubre de 2008...

La Intervención General de la Junta de Andalucía ha elevado a 3.015 millones de euros las cantidades pendientes de justificar y que han sido objeto de requerimiento por parte de las intervenciones competentes en relación a los programas 32D y 32L vinculados a las subvenciones para los cursos de formación entre los años 2005 y 2013.