El Congreso suprimió las conocidas como pensiones parlamentarias en 2011, en plena fase de ajustes por la crisis económica, pero en la actualidad todavía hay más de un centenar de exdiputados y exsenadores que, como aquel año ya habían generado el derecho a cobrar estas cantidades para complementar sus propias prestaciones, continúan recibiendo un pago mensual de las Cortes Generales; en el 45% de los casos, esa cifra supera incluso los mil euros al mes.
