El Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid ha absuelto a Antonio Rafael Chacón y otros tres acusados de un delito contra la salud pública, por fabricar y distribuir el producto conocido como bio-bac, pero ha condenado a Chacón a cuatro meses y quince días de prisión por un delito relativo a los consumidores. La magistrada entiende que, a pesar de que en el etiquetado de bio-bac se hacía constar que se trataba de un suplemento dietético, se intentaba vender como medicamento para enfermos de cáncer, sida y otras enfermedades graves

Trece personas están siendo investigadas por la Guardia Civil por delitos relacionados con la comercialización ilegal de productos cárnicos, a través de 14 empresas dedicadas este sector en las provincias de Murcia, Badajoz, Cáceres, Huelva, Salamanca, Granada, Madrid, Zaragoza y Barcelona. Están acusados de los presuntos autores de delitos de estafa, falsedad documental, contra la salud pública y los consumidores, relacionados con la comercialización ilegal de tales productos alimenticios.

La trama. Un procedimiento que seguían otros ocho empresarios leoneses, algunos propietarios de cárnicas o de empresas de distribución así como el dueño de un restaurante en Valdevimbre. Todos ellos distribuían o comercializaban con carne sabiendo que carecían de las garantías mínimas. La Fiscalía solicita penas de entre cuatro y dos años y medio de prisión para cada uno de ellos hasta sumas los 20 años por un delito contra la salud pública. Asimismo se enfrenta a diferentes multas y penas de inhabilitación de hasta seis años.

La Sala Penal del Supremo señala que “hay un salto cualitativo y no meramente cuantitativo entre el consumo compartido entre amigos o conocidos -uno se encarga de conseguir la droga con la aportación de todos para consumirla de manera inmediata juntos, sin ostentación ni publicidad- y la organización de una estructura metódica, institucionalizada, con vocación de permanencia y abierta a la integración sucesiva y escalonada de un número elevado de personas”. El Supremo fija 9 requisitos para que un club de cannabis no sea delito.

En el marco de la operación INXER-TORO se ha procedido a la detención de 14 personas e investigación de otras 8, llevando a cabo 12 registros domiciliarios y 5 inspecciones en naves industriales, habiéndose acordado de forma preventiva el bloqueo de tres cajas de seguridad, 126 cuentas bancarias con un saldo aproximado de 12.000.000 de euros, y la intervención de 55 inmuebles con un valor estimado superior a los 9.000.000 de euros; se ha incautado más de 207.000 euros en metálico.

Tras una denuncia presentada por el Colegio de Odontólogos. El organismo llevó al juzgado un centenar de casos de pacientes. Algunos de ellos sufrieron engaños en los tratamientos, lesiones y pérdida de dientes sanos

El Gobierno vasco va a comunicar a 161 ciudadanos con Covid-19 en Euskadi que cometerán un "delito contra la salud" si deciden ejercer su derecho a voto en las elecciones

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva ha absuelto al exalcalde de Aljaraque el popular Juan Manuel Orta, que estaba acusado de un delito...

La operación, que continúa abierta, se inició ayer en San Sebastián, donde agentes del Instituto Armado registraron el almacén de una conocida empresa especializada en la venta de semillas de marihuana y productos de cultivo. Durante toda la jornada de ayer, los agentes inspeccionaron las dependencias de la citada empresa, ubicadas en el número 83 de la calle Portuetxe de San Sebastián, adonde se desplazó un dispositivo de cuatro todoterrenos de la Guardia Civil y varios vehículos camuflados.

Los juzgados de Fregenal de la Sierra (Badajoz), han citado a declarar los días 5 y 20 de diciembre a una decena de empresarios por su implicación en una red acusada de delitos contra la salud pública. Además de Blai Parés, presidente de Comapa, el mayor distribuidor de ibéricos de España y proveedor predilecto de Carrefour, también tendrá que dar explicaciones Jaime Álvarez Fra, representante legal de Jamones Oro de Granada, una empresa perteneciente a Comapa. Además el juzgado ha ordenado la búsqueda del empresario José Miguel Gómez Hervás.

Madrid Central es un proyecto aprobado por la Unión Europea, dentro de los compromisos de España para con la UE en materia de descarbonización. Acabar con Madrid Central puede terminar siendo un delito contra la salud pública: el equipo de gobierno municipal podría ser responsable de prevaricación. Los intereses económicos de una minoría no deben imponerse a los intereses generales de la ciudadanía. Y Madrid Central es una acción de salud pública que beneficia al conjunto de la ciudadanía.

La Guardia Civil de Huelva ha detenido a un individuo, de 34 años y vecino de Isla Cristina, como presunto autor de un delito contra la salud pública, tras interceptar el vehículo que conducía y comprobar que transportaba ...

El escándalo por la trama del jamón caducado y putrefacto que se vendía como fresco, ha conmocionado a la industria carnicera y charcutera de España. La fiscalía aprecia un posible delito contra la salud pública y ahora investiga si la presunta red delictiva, que llevó los jamones a las cárceles, también colocó productos en los supermercados. El sumario, que persigue uno de los mayores fraudes alimentarios, está repleto de marcas comerciales y empresas comercializadoras de jamón. Estas son algunas de ellas, pero seguramente habrá muchas más.

De nuevo procede recordar a los trabajadores que los juzgados de lo social y/o la Inspección de Trabajo no son las únicas vías de reclamación o denuncia contra las empresas. También procede la vía penal cuando el empresaurio no solo incumple los derechos laborales e incluso los derechos fundamentales del trabajador sino que además comete delitos. Y ojo porque no han sido condenadas las empresas sino los empresaurios como personas físicas.

La Brigada Asistencial de la Policía Foral ha instruido en lo que llevamos de verano 22 atestados por delitos relacionados con la libertad e indemnidad sexual, que han sido remitidos a distintos juzgados de nuestra Comunidad. Ello supone, a pesar de las “no fiestas” como consecuencia del COVID19, una tendencia que mantiene las cifras de 2019, cuando en el mismo periodo se intervino en la investigación de 23 delitos de esta tipología.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid investiga una querella presentada contra la cúpula de Renfe e Ineco por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. El escrito -admitido a trámite la pasada semana y que señala entre otros al actual presidente de Renfe, Pablo Vázquez Vega, y a su mano derecha Berta Barrero- pide la imputación de 47 personas por contratar a 231 personas por medio de empresas de trabajo temporal tras el expediente de regulación de empleo que sufrió la empresa.

Camilo de Ory, el tuitero acusado de publicar mensajes mofándose del rescate de Julen, se sentará en el banquillo por un posible delito contra la integridad moral. El Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid ha dictado auto de apertura de juicio oral contra De Ory, que se enfrentará a penas de hasta 20 meses de prisión, que piden para él los padres del niño. El delito que le atribuye es contra la integridad moral (artículo 173.1 del Código Penal).

Las fuentes consultadas sostienen que el presidente de honor de BBVA también podría ser investigado por los delitos de revelación de secretos, escuchas ilegales y cohecho. Cabe también la posibilidad de que accionistas del banco consideren que se les ha perjudicado y emprendan acciones legales contra González por administración desleal. Existe un acuerdo de rescisión de contrato entre el hijo de Villarejo y el jefe de seguridad de BBVA, Julio Corrochano. Esta podría ser una prueba de que los contratos de 2004 sobre la OPA de Sacyr podrían haber

Los dos miembros de La Manada, acusados de un delito contra la intimidad, grabaron siete vídeos de la violación grupal a una joven madrileña e hicieron dos fotografías de la agresión sexual perpetrada por ellos y por los otros tres procesados el 7 de julio de 2016 en Pamplona. El TSJN ratifica las penas establecidas para Antonio Manuel Guerrero y Angel Jesús Cabezuelo, así como la absolución de los otros tres encausados (José Angel Prenda, Angel Boza y Jesús Escudero), del delito contra la intimidad imputado por la fiscalía y las acusaciones.