Esquerra Republicana de Catalunya y EH Bildu, se han comprometido, ante la petición de una parte de los denunciantes de corrupción, a la creación de una oficina de apoyo a denunciantes y su reparación. Los dos partidos han aceptado “no permitir gobierno ni aprobar presupuestos” si el partido que necesita de sus votos no se compromete primero a cumplir estas acciones y después las materializa.

Alejandro Luzón, fiscal jefe Anticorrupción, apoya abiertamente la protección de los denunciantes de corrupción y la Directiva europea en gestación.

Plataforma X la Honestidad ha exigido al PSOE que explique al electorado su abstención a una ley para proteger a denunciantes de corrupción planteada en la Asamblea de Madrid, que no salió adelante por la postura de los socialistas y el rechazo del PP, cuya cúpula han definido en un comunicado como "una banda carente de valores morales". También han pedido a Ciudadanos, grupo parlamentario que llevó la propuesta a la Asamblea, que expliquen las razones por las que ni la protección jurídica gratuita a los denunciantes ni el carácter retroactiv

Dos de los whistleblowers españoles, el exteniente Segura y Roberto Macías, exadministrativo de UGT, han acudido al Congreso para pedir la ayuda de Unidas Podemos ante la dramática situación que padecen por las represalias a causa de sus denuncias. Hasta la Fiscalía está actuando de acusación contra ellos, incumpliendo la Directiva de la UE en vigor desde hace dos meses.

Xnet siempre ha defendido que la democracia solo podrá existir en la colaboración en igualdad de condiciones entre instituciones y ciudadanía vigilante y organizada. Este Buzón quiere ser la puesta en práctica de esta colaboración. La corrupción no puede solucionarse con las instituciones vigilándose a sí mismas. La sociedad civil tiene que jugar un papel central y constante.

El Gobierno del 'cambio' en Andalucía ha premiado al gerente de la Empresa Pública de Turismo Andaluz durante el 'susanismo', Manuel Muñoz (1966), con un alto cargo en la consejería de la que dependía hasta ahora la empresa. En concreto, el rol de Secretario de Turismo, dependiente de la nueva "Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local" que encabeza el líder andaluz de Ciudadanos, Juan Marín. Muñoz fue quien solicitó el despido de un empleado que había reclamado investigar presuntas irregularidades.

El nuevo Ejecutivo de Andalucía estaría dejando un pufo de 220 millones de euros en subvenciones en tan solo tres meses de gobierno.

El ministro responde a la polémica levantada por su tuit en el que acusó a la monarquía de "maniobrar contra el Gobierno" tras la polémica ausencia de Felipe VI al acto de promoción de nuevos jueces en Barcelona.

Este expolítico presentó una querella 2017 por coacciones y propuesta para malversar contra siete de sus compañeros en la agrupación y la Justicia le ampara cinco años y medio después. Comellas fue expulsado del partido en represalia por haberse negado a unas prácticas ilegales propuestas por esos siete compañeros condenados. El juez Jorge González Ibarburren ha condenado a siete exmiembros del comité local del PDeCAT de Esplugues de Llobregat por los delitos de coacciones y proposición para la malversación de caudales públicos.

A través de la iniciativa de Xnet, miembro de la Red Internacional de Denunciantes (WIN), España se convertirá en el primer país de la UE en transponer la Directiva Europea de Protección de Denuncias.

Roberto Macías prepara una huelga de hambre a pocos días de su juicio. Denunció la corrupción de UGT en Andalucía.

Según ha podido saber Ecologistas en Acción, la Jefatura del Seprona preparó hace años, los del boom urbanístico, una operación sobre urbanismo y ordenación del territorio que habría permitido poner algo de freno al caos urbanístico.

El exconcejal del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) y denunciante de la trama Gürtel, José Luis Peñas, declarará a partir de este martes ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, encargada de enjuiciar a los 37 acusados por la primera época de actividades de la red (1999-2015), siete años después de haber entregado a la Policía 80 horas de grabaciones de conversaciones mantenidas con el presunto 'cabecilla' de la red, Francisco Correa.

El representante de Ciudadanos en el Consejo de Administración de Divalterra, Jorge Ochando, presentó el pasado mes de abril una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Valencia contra el presidente de la corporación provincial, el socialista Jorge Rodríguez, por presuntas irregularidades en los contratos de alta dirección en la nueva Imelsa.

La juez de Aznalcóllar, que ya expresó sus dudas y observó “graves irregularidades” en una adjudicación que señaló no se había atenido “al más mínimo rigor”, toma declaración este miércoles a dos testigos. Entre ellos, el representante de la empresa denunciante, Emérita, y a un supuesto testigo de la llamada de un alto cargo de la Junta para intervenir en el concurso. Esta declaración puede ser clave para el caso, según fuentes judiciales. La Junta ignora los reveses judiciales y asegura que no cambiará en nada su apuesta por la minería.

La Procuraduría General de la Nación presentará una denuncia penal en contra los 13 ministros que integraban el gabinete del expresidente Otto Pérez, por no haber declarado lesivo el contrato de un proyecto portuario hecho con una firma española. El viernes de la semana pasada, la Fiscalía y una comisión de la ONU que colabora en el fortalecimiento de la justicia guatemalteca, revelaron que Pérez y la su vicepresidenta, Roxana Baldetti, también en prisión, facilitaron la firma del usufructo por 25 años prorrogables de forma irregular...

Justo ahora que ha sido aprobada definitivamente la directiva europea, y con tres proposiciones de ley de la pasada legislatura —guardadas ahora en un cajón a la espera de la próxima repetición electoral—, los informadores anónimos tienen sobre su cabeza una "espada de Damocles", tal y como denuncia la Plataforma para la Defensa de la Libertad de Información (PDLI). Esa amenaza sólo tiene una solución: modificar el Código Penal para limitar el delito de revelación de secretos.

"Hay momentos en la vida en los que también necesitamos pedir ayuda. No es lo habitual en mí, pero aunque me de vergüenza, no tengo más remedio."

La titular del Juzgado de Instrucción 2 de Valencia ha dejado sin efecto la citación como imputado del expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps por la organización de la Fórmula 1 hasta que se traduzcan todos los contratos de esa gestión y sean escuchados los testigos propuestos.