La Secretaría de Acción Política de Ciudadanos abre un expediente disciplinario a los dos diputados sorianos que apoyaron la semana pasada, en el pleno de la Diputación de Soria, la pervivencia y modernización de la institución soriana.

En el documento, firmado por todos los diputados provinciales de la formación, el PP lucense acusa a Tomé de prohibir el acceso de los miembros de su partido a dependencias públicas como el Fogar de Santa María, sede de la recaudación de la institución, entre otros servicios. Por otra parte, en otro acto con motivo del Día de la Policía, en el que participaron diputados y senadores del PP, Francisco Conde criticó la "visión de Estado" de Pedro Sánchez, a quien acusó de trabajar para "enfrentar a los territorios"

Las diputaciones son el órgano de gobierno de las provincias de España. Se trata de órganos de elección indirecta, pues su composición se establece a partir de los resultados de elecciones locales.

El mercadeo de cargos y prebendas no encaja en “el impulso de la regeneración democrática”, que es la finalidad de la Ley de Transparencia. Los asesores no son exclusivos de las diputaciones, abundan en todas las administraciones en las que los gobiernos y partidos colocan a los suyos. La semana pasada se supo que al vice valedor do Pobo, cargo que tanto aporta al desarrollo y bienestar de Galicia, se le asigna presupuestariamente un asesor con una retribución anual cercana a los 62.000 euros.

Ciudadanos ha comunicado la resolución del expediente presentado por los diputados provinciales sorianos, José Antonio de Miguel y Raúl Lozano, manifestando así la expulsión de los dos miembros del partido naranja por defender las diputaciones. “La expulsión es el castigo más duro que puede imponer el partido a quien haya incurrido en una falta muy grave, según establecen los Estatutos y en base a ellos se actúa siempre desde Ciudadanos”, explica el Delegado de Grupos Institucionales, David Castaño Sequeros.

El índice que mide el nivel de apertura informativa de las diputaciones provinciales, a cargo de Transparencia Internacional, encuentra mejoras en 2015 respecto a la anterior edición: la nota media sobre un total de 80 indicadores de las 45 diputaciones sube a 81 sobre 100, frente a los 69 de 2013. Además, el índice bianual de la ONG pro transparencia recuerda que 15 diputaciones no pasan del aprobado en el área de cumplimiento con la Ley de Transparencia.

Antonio López Martín, de la Diputación de Toledo, recibe 68.000 euros de sueldo y 115.000 para su grupo, que solo es él. Nadie fiscaliza este dinero. Pero su caso no es único.En la década de los noventa comenzó con el PSOE, después se pasó a Izquierda Unida, más tarde estuvo en las listas de Unión de Ciudadanos Independientes de Toledo (UCIT), luego se presentó por Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) y, por último, cuando el partido de Albert Rivera comenzó su expansión por toda España, dio el salto a Ciudadanos.

22.000 millones de euros. Esta es la cantidad que le supone el Estado español mantener 38 diputaciones provinciales, 3 diputaciones forales, 4 consejos y 7 cabildos insulares. Son entidades cuyo gobierno se decide después de las elecciones locales, que determinan el reparto del poder local en los municipios. En los últimos Presupuestos Generales, aparecen partidas por 7.954 millones de media a estos organismos públicos, aunque las diputaciones forales de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava cuentan con un presupuesto de 15.082 millones de euros.

La Audiencia Provincial número 2 de Orense ha ratificado la condena para a M.G.M., la madre que retuvo a su hija asturiana cuando tenía 6 años, en contra de una decisión judicial de la Audiencia Provincial de Asturias que le dio la custodia al padre, a la pena de tres meses de prisión y a la indemnización a su exmarido con la cantidad de 2.000 euros por daños morales.

La Audiencia Provincial de Madrid era el órgano judicial encargado de sustanciar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Inversión Hogar y varias acreedoras contra el Banco Santander. En este procedimiento se reclama a la entidad cántabra el pago de más de 260 millones de euros por daños y perjuicios. El pasado 5 de marzo se celebró la vista de apelación. Sin embargo, sorprendió que en un caso tan complejo la Audiencia Provincial ya hubiera dictado sentencia del día 7 del mismo mes, desestimando los recursos.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha informado en sentido desfavorable a la concesión del indulto al expresidente de la Diputación y del PP provincial Carlos Fabra, al considerar que no concurren los motivos que "hagan aconsejable" la medida de gracia. Carlos Fabra fue juzgado por la Sección Primera y condenado a cuatro años de prisión por cuatro delitos fiscales, así como a una multa e indemnización de casi 1,4 millones de euros.

El presidente de la Diputación, y a su vez presidente de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, Arturo García-Tizón, ha asegurado en rueda de prensa que no descarta plantear un conflicto entre la Institución provincial y el órgano judicial que dictaminó la nulidad del despido de los 23 trabajadores del hospital provincial ya que, a su juicio, "se ha producido un exceso de jurisdicción" y un "uso alternativo del derecho" García-Tizón ha advertido también que pedirá responsabilidad patrimonial al Juzgado.

La Guardia Civil interroga a 15 asesores de diputados provinciales de PP, PSPV, Compromis y EU. Es una nueva fase del caso Imelsa que afecta a todos los partidos. Hay asesores del PP Valenciano, del PSPV, de Compromis y de Esquerra Unida. Todos trabajaron en la empresa Imelsa, la empresa pública dependiente de la corporación provincial, que está siendo investigada por un presunto cobro de comisiones ilegales.

La Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana denunció en junio ante la Fiscalía Anticorrupción un presunto fraude en el Hospital Provincial de Castellón, que podría alcanzar los 33 millones de euros de facturas irregulares. Hoy, en una sala del Hospital Provincial, miembros de la Fiscalía e interventores comienzan a repasar una a una las miles de facturas supuestamente ilegales, que se emitieron entre los años 2003 y 2015.

La Audiencia Provincial de Salamanca ha tenido que absolver a un conductor que el pasado verano fue cazado por el radar a una velocidad de 228 kilómetros por hora en el término municipal de Carpio de Azaba. La curiosa sentencia apunta que ha sido imposible demostrar quién iba al volante por lo que el mismo no tendrá que pagar la multa de 1.620 euros más la retirada del carnet por un espacio de tiempo de al menos dos años.

Un auto de la Audiencia Provincial de Cuenca califica de "indiscutida" la participación de la senadora del PSOE por la provincia de Cuenca y exalcaldesa de El Provencio, Manoli Galiano, en los hechos conocidos como 'caso Bombillas'. Éste hace referencia a un contrato para cambiar medio millar de lámparas del alumbrado público del municipio, unas tareas que se certificaron, facturaron y cuyo pago se ordenó en 2010, pero que nunca se ejecutaron, según los indicios del tribunal.

La Audiencia Provincial ha rechazado el recurso de apelación presentado por la Asociación de Lucha contra la Corrupción (Corruptil) contra la venta de casi 3.000 viviendas del antiguo Instituto de Vivienda pública de Madrid (IVIMA) al fondo de inversión Goldman Sachs-Azora, en 2013, una operación plagada de irregularidades, según concluyó la Cámara de Cuentas, en la que se investigaban presuntos delitos de prevaricación y malversación. La sentencia impide continuar investigando posibles delitos penales, como la presunta malversación de fondos..

Adelina Ibáñez Mezcua dio a luz en la clínica Santa Cristina el 27 de octubre de 1975. Le dijeron que su hijo había muerto, pero nunca se lo creyó. Es el segundo caso de bebés robados que llega a juicio en España. En concreto, el próximo viernes, 18 de octubre, en la Audiencia Provincial de Madrid. Como acusado, el ginecólogo Joaquín Botija, para quien la Fiscalía pide la absolución al considerar que, hasta el momento, no se han presentado pruebas que demuestren que el citado médico interviniera en el parto. La clínica Santa Cristina..

La Audiencia Provincial de Madrid ratifica la postura del juzgado de Primera Instancia, que declaraba abusiva la cláusula de interés remuneratorio de la tarjeta 'revolving', pactado al 21,99% TAE .