laSexta Noche desvela en exclusiva las conversaciones sobre negocios que mantuvieron David Serra, exvicesecretario del PP de Valencia, y el empresario Enrique Ortiz. En las grabaciones, Ortiz le pide "obritas" a Serra y hablan de "unas cajitas de naranja" que les han mandado a Valencia.

Radio Alicante ha tenido acceso a las grabaciones del causa sobre el Plan Rabasa, vinculado al caso Brugal. "Tres parcelas. Tíntamelas de azul" declaraciones de Enrique Ortiz a Sonia Castedo en el Plan Rabasa, caso Brugal

La delicada tesitura en la que se encuentra la alcaldesa de Alicante, que no será candidata por el PP en 2015, dispara los rumores de que podría crear un Partido Independiente con el apoyo de Enrique Ortiz, la Polla Insaciable, como el mismo se denomina. Y es que hay algunas encuestas, que se manejan en determinados círculos, que señalan que el PP obtendría 10 concejales, 6 el PSOE, 5 PODEMOS, 4 el Partido Independiente de Castedo, 3 ediles UPyD y 1 Esquerra Unida.

1 de cada 5, 70% y 3 de 4. No son las cifras de un problema matemático, sino el triángulo numérico que muestra con mayor claridad el poder omnímodo de Enrique Ortiz en Alicante: 1 de cada 5 euros del dinero público de los alicantinos es destinado a pagar las contratas de Ortiz; el 70 % del suelo urbanizable de la ciudad es propiedad del “Jefe” de la trama Brugal; y 3 de las 4 grandes contratas del ayuntamiento han sido otorgadas a una Unión Temporal de Empresas (UTE) participada por el empresario.

Los peritos del Banco de España señalan también en su informe operaciones sospechosas de antes de que se formara Bankia, una veintena se refieren a la antigua caja valenciana Bancaja. Entre ellas, las que permitieron ganar decenas de millones de euros al empresario Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal. Habría sido gracias a créditos concedidos a dedo, contra el criterio de los técnicos de la entidad. Y a negocios con precios inflados mediante la sociedad Urbanika, propietaria de los terrenos donde estaba previsto que se instalara Ikea.

La sentencia, fechada el pasado 2 de marzo y a la que ha tenido acceso Efe, desestima el recurso presentado por una de sus mercantiles, Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras SA, contra una resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) del 18 de julio de 2013 que rechazaba su reclamación anterior contra la multa.

Enrique Ortiz recibió 44 millones de euros por una empresa valorada en solo 12.000. Un negocio con una rentabilidad fuera de cualquier mercado que corrió por cuenta de Bancaja, la principal caja de ahorros de la Comunidad Valenciana. La operación fue detectada en 2013 por los auditores externos contratados por Bankia para analizar las cuentas de la entidad, presidida entonces por José Luis Olivas detenido hace dos semanas por la Audiencia Nacional.

Ortiz ha logrado hasta ahora sortear la estancia en prisión, pese a que el nombre del promotor aparece de una manera u otra en casi todos los grandes casos de corrupción que han asolado al Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Pero esto podría cambiar si prospera la petición del fiscal de cuatro años y medio de cárcel contra Ortiz.

El 'caso Gürtel' no es el único frente judicial que tiene abierto Enrique Ortiz. El empresario se enfrenta a 17 años de prisión por el caso Brugal en el que se va a sentar en el banquillo junto con él expresidente de la diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, para quien el fiscal pide 16 años de cárcel. El Ministerio Público les atribuye los delitos de cohecho, prevaricación, información privilegiada, tráfico de influencias y fraude. Relacionada con: www.meneame.net/story/empresario-enrique-ortiz-confiesa-financiacion-i

El juzgado de lo Penal número 1 de Alicante ha absuelto de los delitos contra la Hacienda Pública en concurso de un delito de falsedad en documento mercantil y del delito de estafa por contrato simulado a los empresarios Enrique Ortiz y Rafael Galea, así como a otras tres personas. La causa se inició por un presunto fraude fiscal de más de 6 millones de euros en el alquiler de unos terrenos en la playa de San Juan en el año 2001.

Vuelco en el caso del PGOU de Alicante a falta de 7 días de que comience el juicio. El principal investigado, el empresario Enrique Ortiz, se ha desentendido del acuerdo firmado con fiscalía y acusaciones para eludir la cárcel (le reclamaban ocho años y se quedaría en dos) a cambio de pagar más de 1,6 millones de euros en multa y responsabilidad civil a cambio de confesar los intentos de amaño del PGOU durante los gobiernos locales de Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, del PP.

Regalos, yates de lujo y dedazos: así se manejó durante décadas el constructor Enrique Ortiz, una de las piezas fundamentales de las tramas de corrupción Brugal y Gürtel.

El instructor de la rama del caso Brugal sobre las supuestas ilegalidades en la urbanización del barrio de Rabasa, mantiene la legalidad de las escuchas telefónicas que desvelaron esta causa, a la espera de que la Audiencia Provincial se pronuncie definitivamente sobre este asunto. En esta pieza separada del Brugal están imputados, entre otros, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, el empresario y constructor Enrique Ortiz, el gerente municipal de Urbanismo, Enrique Sanus, y la responsable jurídica de ese área.

Un informe policial aportado al juez que investiga el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, Manrique Tejada, atribuye al constructor Enrique Ortiz el pago de sobornos por un importe cercano a los 230.000 euros al exalcalde Luis Díaz Alperi. Ambos están imputados en esta causa junto a la exalcaldesa Sonia Castedo, entre otros.

El ministerio público aprecia delitos de estafa y falsedad documental en los pagos extra a Enrique Ortiz por la remodelación del Teatro Calderón de Alcoy. El gobierno lo ostentaba entonces el popular y afín a la corriente zaplanista Jorge Sedano, hoy candidato por Ciudadanos a la alcaldía de la ciudad.

Ortiz ha sido noticia en las últimas semanas después de que haya confesado que financió de forma ilegal al PP de la Comunidad Valenciana en las elecciones generales de 2008 a través de pagos ficticios a la empresa de cabecera de la red Gürtel en Valencia, Orange Market. El promotor y otros dos acusados han consignado el dinero en la cuenta del juzgado de lo Penal 1 de Alicante, por lo que la Fiscalía tendrá que aplicarles la atenuante de reparación del daño.

La alcaldesa de Alicante, ha aprobado los presupuestos de 2015, que se elevan a 240,2 millones de euros, entre las acusaciones de la oposición (PSPV-PSOE, EU-IU y UPyD) de beneficiar a su empresario de "cabecera" y "amigo", Enrique Ortiz, principal contratista local. Castedo está imputada judicialmente en dos piezas separadas del caso Brugal y en ambas ramas el presuntamente beneficiado es Ortiz.

La Policía ha reconstruido dos "operaciones de cohecho" llevadas a cabo presuntamente entre Ortiz y Díaz Alperi con la intermediación de algunas personas del entorno familiar y laboral del primero...La Policía sostiene que tanto Santiago B.G. como Virgilio O.S. intermediaron en esta maquinación. En concreto, el segundo llevó presuntamente a su hermano Enrique Ortiz, a su yate, la cantidad destinada a compensar el dinero que Elisa Díaz debía pagar al banco por la hipoteca de su casa.

El promotor Enrique Ortiz selló este miércoles en la Audiencia Provincial el acuerdo de conformidad por el que reconoce su culpabilidad en la causa sobre el supuesto amaño del Plan General de Alicante (PGOU). Con esa rúbrica, el empresario certifica su confesión sin dar un paso atrás, lo que traslada toda la presión sobre el resto de los procesados. Entre ellos, los exalcaldes del PP, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo. Rel: www.meneame.net/story/piden-comision-investigacion-determinar-hasta-do

En Alicante ha sido gobernado por un grupo mafioso. Eso, a la luz de las grabaciones de la Policia que se publican estos días al exalcalde Luis Díaz Alperi, al constructor Enrique Ortiz y a la actua alcadesa Sonia Castedo es lo más aproximado a la realidad que describen esta conversaciones. Sus métodos, el tono, la forma y el fondo nos dibujan una ciudad en la que la impunidad han sido santo y seña. Aquí un reportaje de aquellos años de plomo.

El futuro judicial de la alcaldesa de Alicante se complica y su carrera política todavía más. Sonia Castedo lejos de quitarse causas judiciales de encima, suma ahora una nueva imputación. El juez que instruye la denuncia presentada por Esquerra Unida por supuestas irregularidades en la tramitación del Plan Rabassa ha decidido citar como imputada a la alcaldesa.