Alrededor de 58 millones de niños entre 6 y 11 años en todo el mundo están sin escolarizar, según el informe de seguimiento sobre educación en el mundo publicado este jueves por la Unesco. A estos menores habría que sumar los 63 millones de adolescentes que no reciben ninguna educación reglada.

El Área de Menores de Ceuta, que ha asumido la tutela del niño subsahariano que el jueves pasado fue interceptado en la frontera cuando una joven marroquí pretendía introducirlo en la ciudad dentro de una maleta, ha comenzado los trámites para "regularizar" la situación sanitaria, escolar y documental del menor.

La madre, que medicaba a los menores cuando enfermaban, mantenía ocultos a los tres menores de 8, 7 y 1 años. La mayor de todas padecía una enfermedad que le impedía su movilidad

El padre y la madre de la niña estaban acusados por la Fiscalía de abandono de familia por no escolarizar a su hija desde el curso 2013. En ese año la niña tenía que estudiar primero de ESO.

El Juzgado de lo Penal número 2 de Almería ha condenado a unos padres por un delito de abandono de familia debido al continuo absentismo escolar en el que se encontraban sus hijos, una de los cuales estuvo más de un año sin escolarizar y tuvo que ser matriculada de manera forzosa pese a lo cual repitió sus faltas de asistencia de manera injustificada.

Desde la asociación Prodein han iniciado una recogida de firmas en Change.org donde solicitan ayuda para que se cumpla el derecho al acceso a la educación de estos menores.

Son chavales nacidos aquí, los padres de muchos de ellos también han nacido en la ciudad”, explica José Palazón, portavoz de Prodein, “otros llevan años. Un ejemplo, dos de las madres llevan 30 y 32 años en la ciudad”, explica este activista. A pesar de que están “imbricados en la vida de Melilla”, el Ministerio y el Ayuntamiento son responsables al alimón de que no puedan entrar en las escuelas. En la mayoría de los casos son chicos y chicas de ocho años que ya han perdido un par de casos por culpa de esta situación.

Los 160 niños y niñas, hijos de inmigrantes pero nacidos y con residencia en Melilla, que llevan meses pidiendo que “les dejen” ir al colegio, lo han conseguido. El próximo curso podrán ser escolarizados en los centros educativos de la ciudad autónoma. Con el nuevo Gobierno, este lunes la Delegación y el Ministerio han accedido a reconocer su derecho al acceso a la educación.

Elsa tiene 6 años y va al colegio Eduardo Martínez Torner, en el barrio gijonés de La Calzada. Su hermano Lucas tiene 3, y empezará a ir al cole el próximo septiembre. Como es normal, sus padres lo matricularon en el mismo centro cuando se abrieron los plazos, el mes pasado. La puntuación era la máxima, por que dieron por sentado que el pequeño empezaría su vida escolar junto a su hermana: la misma logística familiar diaria, el mismo entorno educativo y los dos hermanos siempre cerca. De cajón. Pero se equivocaban.

Por eso, han presentado una instancia a los ministerios de Interior y Educación para que "los hijos de los funcionarios de los Cuerpos de Seguridad del Estado destinados en las Comunidades Autónomas donde exista lengua cooficial junto al español y se utilice como lengua vehicular, puedan cursar sus estudios en su lengua materna si así lo demandan y queden exentos de cualquier tipo de inmersión lingüística".

La Fiscalía de la Audiencia Nacional irá al Tribunal Supremo para tratar de lograr que la familia del niño leonés Rubén Calleja, con Síndrome de Down, reciba una indemnización del Gobierno por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Este recurso llega después de que los padres hayan dado la batalla judicial y administrativa durante años para intentar que el menor no fuera segregado por sus necesidades especiales y pudiera ser educado en igualdad.