La empresa pública catalana, que se encuentra en un proceso de privatización suspendido por la Justicia, ha decidido crear un nuevo puesto directivo en el que poder colocar a Laia Bonet, que hace un año abandonó la ejecutiva del PSC y que optó a las primarias socialistas a la alcaldía de Barcelona. Laia Bonet se encargará de diseñar “las relaciones institucionales” de ATLL, según han confirmado a Vozpópuli fuentes de la empresa.

Una mañana de finales de octubre recibo una llamada desde un número desconocido. Al otro lado del aparato una voz grave y masculina se presenta como ‘Miquel’, el pseudónimo de un exmilitante de Democracia Nacional (DN). Se ha enterado por la prensa de algún que otro encontronazo mío con dirigentes de su antigua organización y quiere hablar conmigo. Le digo que me mande un correo y que le llamaré en unos días, su llamada me deja pasmado. Seguimos hablando los días posteriores, ‘Miquel’ parece sincero. Me cuenta su historia y la encuentro […].

La Sala II ha confirmado las condenas de 1 año y 4 meses de cárcel y multa de 60.000 euros al exsecretario de Organización del PSC Daniel Fernández González y al exalcalde de Sabadell Manuel Bustos Garrido, del mismo partido, por influir para que se otorgara un puesto directivo por concurso público a una persona políticamente afín en el Ayuntamiento de Montcada y Reixac (Barcelona), en mayo de 2012.

Entre las relaciones familiares más destacadas del listado se encuentra la de la prima de Felipe González, Maria Antonia Rodríguez Márquez.

El director de la sección española de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, ha señalado que Amnistía Internacional no considera como “presos políticos” a los dirigentes políticos y miembros de ANC y Òmnium detenidos. La Organización no gubernamental ha desechado hace años el concepto “preso político” debido a que no existe una definición internacional común. Por su parte, AI no califica nunca a ningún sujeto como “preso político”, utilizando en su defecto el concepto “preso de conciencia”. Un preso de conciencia, según la definición...

Una mañana de finales de octubre de 2015, recibo una llamada desde un número desconocido. Al otro lado del aparato, una voz grave y masculina se presenta como Miquel, el pseudónimo de un exmilitante de Democracia Nacional (DN). Se ha enterado por la prensa de algún que otro encontronazo mío con dirigentes de su antigua organización y quiere hablar conmigo. "Quiero sacarme una espina que todavía tengo clavada. Tengo la sensación de haber sido partícipe de un discurso despreciable y de haber tirado muchos años con la militancia en ultraderecha".

Un exdirigente del PP de la provincia Cádiz preside una entidad opaca que simula ser una asociación de consumidores. Desde hace seis años, José Antonio Aldayturriaga Alfaro ha venido ocultando a la Junta de Andalucía las cuentas, memorias de actividades y número de socios de Consumidores Europeos en Acción-CEAc. Pese su expulsión del registro oficial, CEAc sigue presentándose de forma engañosa como una asociación de consumidores, algo expresamente prohibido por la legislación estatal y autonómica que las regula.

"Ahora me gustaría que dijera qué reforma laboral quiere ella. Y que el PSOE dijera qué reforma laboral queremos nosotros, porque debe usted reconocer conmigo que no nos importa tanto quién está sentado en la mesa como qué quieren hacer, porque está en juego el futuro de nuestros hijos”, ha apuntado.