Arantxa Mejías está acostumbrada al trato con medios de comunicación, pero estas últimas 24h han sido frenéticas. "Estoy en un globo, preguntándome por qué y por qué, con miedo, con rabia", dice el día después de conocer que Fidere no va a renovar el contrato de alquiler a su familia. Según el burofax, firmado por un consejero que ha dimitido, tienen 30 días para dejar la casa en la que han vivido en la última década. "Es alucinante que Fidere haya tomado esta decisión como una represalia personal".

La Justicia da el primer paso contra Blackstone por la venta de viviendas de la EMVS La jueza ve indicios de coacciones contra Arancha Mejías y llama a declarar al presidente de Fidere. La Asociación de afectados ha pedido la reapertura de la causa -también lo ha hecho la EMVS recientemente- después de que el juez Juan Antonio Sáenz de San Pedro Alba, decretara el cierre provisional del caso el año pasado y que la Audiencia Provincial de Madrid desestimara posteriormente un recurso de apelación. pero aún no ha habido ninguna respuesta..

Detrás de las cifras de afectados por la venta de viviendas sociales en Madrid a los fondos buitres hay familias, con nombres y apellidos, con sus circunstancias personales y, en muchos casos, menores de edad, a las que se amenaza con desahuciarles, saltándose el fin social para el que fueron creados estos inmuebles. El viernes pasado, se conoció la primera sentencia que da la razón a una familia y condena a Fidere-Blackstone.

La Asociación Corruptil ha presentado ante el Ayuntamiento de Madrid un escrito en el que reclama al Gobierno de Manuela Carmena todo el expediente de la venta de 1.860 viviendas protegidas al fondo de inversión Fidere-Blackstone, en 2013. La asociación de abogados valora “una querella criminal “contra la exalcaldesa Ana Botella y otros responsables políticos por la macrooperación inmobiliaria, cuestionada por la Cámara de Cuentas por presuntas irregularidades y quebranto patrimonial, ya que los pisos fueron vendidos a la mitad de su valor.

El fondo estadounidense ha decidido refinanciar la deuda de su socimi española de viviendas en alquiler a través de un préstamo con una empresa financiera extranjera. La firma de inversión se repartirá hasta 120 millones en dividendos.

La Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) volverá a iniciar el proceso para solicitar la nulidad de la operación de venta de vivienda pública al fondo de inversión Fidere en 2013 en base a la sentencia del Tribunal de Cuentas conocida el pasado diciembre. Si llegara a buen término el procedimiento de nulidad habría que revertir la situación al punto antes de la venta, es decir, que todas las viviendas pasarían a ser propiedad de la EMVS, unido al abono que tendría que hacerse a los fondos por la cuantía que pagaron por ellas..

El juzgado obliga al fondo a advertir "expresamente y por escrito" de que esos pisos están sujetos a lo que suceda con la causa penal que investiga su venta. Impone los investigados Fermín Oslé Uranga, ex onsejero delegado de la EMVS, y Alfonso Benavides Grases, apoderado de la entidad mercantil Fidere, una fianza solidaria de 29 millones de euros. El fondo buitre Fidere, al que Ana Botella vendió 1.860 pisos sociales en su etapa como alcaldesa de Madrid, no podrá vender o alquilar libremente esos inmuebles en lo que dure el proceso que investi

El Juzgado 38 de Madrid, que investiga el asunto, estableció este jueves unas contundentes medidas cautelares en un auto. La más importante de todas: la prohibición de vender o alquilar los inmuebles sin informar de que todo el lote se encuentra inmerso en un proceso judicial.

Cuando Blackstone entró en el negocio inmobiliario español, lo hizo por la puerta grande. Eran los años 2012-2013 y su primera gran compra fue un paquete de más de 1.800 viviendas de protección oficial al Ayuntamiento de Ana Botella. Lo hizo a través de Fidere, su filial en España, conformada como un grupo de socimis —acrónimo de sociedad cotizadas anónimas de inversión en el mercado inmobiliaria— que se ha ido agrandando en los últimos años. La compra de vivienda pública en España no es algo original en la estrategia de negocios de este...

Adquirieron viviendas de protección oficial (VPO) bajo requisitos como un máximo de ingresos familiares o no tener otra vivienda en propiedad y con una opción de compra. Sin embargo, su nuevo propietario, el fondo buitre Blackstone, les reclama subidas que alcanzarían casi el 100% en cuatro años. Cientos de estos vecinos de Torrejón y los PAU de Vallecas y Carabanchel han decidido plantarse y no aceptar las subidas, tratando de forzar al fondo buitre estadounidense a sentarse a negociar.

La Fiscalía General del Estado no recurrirá ante el Tribunal Supremo la revocación de la condena a Ana Botella por la venta de 1.860 viviendas públicas a un fondo buitre: no considera "acreditado" que esta operación, por la que el Tribunal de Cuentas condenó a la exalcaldesa de Madrid y a parte de su equipo en primera instancia, y los exoneró meses después -con el voto de dos consejeros afines al PP-, causase un "perjuicio" a las arcas públicas.

Una buena parte de los pisos de Soto del Henares pertenecen a Fidere y Testa, las filiales españolas del llamado fondo buitre Blackstone, que ahora exige a un grupo de inquilinos del número 2 de la calle Benjamín Palencia unas subidas de alquiler que suponen, en algunos casos, pagar hasta cerca de un 50% más al mes para renovar sus contratos. “Como ellos están subiendo los precios, quien pone en alquiler un piso en Torrejón está haciendo lo mismo, así que esto nos afecta a todos.