La Generalitat de Catalunya no abrió ningún expediente sancionador por las denuncias adminitrativas que le llegaron desde el Ministerio de Educación sobre presuntos casos de adoctrinamiento relativos a comentarios de los profesores sobre el 1 de octubre.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional quiere que la Generalitat de Catalunya decida sobre la posible suspensión del major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, que está imputado por un delito de sedición y tiene prohibido abandonar España, por lo que podría ser apartado de la jefatura de la policía autonómica, compuesta por 17.000 agentes desplegados por toda Cataluña. El jefe de la policía autonómica ha de ser suspendido por el Govern actual o por el que surja de la aplicación del 155

"Nos han querido humillar pero no nos hemos dejado", han dicho tras comparecer por primera vez ante los medios después de salir ayer de prisión. Turull y Rull han contado anécdotas de su estancia en prisión, como su afición por series como 'La que se avecina'. Con su salida de la cárcel, pasan a compartir celda Junqueras y Forn.

La Generalitat ha presentado a tiempo las alegaciones a la aplicación del artículo 155 en Cataluña por parte del Gobierno. El plazo establecido para este trámite expiraba a las diez de la mañana de este jueves y según han confirmado a este diario fuentes del Senado, el documento ha llegado por burofax dentro de ese plazo.

No hay República, no hay derecho a decidir, sin derrotar el 155 Boicot a las elecciones de Rajoy y la Monarquía El Parlamento proclamó una República catalana ficticia. Pero el 155 ha sido muy real: ahora quién preside la Generalitat es Rajoy, con todas las funciones

Se muestra convencido de que tras el 21-D "comenzará una fase de normalidad" en Cataluña El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha negado que negociara con el Govern encabezado por Carles Puigdemont para evitar aplicar finalmente el artículo 155 de la Constitución en Cataluña que suspendía su autonomía. "Ni quiero, ni puedo", ha defendido para reiterar que la soberanía nacional es innegociable.

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) de la Generalitat ha publicado un dictamen sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución, en el que considera que el cese del presidente del Govern, Carles Puigdemont, y del resto del Govern es inconstitucional porque "no ha respetado los principios de gradualidad y de proporcionalidad". El dictamen del órgano consultivo de la Generalitat "una vez disuelto el Parlament, no era una medida necesaria o indispensable para alcanzar la finalidad perseguida por el artículo 155".

El Gobierno y el Partido Popular defienden la intervención de Catalunya el incumplimiento "contumaz y deliberado de sus obligaciones" por parte de la Generalitat. El Gobierno ha preparado un documento de 11 folios, en los que justifica la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya por la necesidad de restaurar la legalidad, asegurar la neutralidad institucional, mantener el bienestar social y el crecimiento económico y asegurar los derechos y las libertades de todos los catalanes.

La casuística es tan amplia que, aún convencidos de que Puigdemont no podrá volver al gobierno de la Generalitat, se preparan ante el riesgo de que la persona que le sustituya tenga tentaciones de regresar a las andadas, por lo que amagan con un nuevo 155 “más duro y más largo” que el que se aprobó en octubre del año pasado. Moncloa lucharía de nuevo por el derecho de veto en el Parlament y la intervención de TV3 y la educación.

El Ejecutivo central ha asegurado que por la aplicación del 155 cesarán al menos "141" cargos eventuales, o asesores, que trabajan en las consellerias de la Generalitat. Este es el listado completo de este personal que trabajaba en la Administración catalana a 1 de octubre.

El nuevo Gobierno socialista mantendrá intervenidas las cuentas de la Generalitat, según ha explicado el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Preguntado en concreto sobre la reivindicación del independentismo catalán sobre el acercamiento a Cataluña de sus líderes en prisión preventiva, ha incidido en que este asunto “no salió en ningún momento en las conversaciones” previas a la moción de censura.

"La afectación económica de la intervención en los presupuestos de la Generalitat, bien por pérdida, bloqueo o retrasos, supera los 1.800 millones de euros", aseguró esta semana el comisionado para el despliegue del Autogobierno, Pau Villoria para calibrar el impacto negativo del 155. Lo hizo en rueda de prensa en el Palau de la Generalitat tras el Consell Executiu. A su lado la 'consellera' de la Presidència, Elsa Artadi asentía con la cabeza. Era un giro de 180º porque hasta ahora la doctrina oficial del independentismo era que la economía no

El secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, preció hoy en la comisión del Senado que estudia la aplicación del 155 el coste de las llamadas embajadas de la Generalitat en proceso de cierre o ya clausuradas. El coste de estas nueve embajadas suma 6.163.000 euros. Cifras, como la de EE.UU., con 1,1 millones, o la de Ginebra, 760.000.En la aplicación del artículo 155 no se ha cerrado ninguna delegación turística, comercial o cultural de Cataluña, sino las circunscritas a la actividad política.

Una investigación del diario 'Crític' detalla todas las medidas, desde adjudicaciones a destituciones, adoptadas por la Generalitat intervenida por el Gobierno y descubre casos como el de la designación del hasta ahora secretario general de la Fundació Escola Cristiana, quien se ha convertido en el nuevo director general de Centros Concertados y Centros Privados.

La sombre de Felipe González y José María Aznar es tan alargada que décadas después de sus mandatos siguen estando presentes, de alguna forma, en las decisiones políticas más relevantes del país. Esta vez, han sido sus asesores quienes han tenido un papel fundamental en el acuerdo entre PP y PSOE sobre el artículo 155.

El Gobierno de España ha constatado a las 10 horas de esta mañana, último plazo establecido, la negativa del presidente de la Generalitat de Cataluña a atender al requerimiento que le fue remitido el pasado 11 de octubre y en el que se le reclamaba que informara de forma clara y precisa si alguna autoridad de Cataluña había procedido a declarar la independencia de esa Comunidad Autónoma y se le instaba a restituir el orden constitucional alterado.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha puesto en marcha los trámites para extinguir el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) y confía en que esté disuelto antes de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, pese a las reticencias de una Conselleria de Exteriores que no está siendo muy colaboradora, según fuentes diplomáticas. Cerrar Diplocat fue una de las primeras medidas que tomó el Gobierno con la aplicación del artículo 155, junto al cierre de las delegaciones de la Generalitat en el exterior.

En aplicación del artículo 155, el Consejo de Ministros las ha cesado de los altos cargos que ocupaban alegando cuestiones de “incompatibilidad”

Ven la ocasión de culminar el estado nación homogéneo que ni Franco consiguió.

Los optimistas creen, en su infinita ingenuidad o engañados por sus deseos, que el conflicto catalán se reconducirá en poco tiempo, una vez curadas las heridas de la convivencia, con un Govern más realista y a partir de una mayor sensibilidad en España hacia las demandas de Cataluña. No han entendido nada

El primer Consejo de Ministros de Pedro Sánchez ha tomado la decisión de dar la orden a los bancos para que liberen las líneas de crédito a Cataluña al objeto de que la Generalitat pueda hacer frente a sus pagos “sin supervisión” del Gobierno central. Con cierta confusión sobre el alcance de la medida, la nueva portavoz del Gobierno Isabel Celaá ha explicado que “se levanta la supervisión como gesto de normalidad política y con la confianza de que funcionará”.

Bermejo explica a las cámaras de Intereconomía que se levanta el 155 y una orden ministerial que obligaba a fiscalizar las partidas por parte de los bancos. ´Es un grave error que se levante esta vigilancia cuando Llanera tiene sospechas de actividad delictiva´. Asegura que las consecuencias económicas son muy peligrosas.