El Govern ha solicitado este mismo lunes a los órganos judiciales competentes su suspensión, y había también un requerimiento de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El hombre tiene un 75% de discapacidad y un grado dos de dependencia acreditado por la Generalitat. Varias decenas de activistas y vecinos del barrio donde reside, en el Clot, evitaron hace dos semanas su desalojo, sentándose delante de la puerta y haciendo resistencia pacífica ante los Mossos d’Esquadra.
