La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha reiterado hoy en el Pleno del Senado que el anteproyecto de la nueva ley educativa –que está en periodo de consultas– garantizará el dominio oral y escrito del castellano y promoverá el aprendizaje de las lenguas cooficiales en sus territorios respectivos. “A todos los niños y niñas se les va a garantizar el aprendizaje del castellano y de las lenguas cooficiales”

Se trata de una «recomendación» que debería abordarse de manera «inmediata» desde el criterio del Consejo de Europa. Y considera que debe aplicarse al catalán en Cataluña y Baleares, al euskera en el País Vasco y Navarra y al gallego y valenciano. Según el informe, «los jueces y el resto del personal de los tribunales utilizan normalmente el español y deben usar la otra lengua oficial de la región si ninguna de las partes se oponen». Señala, además, que lo que suele ocurrir cuando una de las partes solicita el uso de la lengua cooficial

PSOE y Sumar han acelerado los trámites para registrar este mismo miércoles la reforma que permitirá el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso. La idea es que pueda ser calificada la próxima semana en la Mesa de la cámara baja y llevada a un pleno extraordinario la semana siguiente. La propuesta de reforma del reglamento establece el derecho de los diputados a usar cualquiera de las lenguas oficiales en todos los ámbitos de la actividad parlamentaria, incluidas las intervenciones orales y la presentación de escritos.

El uso de las lenguas cooficiales en las dos Cámaras que componen el Parlamento ha sido durante años una suerte de pescadilla que se mordía la cola. En mitad de las negociaciones con los partidos independentistas para lograr su apoyo y componer la nueva Mesa del Congreso, así como para explorar la investidura de Pedro Sánchez, Yolanda Díaz reversionó este miércoles una propuesta concreta que ya naufragó en 2022. Hoy, sin embargo, el contexto es otro.

El Reglamento que regulariza el uso de las lenguas cooficiales tanto en los debates como en las iniciativas parlamentarias en el Congreso de los Diputados ya es una realidad gracias a los votos favorables de SOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, BNG, Junts, Coalición Canaria... y una diputada gallega del PP, Rosa María Quintana. La popular, electa por Ourense, ha votado a favor de la medida por equivocación, contraviniendo así de forma puntual el sentido del voto de todo su grupo parlamentario.

Las autoridades españolas deberían "considerar extender el reconocimiento" de lenguas que ya son cooficiales en otros territorios -catalán, gallego, euskera y occitano- "a otras comunidades autónomas siempre que haya un número suficiente de hablantes" de dichas lenguas. Esta es una de las recomendaciones que el Comité de Ministros del Consejo de Europa ha hecho público hoy para garantizar una mayor protección a las lenguas españolas diferentes del castellano.

La reforma educativa ha vuelto a resucitar la campaña de la derecha contra la protección especial de las lenguas minoritarias, que ha sido una constante durante décadas

La parte que el PSOE ha rechazado instaba al Gobierno a actuar para que las lenguas cooficiales tengan "el mismo reconocimiento" que el castellano y sus hablantes tengan "los mismos derechos y deberes que se reconocen al castellano". Además, los puntos tumbados reclamaban que el funcionariado que preste servicios en territorios con una lengua propia lo conozcan y se tomen medidas para extender el conocimiento e instaban a "poner fin a la imposición legal exclusiva del castellano en la normativa estatal" [ ...]

Según el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, jueces, fiscales y funcionarios de Justicia podrán usar la lengua oficial propia de la comunidad si ninguna de las partes se opone alegando que la desconoce y que ello puede producir indefensión. Las partes y sus abogados, así como testigos y peritos tienen derecho a usar las lenguas cooficiales del lugar en el que se celebre el juicio, tanto en manifestaciones orales como escritas.

El texto recomienda para las lenguas cooficiales de España la modificación inmediata de la Ley Orgánica del Poder Judicial para garantizar su uso en los procesos judiciales, si lo pide una de las partes. La segunda recomendación urgente es promover la utilización de las lenguas cooficiales en el seno de la Administración del Estado en las respectivas comunidades autónomas.

España incumple sus compromisos europeos para preservar la riqueza lingüística del continente. Así lo manifiesta el comité de ministros del Consejo de Europa, que acaba de emitir un informe con recomendaciones en el que emplaza al Gobierno español a reforzar el uso de las lenguas cooficiales en la Administración central y garantizar el derecho de los ciudadanos que las hablan a utilizarlas en los procesos judiciales

El 11,4% de la población española habla catalán, siendo esta la lengua cooficial más hablada en España. Le siguen el valenciano (5,3%), el gallego (4,8%) y, por último, el euskera (2,4%), según la última Encuesta de Características Esenciales de la Población y Viviendas que recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE) con datos de 2021.

La Cámara Baja avanza en su compromiso de utilizar el catalán, el gallego y el euskera en todas las sesiones e introduce progresivamente nuevos medios para su implantación

Societat Civil Catalana va a presentar próximamente 50 propuestas para tratar de frenar el proceso independentista en Cataluña. Más que reformas políticas, el objetivo de esta asociación es que se pongan en marcha medidas simbólicas y afectivas que restauren y refuercen los lazos sentimentales de los catalanes con el resto de los españoles.

El partido de Pablo Iglesias quiere que se impulsen intercambios lingüísticos entre centros educativos de todo el Estado. Otra propuesta de su programa educativo pasa por eliminar la asignatura de Religión del currículo. Si Pablo Iglesias gana las elecciones promete una educación Infantil universal y gratuita entre los 0 y 6 años.

La iniciativa pretende que todos los servicios públicos del Estado respondan en cualquiera de las lenguas cooficiales.

Las plataformas internacionales de contenido audiovisual como Netflix o HBO Max no tendrán que cumplir la cuota del 6% de contenido en catalán, euskera o gallego en sus catálogos, al aplicarse el principio de país de origen que establece la Directiva europea. Los términos de la nueva ley audiovisual dicta que la cuota de contenido en lenguas cooficiales solo afectará a prestadores establecidos en España.

Está rubricada por el grupo confederal, ERC, Bildu, Compromís, Junts, PDeCat, PNV, BNG, Más País y la CUP.