El Gobierno, durante la última legislatura y con Pedro Sánchez en La Moncloa, utilizó de manera ilegal el secreto oficial para ocultar información a la ciudadanía. Si el Ejecutivo quiere velar un dato, debe servirse de la Ley de Secretos Oficiales, que data del año 1968, y que detalla los requisitos para llevar adelante el procedimiento. El factor clave del trámite es que el Consejo de Ministros rubrique un acuerdo por cada expediente que Presidencia quiera ocultar. Entre enero de 2018 y noviembre de 2019, el gabinete de Sánchez nunca cumplió..

El PNV presentará una proposición de ley para cambiar la ley de secretos oficiales, heredada del franquismo.

Las leyes económicas que los Estados aprueben en el futuro vendrán impuestas por acuerdos secretos entre medio centenar de gobiernos aliados de EEUU y de la UE, sin que parlamentarios ni ciudadanos conozcan los verdaderos motivos por los que se legisla a favor de las grandes corporaciones multinacionales incluso cuando se está perjudicando los intereses públicos.Ésa es, al menos, la intención de los 50 gobiernos que negocian en absoluto secreto el TiSA, un pacto internacional en el que participan los 28 países de la UE.

La ausencia de control parlamentario a las exportaciones de armamento español, que pueden ser autorizadas por el Gobierno sin que se conozca más detalle, se salta la legalidad nacional e internacional. La Ley de Secretos Oficiales, aprobada en pleno franquismo y hoy vigente, permite la opacidad total en el comercio bélico.

Al amparo de la Ley de Transparencia, lamarea.com solicitó a Defensa los expedientes por diferentes comportamientos fascistas dentro de las Fuerzas Armadas. Al ritmo de un himno de la División Azul y dentro de un recinto militar en Paracuellos del Jarama, varios militares vestidos de calle hacían el saludo nazi durante la festividad de la Inmaculada Concepción, patrona de las tropas de Infantería, en 2019. Un año después, y después de que lamarea.com lo desvelara, el Ministerio de Defensa sancionó a tres militares por una falta leve.

El anteproyecto de ley de Información Clasificada esconde una 'trampa' que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, olvidó comentar en su presentación: su régimen sancionador. Las multas pueden alcanzar 3 millones de euros y sería la enésima 'ley mordaza' en España. Los informantes que se atrevan a desvelar prácticas corruptas en las Administraciones Públicas lo van a tener un poco más difícil.También puede afectar a periodistas que difundan "por cualquier medio" dicha información, según este anteproyecto.

Arancha González Laya ha declarado esta mañana en calidad de investigada. "Todo se ha hecho conforme a la ley", ha dicho. La ex ministra ha esquivado algunas preguntas del instructor amparándose en que muchas de las cuestiones por las que le preguntaba eran de carácter secreto.

La ficción es importante para la construcción de mitos de convivencia, para fundar comunidad, pero en algún momento hay que contar la verdad de lo que pasó, antes de que los convivientes se enteren por sí mismos. Las comunidades humanas necesitan pactar algunas mentiras convencionales y maquillar unas cuantas verdades, al menos para constituirse. Ahora que se discuten los plazos de la ley de Secretos, convendría que los actores políticos recordaran que el mito siempre ha de ser provisional y funcional.

La ley franquista de secretos oficiales pervive sin límites temporales en los archivos de toda España y la actualización de esta ley,aprobada por el Congreso,permanece aparcada.La Ley de Patrimonio impide consultar la ficha de los agentes hasta 25 años después de su muerte.Las materias clasificadas afectan a casos de los últimos años del franquismo, la Transición y el golpe del 23-F.Expedientes de secuestro de los Grapo como el caso Oriol y Villaescusa son algunos de los documentos ocultos a investigadores.Sus datos salpican directamente a..

El Anteproyecto considera secreto empresarial cualquier información relativa a cualquier ámbito de la empresa -incluido el tecnológico, industrial, comercial, organizativo o financiero- que sea secreta –en el sentido de que no es generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión ni fácilmente accesible para ellas-, tenga un valor empresarial precisamente por ser secreta y haya sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerla en secreto.

El Congreso, a iniciativa del PNV, quiere reformar la Ley de Secretos Oficiales que data de 1968 que de aprobarse cambiaría en profundidad la norma. La Mesa del Congreso acordó ayer martes no volver a prorrogar el plazo de enmiendas al articulado de la proposición de reforma planteada por el PNV que defiende desclasificar en veinticinco años los documentos calificados como secretos y en diez los reservados. El PP y el PSOE han presentado más de cuarenta enmiendas a la propuesta de reforma

La lista de asuntos clasificados como materia secreta y materia reservada en España es larga y secreta. Desde 1968, cuando se aprobó la vigente Ley de Secretos Oficiales, se han clasificado innumerables cuestiones con el objetivo de apartarlas del conocimiento público, presumiblemente en aras de salvaguardar la seguridad nacional, pero no siempre en así. No existe ni control judicial ni control parlamentario, ni mucho menos, control periodístico, sobre las materias secretas, ni siquiera se conoce ni el número ni la identidad de esos secretos.

Dos muertes en Erandio (Bizkaia) a manos de la policía armada en 1969 y otras cuatro en el atentado parapolicial en la localidad vizcaína de Alonsotegi en 1980 siguen envueltas en la impunidad, vetados sus expedientes en virtud de la Ley de Secretos Oficiales, pese al clamor de los familiares. Son algunos de los crímenes

La ocultación de información o documentación mediante su clasificación como secreta debe ser una excepción en cualquier democracia; y, como tal, tanto la normativa reguladora como su aplicación deben ser muy restrictivas. El grave problema que se genera es que la ocultación de dicha información durante años afecta a derechos fundamentales de las personas; en concreto, al derecho a la libertad de expresión y a comunicar o recibir libremente información veraz, reconocidos en la Constitución española.

Una nueva ley aprobada de urgencia, autoriza a la FSB (policía secreta rusa) a utilizar las armas contra la multitud para evitar actos terroristas. Incluso en contra de las mujeres, los niños y los discapacitados, según el diario The Moscow Times. También será capaz de entrar en la propiedad privada en situaciones de emergencia o por disturbios civiles. La ley ha sido criticada por grupos de activistas rusos, que temen que la FSB use esta ley como pretexto para cualquier tipo de situación.

Episodios de la historia de España como el 23F o la salida del Sáhara, la venta de armas a otros países o los viajes del presidente del Gobierno son algunos de los asuntos que siguen clasificados.

El encuentro que tuvo lugar en el Hotel Claridge de Madrid el 18 de abril y que ha desvelado El País sirvió para criticar al Ejecutivo y Narváez, exmagistrado del Constitucional, llegó a denunciar una “alianza de los socialistas con los filoetarras de Bildu”.

El Gobierno suizo se ha resistido durante mucho tiempo a cambiar las leyes que mejorarían la transparencia y obligarían a revelar de quién son las empresas secretas. Las sanciones rusas podrían ser un punto de inflexión. Cuando se busca información sobre Solway Investment Group —grupo internacional de metales y minería con sede en el cantón suizo de Zug— resulta inevitable mencionar Rusia. Reuters en 2011 decía [Enlace externo] que la “Solway rusa” estaba construyendo una fundición de níquel en Indonesia. En marzo de 2022...

Canadá ha aprobado una ley que extiende significativamente el poder de sus servicios de inteligencia con el objetivo de luchar contra el terrorismo y que permitirá a las autoridades realizar un amplio control de las actividades en internet. 200.000 canadienses ya han firmado una petición en la que piden que se retire la ley, donde argumentan que esta reforma va a transformar los servicios de inteligencia en una "policía secreta". Añaden, además, que viola la Constitución y que podría dar lugar a una "vigilancia masiva".

Si el Gobierno quiere fomentar la participación ciudadana, presentar un anteproyecto en pleno agosto, por la vía urgente y con un plazo para presentar alegaciones tan ajustado no parece la mejor forma de hacerlo. Y aún así, el asunto es tan sensible que han llovido los escritos. Organizaciones y particulares concienciados han querido dar un toque al Gobierno para mostrarle cómo su nueva ley de 'secretos oficiales' pone en riesgo derechos y libertades fundamentales. Las asociaciones de archivistas critican una larga lista de irregularidades

El Gobierno se escuda para no dar la información a Vox en la Ley de Secretos Oficiales y en una resolución de la Audiencia Nacional